
Dilemas de la Reforma del Sistema
por Manolo Vela
de Inteligencia en GuatemalaFLACSO: Di�logo 3
Marzo, 1999PALABRAS PRELIMINARES
Abordar el tema de inteligencia implica abrir al debate ciudadano a uno de los t�picos postergados del proceso de transici�n a la democracia: el poder encubierto. Coadyuvando con ello a que la reforma del sistema de inteligencia no sea potestad absoluta de los profesionales de la inteligencia, sino que sea, antes bien, producto de un objetivo y responsable debate legislativo que logre alimentarse de la opini�n p�blica ciudadana.1 Ello porque al hablar de inteligencia, lo que salta a la mente es el car�cter secreto que la actividad, en la mayor�a de las fases de su ciclo de producci�n implica. Secreto que a su vez apunta hacia m�todos y t�cnicas que vulneran, la mayor de las veces, uno de los derechos individuales ciudadanos consagrados en el ideario democr�tico liberal: la privacidad.Al empezar es importante definir, con un car�cter preliminar, lo que entendemos por inteligencia. Jos� Manuel Ugarte (3), experto argentino en la materia, define la inteligencia como "...el conocimiento resultante de la elaboraci�n o proceso de la informaci�n, a que es sometida la informaci�n obtenida, durante la ejecuci�n del ciclo de producci�n de inteligencia...", destac�ndose en tal formulaci�n el car�cter de conocimiento resultante del ciclo de producci�n de inteligencia.2
Para evitar entrabarnos en el t�rmino que nos ocupa, podemos decir que la inteligencia constituye un tipo de conocimiento que es producto de una actividad desarrollada mediante la ejecuci�n del ciclo de producci�n de inteligencia -- entendido m�s que como m�todo de sucesi�n mec�nica, como una referencia a labores que la mayor�a de las veces no se suceden autom�ticamente3 -- determinado por la planificaci�n, que implica a su vez organizaci�n. El producto final: la inteligencia resultante, es de utilidad para la toma de decisiones en los distintos campos de la gesti�n de gobierno.4
I. INTELIGENCIA Y TRANSICI�N A LA DEMOCRACIA
La necesidad del debate sobre el tema de la inteligencia parte hoy de afirmar que la democracia como r�gimen pol�tico -- y el proceso transicional hacia la misma -- implica el rompimiento con el hacer encubierto del Estado y los abusos que ello implica traducidos en t�rminos de gobernabilidad democr�tica. No puede haber consolidaci�n de la democracia cuando las decisiones fundamentales de gobierno ex parte principis se toman fuera de la mirada indiscreta de palacio.5Si la actividad de inteligencia es -- asumiendo incluso su naturaleza secreta -- una actividad del Estado, y todo acto de �ste debe estar sometido ex parte populi al p�blico examen y a la exigencia de legitimidad y eficacia,6 la actividad de inteligencia, tiene, en tal virtud, que estar sometida a una serie de controles que protejan a la propia actividad y al Estado mismo, de abusos y pr�cticas que vulneren el r�gimen democr�tico. Cabe el secreto para aquellos asuntos cuya divulgaci�n -a tempore- significa un riesgo para la seguridad p�blica. Llegamos con ello, a uno de los principios fundamentales del Estado constitucional: la publicidad es la regla, el secreto, una excepci�n temporal controlada. Por que �acaso no es imposible controlar o fiscalizar dentro del Estado algo que est� oculto y que se pretenda incognoscible e inaccesible?.
Consolidar la democracia en Guatemala implica pues romper, a decir de El�as Canetti, ese n�cleo duro -m�s interno- de poder, el poder encubierto, el cual se expresa en: a) El Subgobierno que ejerce el capital sobre el gobierno de la econom�a, en donde las decisiones de la pol�tica monetaria, fiscal y presupuestaria son determinadas m�s por los grupos de inter�s del poder encubierto que por el propio Congreso; b) El Criptogobierno que ejercen los compartimentos institucionales vinculados al servicio de inteligencia, del cual se conocen �nicamente los esc�ndalos7 sin que sobre ellos pueda llegarse a la debellatio de la verdad de los hechos. Tales formas que asume el poder en la pol�tica de lo real hacen concluir que la sede de las decisiones de mayor envergadura sigue siendo el gabinete secreto, el c�rculo pr�ximo de consejeros.8 La convivencia entre el r�gimen democr�tico y tales pr�cticas de sub y cripto gobierno s�lo puede funcionar amparados bajo el signo de Proteo.9
Ello tiene un gran impacto, a la vez, en el conjunto de consideraciones �ticas implicadas en la acci�n de gobierno, porque, entre todas las pol�ticas p�blicas de Estado -en un r�gimen democr�tico- pocas equiparan a la inteligencia, en cuanto a plantear serias cuestiones �ticas.10 A efecto de conciliar �tica de inteligencia, en respuesta a tales riesgos concomitantes surge la necesidad del control, el checks and balance -la especializaci�n, verificaci�n y el contrapeso-. La siempre presente interrogante, lanzada en el senado romano hace siglos, en donde Juvenal se preguntaba �Qui�n vigilar� a los vigilantes?. Control que no se agota en uno o dos procedimientos, sino que m�s bien debe ser enfocado como una pol�tica de Estado, en la cual interfieran diversos mecanismos, que se acompa�an de una actitud permanente.
La encrucijada para el trabajo de inteligencia est� planteada, adem�s, en tanto, debido a su car�cter secreto, lo que se conoce de la actividad son los esc�ndalos, que se filtran a la opini�n p�blica o bien que se develan producto del periodismo de investigaci�n. �stos, sin embargo, y a diferencia de lo que ha sucedido en otros pa�ses11, no han llegado a producir en la clase pol�tica, intentos serios de reforma en el sistema de inteligencia. En contraposici�n, los aspectos positivos no son nunca develados debido al propio car�cter secreto que la actividad encierra12.
II. EL PASADO EN EL PRESENTE
El trabajo de inteligencia en Guatemala estuvo determinado por su car�cter de medio fundamental en la estrategia militar ejecutada por el ej�rcito en el conflicto armado interno. Como lo expresara Mauricio L�pez Bonilla en su estudio Fuerzas de Seguridad y Servicios de Inteligencia del Estado: "el conocimiento que se pueda tener con respecto a inteligencia es de car�cter pol�tico-militar en el marco de la lucha reci�n finalizada". La guerra de baja intensidad imprimi� sobre la labor un sello caracter�stico13.En el estudio Argos, el omnividente invisible (4) afirm�bamos que "...la inteligencia, en el autoritarismo, fue algo as� como "el pez en el agua", mas tal situaci�n, en apariencia ventajosa, entra�� un veneno mortal, cual fue el silenciamiento de sus tropiezos y corrupciones. La inteligencia fue desfigur�ndose". El control poblacional, las operaciones de la guerra de los esp�ritus -guerra psicol�gica-, las actividades paramilitares, la manipulaci�n de la informaci�n se desbocaron en los planes militares. El peso de tal carga hist�rica sobre la cual se asienta la reforma del sistema de inteligencia est� definida por seis factores:
Tales rasgos caracter�sticos contrastan el pasado-presente con la reforma del sistema. Desentra�ando, por tanto, la correlaci�n de fuerzas realmente existente y los intereses de la �lite en el poder. Dicho proceso de reforma, que no parte de cero, debe ejecutarse en el escenario de lo actual para el futuro, evitando caer en la trampa del reformar para atr�s.
- El culto al arcana imperii, los secretos del poder. Ante la no-comprensi�n o absolutizaci�n del secreto como m�todo de trabajo para el alcance satisfactorio de los objetivos trazados y bajo la supresi�n de los principios de legalidad y juridicidad de la administraci�n p�blica, el secreto fue convirti�ndose en la norma y la publicidad en excepci�n.
- La definici�n unilateral de la pol�tica y del programa de inteligencia. Como derivaci�n de la pol�tica de defensa y de la pol�tica militar, la determinaci�n de tales componentes se constituy� en un monopolio de la alta jerarqu�a del cuerpo de oficiales, que acotaba el poder pol�tico del poder constitucional. Tal relaci�n entre el poder pol�tico y el cuerpo de oficiales desde el punto de vista de qui�n toma las decisiones -elemento fundamental en el an�lisis de las relaciones c�vico-militares- determin� un modelo asim�trico de poder que vulnera el r�gimen democr�tico de gobierno14.
- El an�lisis de inteligencia al servicio de terror y la guerra psicol�gica. La experiencia de d�cadas de trabajo de inteligencia ha marcado a toda una generaci�n de operadores en la materia. De esa forma, inteligencia fue asoci�ndose indisolublemente -idea prevaleciente a�n- al poder militar. El trabajo de inteligencia limitado a los requerimientos de la guerra, dej� de lado vastas �reas de trabajo de inteligencia. Ello deriv� en una concepci�n de inteligencia en negativo, esto es, la inteligencia contra los riesgos y amenazas, distorsionando una concepci�n en donde la inteligencia es un auxiliar fundamental en la toma de decisiones sobre las pol�ticas p�blicas de la pluralidad de compartimentos propios de la gesti�n de gobierno.
- La excesiva concentraci�n institucional de la producci�n de inteligencia. El ej�rcito y m�s espec�ficamente la Direcci�n de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional -EMDN- era -a m�s de las funciones que en la materia fue ejecutando el Estado Mayor Presidencial EMP--15 el �nico servicio de inteligencia de Guatemala. Ello implic� una insana competencia entre dichos organismos, lo que signific� la anulaci�n de un ejercicio de control natural mediante el sistema de pesos y contrapesos. La m�xima especializaci�n institucional en �mbitos diferenciados no form� parte de los requerimientos de la guerra. La guerra fue la balanza que defini� prioridades. Tal situaci�n trae aparejada una problem�tica fundamental para la reforma, cual es, la carga del recurso humano formado con tales premisas y las dificultades pol�ticas e institucionales para hacer la reforma partiendo de cero.
- La inexistencia de marco regulatorio. En materia de inteligencia, no existe legislaci�n espec�fica sobre la materia, -except�ase de ello el art�culo 30 constitucional y el recientemente aprobado reglamento org�nico interno de la Secretar�a de An�lisis Estrat�gico (Acuerdo Gubernativo 663-98), derivado de la Ley Org�nica del Organismo Ejecutivo, y su antecedente normativo, el Decreto-Ley 17-86, en el cual, el entonces Jefe de Estado, creando el Consejo de Seguridad del Estado, menciona una Secretar�a de Inteligencia y Seguridad Nacional. Estimando que la materia es inlegislable, ha privado el criterio de la discrecionalidad ilimitada.
- La construcci�n del esp�ritu de cuerpo de la �lite dentro de la �lite. Dentro de la instituci�n armada, los operadores de inteligencia llegaron a constituir una clase aparte, desarrollando un esp�ritu de cuerpo y un corporativismo propio. Hasta el extremo de llegar a representar un riesgo para la propia conducci�n de la instituci�n militar. Todo ello como derivado del peso preponderante en la toma de decisiones en los gobiernos militares, e inclusive, posteriormente, con los gobiernos civiles16.
III. TAREAS PENDIENTES: LAS L�NEAS DE LA REFORMA DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA
El proceso de reforma del sistema de inteligencia parte de los Acuerdos de Paz, en particular, del Acuerdo Sobre el Fortalecimiento de la Sociedad y la Funci�n del Ej�rcito en una Sociedad Democr�tica -AFPC-, producto de las negociaciones entre el gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca -URNG-. Veamos.A. La diferenciaci�n de las competencias institucionales
La especializaci�n institucional -elemento determinante para el alcance de la efectividad y legitimidad de los servicios de inteligencia, tal y como lo presenta Jos� Manuel Ugarte en su estudio Especializaci�n y Control: las normas relativas a organismos de inteligencia en los pa�ses de la OTAN17 - se fundamenta en el establecimiento de �mbitos y competencias diferenciadas. En el caso de Guatemala es preciso partir de una diferenciaci�n entre �rganos y organismos de inteligencia y entre tales y lo que pudiera comprenderse como �rganos contribuyentes de la obtenci�n de informaci�n, ello es de utilidad para dos cosas: Mantener la definici�n que los Acuerdos de Paz trazan sobre el tema y ampliar la concepci�n de inteligencia.
Respecto de lo primero, la distinci�n radica en comprender las naturalezas diferentes de la Direcci�n de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional -D2-EMDN- y de la Direcci�n de Inteligencia Civil y An�lisis de Informaci�n -DICAI- respecto de la Secretar�a de An�lisis Estrat�gico -SAE-. En tanto los dos primeros est�n mandatados a desarrollar todas las fases del ciclo de inteligencia, la SAE no, debido a la imposibilidad de realizar operaciones e investigaciones para recabar informaci�n. Por ello, los dos primeros los definimos como organismos, en tanto que la SAE es m�s bien un �rgano de inteligencia. Respecto de la ampliaci�n concepcional, se entienden como �rganos contribuyentes de la obtenci�n de informaci�n al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio de Econom�a. La funci�n de los vitales campos para la seguridad que ambas carteras ejecutan, ampl�a la noci�n de inteligencia m�s all� de la noci�n negativa-reactiva de inteligencia frente a amenazas y riesgos.
La inteligencia para la seguridad interior, anteriormente ejecutada por la instituci�n armada, con la reforma, ahora a cargo de la Direcci�n de Inteligencia Civil y An�lisis de Informaci�n -DICAI- del Ministerio de Gobernaci�n, constituye un primer campo del hacer del nuevo sistema. �sta se complementa con la inteligencia para la defensa militar. De acuerdo con la redefinici�n de funciones de la instituci�n armada en el Acuerdo (41-98) de Reformas a la Constituci�n Pol�tica18, inteligencia militar quedar�a supeditada a las funciones del Ej�rcito, de la siguiente forma: art�culo 244 "...(el Ej�rcito de Guatemala) Tiene por funci�n la defensa de la soberan�a, la integridad del territorio y la seguridad exterior...". Tales nuevas funciones, deber�n significar una modificaci�n a lo que el pasado-presente son los requerimientos de inteligencia sobre la base de los cuales opera la Direcci�n de Inteligencia del EMDN19. La clave de la redefinici�n de funciones y competencias institucionales, consiste en separar al Ej�rcito de la inteligencia interior, fij�ndolo con exclusividad en la inteligencia para la defensa militar20. Grave error ser�a, obviando los requerimientos de inteligencia que el nuevo escenario plantea, seguir sobredimensionando a la inteligencia para la defensa militar, en desmedro de aquella que debe realizarse para la seguridad interior21.
A estos dos �mbitos fundamentales de la nueva pol�tica de inteligencia, se agrega, la SAE. �sta vendr�a a ser el �rgano de m�s alto nivel -coordinaci�n no mando- del sistema de inteligencia. Aunque, ya el acuerdo lo establece, despojada de medios propios de obtenci�n de informaci�n e imposibilitada de poder realizar operaciones encubiertas. Recibir�a, de todos modos, informaci�n de medios gubernamentales y de los dos organismos mencionados.
Este entramado institucional, deja fuera, sin embargo, lo relativo a la inteligencia de car�cter econ�mico, industrial, geopol�tico y pol�tico-exterior, �mbitos sobre los cuales no existe una definici�n y a los cuales dif�cilmente podr�a hacerse cargo el DICAI, debido, sobre todo, a su naturaleza y ubicaci�n en el Ministerio de Gobernaci�n. Ambitos que tambi�n exceden las funciones de la inteligencia para la defensa. Tal situaci�n deja la puerta abierta para que la SAE se ocupe de tales �mbitos, sin embargo, la disyuntiva est� expresada debido a que �c�mo desarrollar inteligencia en tales campos sin agentes operativos que son quienes realizan las operaciones encubiertas que la SAE est� imposibilitada de realizar?, y, �c�mo hacerlo sin violentar el compromiso expresado en los Acuerdos de Paz?, m�s a�n, tomando en cuenta el antecedente inmediato que trae al presente la divisi�n de operaciones de la SAE en una -todav�a confusa- amalgama con el EMP.
Otra cuesti�n importante radica en c�mo hacer que la SAE -que est� llamada a constituirse en el �rgano rector del trabajo de inteligencia- no se apresa de las influencias del partido de gobierno, en respuesta de lo cual no podr�a pensarse en la reactivaci�n de la idea de constituir el Consejo Nacional de Seguridad. El Consejo, mediante el mecanismo de decisi�n colegiada22, evitar�a hacer depender a la SAE exclusivamente de la Presidencia. Ser�a, adem�s, �ste �rgano quien determinar�a la pol�tica de defensa, la pol�tica militar, la pol�tica de seguridad interior, y por derivaci�n, la pol�tica y el programa de inteligencia.
El car�cter de �rgano rector implicar�a a su vez el establecimiento de canales institucionales de coordinaci�n a efecto de impedir la duplicidad de esfuerzos y ganar en coherencia y econom�a de medios. Ello har�a que el sistema de inteligencia no fuera un conjunto de parcelas aisladas, en medio quiz� -como ya es usual en la administraci�n p�blica- de competencias destructivas, sino m�s bien realizar un planteamiento de Sistema de Inteligencia Integrado.
Para ello, deber�a contemplarse el establecimiento de un mecanismo institucional de coordinaci�n de la comunidad de inteligencia23. Tal mecanismo, podr�a ser coordinado por el Secretario de An�lisis Estrat�gico, en donde la SAE podr�a asumir funciones tales como: preparar el anteproyecto y los requerimientos presupuestarios del programa anual de inteligencia, desarrollar la pol�tica de formaci�n del Sistema de Inteligencia24, elaborar el informe anual de actividades, y, el suministro de la inteligencia estrat�gica a las instancias correspondientes, incluyendo aqu�, al Consejo Asesor de Seguridad.
Tales presupuestos, sin embargo, distan en mucho del planteamiento conservador y contrario al esp�ritu de los Acuerdos de Paz con que se defini� a la actual Secretar�a de An�lisis en su Reglamento Org�nico Interno -Acuerdo Gubernativo 663-98-, de fecha 30 de septiembre de 1998. Con el cual se evit� la senda del debate parlamentario, condici�n necesaria para la legislaci�n en materia de inteligencia25.
La estructura planteada en el Reglamento contradice el presupuesto de la imposibilidad de realizar investigaciones encubiertas propias consignado en los Acuerdos de Paz. En su art�culo 12 el reglamento crea la Direcci�n de Procuradur�a, al cual tiene como funci�n "elaborar los planes para dirigir el esfuerzo de b�squeda y recolecci�n de informaci�n, as� como todas aquellas funciones que por su naturaleza le correspondan".
Otro de los puntos medulares consiste en las puertas que los art�culos 4, incisos f, g y h, y 19, dejan abiertas. Respectivamente, la indeterminaci�n de funciones se complementa una absoluta flexibilidad de la estructura, facultando al secretario para la "creaci�n, supresi�n o modificaciones de direcciones ejecutivas, departamentos, secciones y dem�s puestos, as� como sus respectivas remuneraciones...". En lo referente a personal, �ste es catalogado, en su totalidad, dentro del servicio exento. La ley de servicio civil entiende como tal a aqu�l personal que, seleccionado a discreci�n, no responde a mecanismos de oposici�n. Tal normativa reglamentaria, en la cual pr�cticamente cualquier cosa cabe, denota que las lecciones del pasado no han sido debidamente asimiladas. El reglamento tiene como fundamento un criterio de discrecionalidad absoluta. As�, se deja abierta la puerta para que la administraci�n p�blica pueda avasallar cualquier marco de procedimiento, vulnerando con ello los principios de juridicidad y legalidad de la administraci�n p�blica26.
Deber�a privar, en la Presidencia de la Rep�blica una concepci�n m�s democr�tica del trabajo de inteligencia en la SAE. Para empezar, no toda la producci�n de an�lisis deber�a ser definida como secreto. El car�cter de �rgano asesor de la Presidencia de la Rep�blica deber�a complementarse con una secci�n o departamento -dependiente de la ya creada Direcci�n Ejecutiva de Estudios Estrat�gicos- que desarrolle amplias relaciones con el mundo acad�mico y social. Para ello pudiera pensarse entre otros, en la elaboraci�n de una revista y dem�s publicaciones que difunda el pensamiento estrat�gico y otros productos del an�lisis; la realizaci�n de actividades de debate y cursos que catalicen las contribuciones de la sociedad para el establecimiento de las pol�ticas p�blicas; a efecto de estimular, en general, el pensamiento estrat�gico en el �mbito de gobierno y las instituciones acad�micas.
No hacer esto, y en cambio -violando los Acuerdos de Paz- tratar de seguir con la din�mica de SAE como organismo de inteligencia es un camino equivocado y peligroso. La experiencia latinoamericana en la materia indica que con tales supuestos lejos de servir a la gesti�n de gobierno, la instituci�n acaba sirvi�ndose a s� misma y al final concluye actuando con autonom�a propia, al margen de los propios consumidores del producto inteligencia27.
B. Los mecanismos de control
Con el compromiso contenido en el AFPC y desarrollado en el Acuerdo Legislativo de Reformas a la Constituci�n Pol�tica, Guatemala ingresar�a a un reducido grupo de pa�ses que cuentan con un control legislativo espec�fico sobre sus �rganos y organismos de inteligencia28.
Lo establecido en el Acuerdo Legislativo 41-98 que contiene las Reformas a la Constituci�n constituye un paso de primer orden, al establecer una Comisi�n "...para supervisar el funcionamiento de los �rganos de inteligencia del Estado, con miras a evitar cualquier abuso de poder y garantizar el respeto a las libertades y derechos ciudadanos; as� mismo, informarse peri�dicamente sobre el listado autorizaciones judiciales para intervenir las comunicaciones realizadas por cualquier medio de transmisi�n", se sienta una base importante que tendr� que ser desarrollada en la Ley de R�gimen Interior del Organismo Legislativo.
Si bien el control parlamentario ha sido, en la historia del debate sobre el tema, uno de los que despertado mayor atenci�n, tambi�n tiende a despertar serias reticencias de parte de los profesionales de la inteligencia. De ah� la necesidad de no unilateralizar, hacia la legitimidad, la relaci�n por establecer. Por ello, la Comisi�n deber� no s�lo empe�arse en la conclusi�n de las conductas inadecuadas en la materia, sino tambi�n, estimular la eficiencia y la dedicaci�n. Los escasos niveles de aceptaci�n con los que la actividad cuenta en la actualidad -extremo probablemente no deseado por muchos de los profesionales que operando con idoneidad y honestidad integran los servicios de inteligencia- puede irse modificando mediante el control.
Debe evitarse adem�s, ver el control sobre la actividad de inteligencia como una responsabilidad exclusiva del Poder Legislativo29. Es preciso reconocer que cuando en los parlamentarios no ha privado el temor de inmiscuirse en tales asuntos, se ha ca�do presa de la ideologizaci�n extrema, del oportunismo pol�tico-partidario, o del llegar a compartir el mismo corporativismo y esp�ritu de cuerpo distorsionado de la instituci�n armada30. Es de prever que si alguna comisi�n parlamentaria requerir� de un serio proceso formativo, ser� la citada. Por ello, al control parlamentario debe de acompa��rsele de la trama de controles antes referida. Como puede verse, el control es, m�s que una potestad exclusiva del Poder Legislativo, o inclusive, de los tres poderes del Estado por separado, una compleja urdimbre de intersecciones31.
Todo ello demanda modificar sustancialmente la calidad del debate parlamentario, que permita hacer uso del conjunto de instrumentos constitucionales y legales que aseguren un efectivo control de la gesti�n de gobierno en un marco de cooperaci�n y colaboraci�n entre los poderes del Estado. A ello podr�a coadyuvar, el que adem�s de un calificado staff de asesores, la comisi�n requiera de la realizaci�n de un trabajo investigativo.
Por su parte, el control judicial opera sobre la base del usufructo del derecho a la autorizaci�n de medios encubiertos de obtenci�n de informaci�n. Tal y como lo presenta la segunda parte del art�culo 171, consignado en el proyecto de Reformas Constitucionales "La intervenci�n de comunicaciones s�lo podr� autorizarse por juez competente para fines de investigaci�n respecto a delitos contra la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas, de narcoactividad y delitos contra la seguridad del Estado". Por tanto, es competencia de los jueces comprobar que los procedimientos empleados se ajustan a los fines y limitaciones previstas. Con lo cual se espera concluir con el sistema de plausible denial32.
Para ello podr�an establecerse tres elementos fundamentales: a) Determinar un mecanismo de solicitud de parte de los titulares de los organismos de inteligencia a juez competente para emprender operaciones que impliquen el uso de medios de intrusi�n en la privacidad, siempre y cuando se establezca presunci�n, suficientemente fundada, de comisi�n o presunci�n de delito; b) Si la causa no da pie a la apertura de acci�n penal, el material recabado deber� ser destruido; y, c) En un mediano plazo deber� informarse al afectado de las acciones emprendidas.
El control judicial tiene tres condiciones necesarias para ser ejercido: El desarrollo de un marco jur�dico-procedimental efectivo; el establecimiento de un r�gimen penal que disuada, sancione y repare frente a abusos derivados de la actividad de inteligencia, dos elementos a�n pendientes en la agenda; pero sobre todo, demanda al sistema de justicia el tan esperado cambio a efecto de erradicar la impunidad. El control judicial opera exclusivamente en el �mbito de la legitimidad. Es un instrumento para la protecci�n de los derechos ciudadanos fundamentales consagrados en la Constituci�n Pol�tica. Representa, a la vez, la posibilidad de modificar los prevalecientes grados de confianza p�blica sobre la actividad de inteligencia.
La trama de controles se complementa con el control interno ejercido por el Poder Ejecutivo, as� como tambi�n los correspondientes controles internos de los �rganos y organismos de inteligencia. El punto de partida del control interno consiste en la potestad presidencial de dirigir, coordinar y controlar la pol�tica de inteligencia. Lo cual se lleva a cabo mediante la determinaci�n del programa anual de actividades de inteligencia y de la propia doctrina correspondiente. El control, ejercido desde el poder ejecutivo -si bien es quien tiene a su alcance los elementos fundamentales para asegurar el desarrollo de un �ptimo desempe�o del sistema-, comporta a la vez graves riesgos, sobre todo, tomando en cuenta las tendencias que apuntan hacia un refuerzo del presidencialismo.
Son muchas las vulnerabilidades de un sistema de inteligencia expuesto a los caprichos de la figura presidencial, o, en el peor de los casos, al inter�s del partido en el gobierno, sin tomar en cuenta las problem�ticas derivadas de la inercia del sistema de inteligencia que acompa�a el proceso de transici�n pol�tica en t�rminos de la acotaci�n del poder pol�tico. En ejemplo de tales presupuestos pudiera inscribirse el Reglamento de la SAE reci�n comentado. Es por ello, que sobre este control, en la trama de la que ya hablamos, deben colocarse el esfuerzo legislativo y judicial, todo ello sometido a la sana cr�tica de la opini�n p�blica como cuarto procedimiento de control: El control ciudadano33, que viene a cerrar el c�rculo de los controles.
C. Los archivos y el acceso ciudadano a la informaci�n
En materia de archivos y registro, los Acuerdos de Paz se�alan -partiendo del principio republicano de la publicidad de los actos de gobierno- cuatro elementos fundamentales que permitir�n modificar la pr�ctica prevaleciente de negar ilegalmente informaci�n argumentando el art�culo 30 constitucional34.
En el primero, se configuran los �mbitos de informaci�n a partir de la reforma del sistema, para luego, en el segundo, tratar de lidiar con la carga hist�rica del trabajo de inteligencia. As�, el primer compromiso establece �mbitos de informaci�n divididos en dos grandes temas: lo relativo a seguridad interna, a cargo del Ministerio de Gobernaci�n, en tanto que lo relativo a la defensa de la soberan�a y la integridad del territorio estar� a cargo del Ministerio de la Defensa. Tal definici�n, fundamentada en la delimitaci�n de competencias, parte de asumir un de aqu� en adelante.
El otro compromiso, consiste en una transferencia de informaci�n a los dos campos institucionales ya se�alados. La parte toral del compromiso consiste en que la informaci�n sobre seguridad interior, en manos del Ministerio de la Defensa sea trasladada al Ministerio de gobernaci�n. Ello, si bien es necesario y l�gico desde el punto de vista interno inclusive, tiene varios puntos d�biles. Al respecto, tres interrogantes -en orden de menor a mayor complejidad- resultan aleccionadoras: �Pondr� la instituci�n armada a disposici�n de las autoridades del Ministerio de Gobernaci�n la informaci�n recabada durante todos estos a�os?; Trayendo a la memoria la actitud reticente hacia la solicitud de informaci�n de la Comisi�n de Esclarecimiento Hist�rico, �dejar� inteligencia militar acceso a alguna instituci�n o entidad a fin de verificar el compromiso acordado?, y, si ello fuera as�, �qui�n asegura que esa es toda la informaci�n?. Espinoso compromiso, quiz� uno de los m�s dif�ciles del conjunto de todo el programa de la paz.
Ser� el tercer compromiso en la materia, el que viene a dar la clave de salida del dilema planteado. Los Acuerdos establecen la tipificaci�n del delito por tenencia de registros y archivos ilegales de informaci�n pol�tica sobre ciudadanos, a tono con lo dispuesto en el art�culo 31 de la Constituci�n. Ello pasa a colocar la disyuntiva en el control judicial. Ser� a los jueces a quienes corresponda constatar la existencia o no de informaci�n pol�tica que sobre ciudadanos est� almacenada. Esto �ltimo se complementa con el cuarto componente, a saber, el compromiso que establece la regulaci�n del acceso a informaci�n sobre asuntos militares o diplom�ticos de seguridad nacional, en donde deben ser ubicados procedimientos y niveles de clasificaci�n y desclasificaci�n, con lo cual el paquete de archivos y acceso a informaci�n en materia de inteligencia derivado de los Acuerdos de Paz concluye.
A m�s de tales directrices -puntos de partida de la reforma en la materia-, hay otros elementos que desarrollan los puntos precedentemente enunciados. Con un car�cter concepcional, se requiere terminar con la m�xima de la informaci�n por la informaci�n en s� misma. A partir de lo cual, la m�xima a emplear indicar�a que la informaci�n almacenada debe estar vinculada al programa de inteligencia y a los objetivos informativos definidos en el mismo. Ello implica una econom�a de recursos, una focalizaci�n de la informaci�n en lo estrictamente necesario, lo cual representa adem�s una posibilidad para alcanzar altos niveles de legitimidad y eficacia. Un punto siempre pendiente ha sido la discrecionalidad con la cual los criterios de clasificaci�n de la informaci�n han sido utilizados, lo cual ha dado paso a la arbitrariedad, en donde el poder judicial ha sido incapaz de imponerse.
El debate en la materia, m�s que ubicarse en el �nico criterio aceptable para clasificar informaci�n -la razonable certeza de perjudicar la seguridad interior, la defensa militar o las relaciones internacionales-, debe colocarse en los criterios bajo los cuales no se puede clasificar, entre los cuales podr�an contemplarse: a) El encubrimiento de violaciones a la Constituci�n Pol�tica de la Rep�blica y al marco jur�dico correspondiente; b) El encubrimiento de errores, actos ilegales o ineficiencias de la administraci�n p�blica; c) El intento de limitar o demorar el acceso a informaci�n; y, d) El tratar de entorpecer procesos judiciales. Frente a los cuales debe establecerse la posibilidad que los ciudadanos puedan impugnar la clasificaci�n. Tales criterios de clasificaci�n, en positivo o en negativo se complementan con la temporalidad en que es v�lido que la informaci�n guarde el car�cter secreto sobre lo cual a m�s de disponer de un n�mero de a�os, los criterios rectores deben ser los mismos enunciados precedentemente35.
Cerramos con lo anterior, las grandes l�neas de lo que pudiera ser la reforma del sistema de inteligencia. Empero, de la puesta en marcha de la reforma a lo real-actual del trabajo de inteligencia, de acuerdo a la idea de la imposibilidad de partir de cero, se hace necesario un momento de transici�n que debe ser, para que tenga direccionalidad, coherencia y �xito, trazado con claridad.
IV. LA TRANSICI�N DE LOS SISTEMAS DE INTELIGENCIA
Es un hecho que es virtualmente imposible cerrar un �mbito de trabajo, en el caso de la inteligencia interior, ejecutada por el Ej�rcito y pensar que de un d�a para otro, el Ministerio de Gobernaci�n estar� en condiciones de contar con el recurso humano nuevo con capacidades para dar cumplimiento a los fines asignados al DICAI. Por ello, uno de los temas m�s sensibles resulta ser el recurso humano. Desde el punto de vista de la legitimidad, no ser�a deseable que los m�todos y t�cnicas de la inteligencia del pasado se trasladaran al DICAI. Desde la perspectiva de la eficacia, sin embargo, no podr�a pensarse en contar con un equipo nuevo o depurado de la noche a la ma�ana. Por ello, la clave de soluci�n podr�a estar en colocar la atenci�n en la pol�tica de selecci�n de personal de acuerdo a perfiles por campos de acci�n, en donde podr�a, como puede hacerlo cualquier ciudadano, acceder parte del personal actual de inteligencia.Lo anterior habr�a que complementarlo con un sistema institucional coherente, un entramado de controles, un buen r�gimen de direcci�n interna y un marco regulatorio s�lido. De esa forma los riesgos que tal situaci�n plantea podr�an ser mejor administrados. A la par de lo cual se requerir�a del establecimiento del Centro de Estudios Estrat�gicos, e cual, a cargo de la SAE, se encargar�a de formar al personal nuevo que sea el reemplazo generacional en un mediano plazo. Tales definiciones resultar�an contraproducentes si �nicamente se parte de un traspaso autom�tico de personal. El no colocar la atenci�n en una verdadera reforma que tome en cuenta todos los componentes que implican el montaje del DICAI, puede echar por tierra la oportunidad que representa la inteligencia conducida por civiles para la gesti�n de gobierno.
Otro giro, siempre en el tema del personal, resulta ser el c�mo, tomando en cuenta el referente de pasado pudiera pensarse en que el personal con los viejos m�todos siga ejecutando labores en los servicios de inteligencia ya existentes D2 y SAE y su imbricaci�n con el EMP. Si bien, una nueva selecci�n de personal ser�a lo deseable, todo apunta a que la reforma podr� dirigirse hacia la modificaci�n de la pol�tica, el programa y la doctrina de inteligencia, adem�s, desde luego, de implementar el entramado de los controles. Instrumentos con los cuales se buscar�a alcanzar niveles de legitimidad y eficacia. No hacerlo significar�a seguir reproduciendo peligrosamente el pasado del sistema.
Una condici�n necesaria para el funcionamiento del sistema, es la promoci�n de una sana competencia, que ejerza inclusive labores de control autom�tico a lo interno del sistema, a partir de los contrapesos entre unos y otros. El problema para alcanzar tal situaci�n radica en que se parte de un escenario en el cual la inteligencia era conducida por la alta jerarqu�a del cuerpo de oficiales militares, sin tener que competir con otro servicio de inteligencia.
Ello demanda: a) De los titulares del Ministerio de Gobernaci�n y del DICAI, capacidad para conducir a la direcci�n al logro de los objetivos trazados; b) De la Presidencia de la Rep�blica, que �sta ejerza la funci�n constitucional de comandancia general del ej�rcito; y, c) De la instituci�n armada, la cual tendr� que ajustarse a sus funciones, comprendiendo que -ante el nuevo escenario- ya no puede seguir ejerciendo el monopolio del trabajo de inteligencia.
Finalmente, el esfuerzo de reforma demanda, de entrada, un cambio de imagen36. No puede pensarse en que la reforma adopte la actitud conservadora que lo �nico que hace es mantener la idea que todo sigue igual. La actitud reactiva frente a los esc�ndalos ya se�alados viene a reforzar la propia cr�tica.
V. LOS ESCENARIOS DE LA REFORMA DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA
Calendarizados originalmente para el transcurso de 1997 -segunda fase del cronograma del programa de la paz-, los compromisos en la materia han sido retrasados debido a su imbricaci�n con el proceso de Reformas Constitucionales. De todos los compromisos acordados, �nicamente lo relativo a la SAE, derivada de la Ley del Organismo Ejecutivo, ha logrado -en opini�n del gobierno- un grado satisfactorio de cumplimiento. El frustrado intento de instalaci�n del DICAI desde el Ministerio de Gobernaci�n fue abortado, las funciones del ej�rcito en la materia no han sido modificadas y los proyectos de ley en materia de archivos y acceso ciudadano a la informaci�n no ha avanzado. En resumidas cuentas, la reforma del sistema de inteligencia est� pendiente y depende de la aprobaci�n en consulta popular de las Reformas Constitucionales. En donde entra a jugar la variable del tiempo y el escenario pol�tico.El escenario a la vista indica que la reforma del sistema, aprobadas las reformas constitucionales, tendr� como punto cr�tico el enrarecimiento del clima pol�tico, en donde los partidos ya empiezan a mover piezas bajo la m�xima de costos y beneficios electorales, a los cuales se suma el declive del poder pol�tico en manos del gobierno saliente producto de las condiciones de la gobernabilidad. As� y todo, la oportunidad para reforma del sistema de inteligencia enfrenta una excepcional coyuntura que, como puede servir para consolidar la transici�n, puede as� mismo, al desaprovechar la oportunidad, mantener a los servicios de inteligencia en el laberinto de los riesgos para el r�gimen pol�tico.
Notas 1. Al respecto, Eduardo Est�vez (53), refiri�ndose al caso argentino afirma que: "La intenci�n deliberada de mantener a la opini�n p�blica ajena al conocimiento b�sico del por qu� los organismos de inteligencia son necesarios, socava el consenso p�blico hacia los mismos de dos maneras: por un lado lleva a la mayor�a de los habitantes a considerar las actividades de inteligencia como algo trivial o innecesario; por otro lado estimula a entender la inteligencia como una acci�n conspirativa destinada a amenazar los derechos y libertades de los ciudadanos".
2. Tal ciclo, a decir de E. Est�vez (60), est� compuesto por cinco fases: el planeamiento y la direcci�n, la obtenci�n o reuni�n de informaci�n, el procesamiento, el an�lisis y la producci�n y la distribuci�n y difusi�n A ello se une lo planteado por Jeffrey Richelson (Ugarte, 3), quien establece, adem�s, que tal ciclo opera sobre "...uno o m�s aspectos de naciones extranjeras o �reas de operaci�n que son inmediatamente o potencialmente significativas para el planteamiento". Complementa tal esbozo conceptual, Roy Godson (3), quien, por su parte menciona como factores integrantes de la noci�n de inteligencia: la recolecci�n de informaci�n, el an�lisis, la contrainteligencia y la acci�n encubierta.
3. Resulta conveniente presentar la discusi�n que al respecto desarrolla Bruce Berkowitz- ex analista de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos y ex miembro del Comit� de Inteligencia del Senado- se�alando que "Este modelo tradicional de "ciclo de inteligencia" es lineal y s�lo de una v�a [...] Nadie asegura que la inteligencia realmente funcione de esta forma, sin embargo, tal concepto subyace en la mayor�a del planeamiento de inteligencia". En contraposici�n a lo cual el autor presenta lo que llama un nuevo modelo de inteligencia centrado en el planteamiento de flujo continuo entre los consumidores y los productores de inteligencia bajo el modelo del sensor y radiador y la alerta dominante en el campo de batalla. Los cuales parten de la dislocaci�n de los operadores para colocarlos lo m�s cercano posible a los consumidores.
4. Incluyendo desde luego, la defensa frente a distinto tipo de riesgos y amenazas para la seguridad democr�tica Acerca de la modificaci�n en las concepciones de seguridad, resulta de especial inter�s el trabajo de Pilar Aramet: Seguridad regional de Am�rica del Sur: responsabilidad c�vico-militar. En Seguridad Democr�tica Regional, una concepci�n alternativa. Juan Somav�a y Jos� Manuel Insulza (Comp.). Comisi�n Sudamericana de Paz -Nueva Sociedad. Venezuela, 1990. 348 p. As� como tambi�n, el segundo cap�tulo del trabajo Los nudos gordianos de la seguridad en Guatemala. Manolo Vela. Instituo de Estudio Pol�ticos, Econ�micos y Sociales -IPES-. Pulso Tem�tico. Guatemala. Junio, 1998. En el movimiento que va de la seguridad del statu quo a la seguridad del conjunto de ciudadanos, est�n pendientes importantes definiciones para la transici�n guatemalteca. La m�s importante contradicci�n quiz� reside en el c�mo un r�gimen que reproduce relaciones conflictivas y por lo tanto reproduce conflictos y amenazas internas puede ser democr�tico.
5. De ah� las ya c�lebres definiciones de Norberto Bobbio (94-95) del hacer de Estado -en una democracia- como el poder p�blico en p�blico, y de la democracia misma definida como el r�gimen de poder visible. Se trata pues de la toma de decisiones a trav�s de procedimientos p�blicos que impliquen el control ciudadano, accountability. En contraste con lo cual, el mismo autor en un reciente ensayo (a/: 302) concluye tajantemente que: "Entre las promesas incumplidas de la democracia [...] la m�s grave y tremenda y, por lo que parece, la m�s irremediable es precisamente la de la transparencia del poder [...] la tendencia del poder a esconderse es irresistible".
6. Eficacia, referida al cumplimiento de los objetivos planificados -la calidad del producto de inteligencia- de acuerdo con los fondos p�blicos destinados por el poder legislativo; y legitimidad, en tanto en el cumplimiento de tales objetivos debe actuarse bajo la sujeci�n de marcos regulatorios que disuadan y sancionen la comisi�n de abusos derivados del trabajo de inteligencia y resguarden adecuadamente con ello derechos y garant�as ciudadanas. El balance entre tales principios orientadores es de utilidad para calificar la pol�tica de inteligencia de un Estado. En contrapartida de lo cual, un desbalance implica una visi�n unilateral que poco puede aportar a una discusi�n seria. La justa aplicaci�n de tal definici�n concepcional deja r�ditos importantes para el propio trabajo de inteligencia, en tanto no es posible realizar tal actividad sin la comprensi�n de parte de la opini�n p�blica y de la sociedad en general.
7. Nos permitimos se�alar cuatro casos (Vela/a: 15-16): 1) La c�lebre Oficina T�cnica Postal, o Inspecci�n Postal. El d�a 23 de marzo de 1993 se conoci� que desde tal dependencia -ubicada en el edificio de correos y tel�grafos- se realizaban labores de espionaje postal a cargo del Departamento de Seguridad del Estado Mayor Presidencial EMP; 2) La oficina de espionaje a cargo del EMP ubicada en el cuarto nivel de la Direcci�n General de la Polic�a Nacional. Tal oficina tiene por objetivo mantener el control sobre la informaci�n que maneja la Polic�a; 3) Se sabe tambi�n de una oficina similar ubicada en el d�cimotercer nivel del Ministerio de Finanzas P�blicas, desde donde controlaban las importaciones, exportaciones e ingresos aduanales. 4) A tales entuertos habr�a que agregar m�ltiples denuncias acerca del espionaje telef�nico, las audiciones telef�nicas realizadas mediante aparatos de alta tecnolog�a. Al extremo que el propio Gerente de Telgua, empresa telef�nica, no descarta que en las cajas exteriores haya sido colocado equipo para esa pr�ctica, al igual que �l, personal de Telgua refiri� que han encontrado maletines y equipo ajeno a la instituci�n en las cajas de las zonas 11, 14, y 18 seg�n cita Prensa Libre en su edici�n del 22 de junio de 1998.
8. Citando a Claude de Sayssel (La monarchie de France, 1519), Norberto Bobbio (106) afirma: "...el rey tiene necesidad de servirse de tres consejos, como Cristo que pod�a contar con tres c�rculos de seguidores, los setenta y dos disc�pulos, los doce ap�stoles y los tres m�s cercanos, San Pedro, San Juan y San Jacobo. De estos tres consejos, el �ltimo es el Consejo secreto, compuesto por no m�s de tres o cuatro personas seleccionadas entre "los m�s prudentes y experimentados"...".
9. Divinidad marina griega -representado con cuerpo de hombre y cola de pez- llamada "el anciano del mar". Est� dotado del poder de adoptar diversas formas -simbolizando la fluidez del agua-, para escapar de sus perseguidores. Diccionario Espasa (375-376)
10. Tal y como lo se�alara Paul Gordon Lauren (Ugarte: 25): "...Para algunos, �tica e inteligencia en el mismo t�tulo pueden parecer una contradicci�n en t�rminos. Muchos asumen que las actividades de la comunidad de inteligencia, por elecci�n o necesidad, est�n exentas de consideraciones �ticas. Pero esta asunci�n perpet�a un gran perjuicio para aquellos constantemente expuestos a asuntos �ticos dif�ciles en inteligencia, y refuerza la peligrosa noci�n de que es normal y aceptable para servidores p�blicos conducir su pol�tica de tal modo".
11. Estados Unidos, con su senatorial Select Commitee on Intelligence y el congresional Foreign Affairs Commite; Canad� y su Comission of Enquiry into Freedom and Security; Australia con la Royal Comission on intelligence and security; Inglaterra y el Franks Report (CONNELLY, 4); Suecia y el trabajo que realiza el Comit� Parlamentario de Justicia, el Ombudsman Parlamentario y la figura del Canciller de Justicia (CONNELLY/a, 6); y, m�s recientemente, Espa�a se iniciaron en el debate de los controles a partir de esc�ndalos en la materia que estremecieron sus sistemas pol�ticos. Los estr�pitos se han suscitado debido a problemas derivados del comprometimiento de los servicios de inteligencia en actividades de naturaleza pol�tico-partidaria; la alusi�n a episodios de actividades contra pol�ticos, periodistas, l�deres sociales; la utilizaci�n pol�tico partidaria de los fondos reservados; la realizaci�n de operaciones de inteligencia sin respaldo jur�dico; la invasi�n a la privacidad de las personas fuera de los procedimiento establecidos; entre otras causales.
12. Se plantea, tal y como lo refiere Roy Godson (9) al hablar del debate sobre el tema en Estados Unidos dos d�cadas atr�s, en t�rminos que "...mientras el debate p�blico ha se�alado algunas fallas y debilidades pasadas en inteligencia, ha habido poco estudio sobre los �xitos [...] (no se ha trabajado) para demostrar d�nde han estado las fortalezas de la inteligencia estadounidense en el pasado, y qu� deber�a ser hecho en el futuro para mejorar la performance estadounidense".
13. En palabras del General de Divisi�n retirado Donald Morelli y el mayor Michael Ferguson, de la armada de Estados Unidos: "el esfuerzo de inteligencia es el cimiento de virtualmente todas las otras acciones en operaciones de baja intensidad" (Berm�dez: 122).
14. Tal elemento constituye el punto nodal de la trama de relaciones c�vico militares. A decir de Samuel P. Huntington (14), en su ya cl�sico tratado de sociolog�a militar "El Soldado y el Estado": "El debate p�blico generalmente se centra en estas cuestiones (los temas operativos inmediatos de la pol�tica militar). Sin embargo, a largo plazo la naturaleza de las decisiones respecto de estos temas est� determinada por el modelo institucional a trav�s del cual se toman las decisiones".
15. La hist�rica regional o el archivo se ha mimetizado bajo una serie de nombres, Secretar�a de Inteligencia y Seguridad Nacional, Secretar�a de Asuntos Estrat�gicos y, m�s recientemente Secretar�a de An�lisis Estrat�gico. Sin embargo, mantiene una identidad dif�cil de desmontar respecto a su antecedente inmediato cual es: ser el servicio de inteligencia del Estado Mayor Presidencia. �ste fue desbordando sus primigenias funciones de brindar seguridad al Presidente o Jefe de Estado, derivando en un organismo de inteligencia tal cual.
16. Se�alado claramente en el Informe Guatemala Nunca M�s (T.III:65) "...la 2 se convirti� en una estructura sombra o poder paralelo dentro del propio Ej�rcito que ampli� su influencia al aparato civil del Estado y lo multiplic� a trav�s de agentes y confidenciales hacia toda la sociedad". Para una referencia m�s expl�cita y reciente de esta situaci�n, Karin Escaler, se�al� que "...en el caso de Balconi (anterior Ministro de la Defensa): el Director de Inteligencia lo espi� telef�nicamente, y no le proporcion� informaci�n sobre varios asuntos importantes, incluso le minti� al Presidente de la Rep�blica sobre los tratado por Balconi y sus comandantes...". En otro fragmento de su columna afirma que "Siendo Sergio Camargo Jefe de Estado Mayor y Balconi Ministro [...] ambos fueron cautivos de la Direcci�n de Inteligencia...".
17. Dicho estudio realiza un sucinto an�lisis de las normas relativas a organismos de inteligencia vigentes en los pa�ses de mayor importancia militar y econ�mica de la Organizaci�n del Tratado del Atl�ntico Norte: Estados Unidos de Am�rica, Reino Unido de Gran Breta�a, Irlanda del Norte, Rep�blica Federal de Alemania, Rep�blica Francesa, Rep�blica Italiana, Reino de Espa�a y Canad�. Concluyendo que en la mayor�a de tales sistemas de inteligencia: a)Existe un cuerpo jur�dico de car�cter p�blico que establece los aspectos m�s importantes de los organismos de inteligencia; b) Est� presente una distinci�n de las competencias entre el �mbito interno y externo; c) Es manifiesta una estricta determinaci�n de competencias en materia de seguridad interior; d) Se da una dependencia org�nica de los organismos de inteligencia interior y contrainteligencia, de los Ministerios de Interior o equivalente; y e) Existe una coordinaci�n al m�s alto nivel.
18. Publicado en el diario oficial el 6 de noviembre de 1998.
19. Inteligencia militar, luego de finalizado el conflicto armado se ha volcado a tareas de seguridad interior en cooperaci�n con la PNC. En el ya conocido por la opini�n p�blica Plan de Operaciones Transici�n Hacia la Paz 1997 -Plan Anual General del Ej�rcito de Guatemala- se se�alan, entre otras, como Elementos Esenciales de Informaci�n, las siguientes interrogantes: "�Con qu� intensidad el crimen organizado seguir� afectando la seguridad ciudadana y rebasar� la capacidad de las fuerzas de seguridad p�blica?, de ser positivo, �En qu� lugares del territorio nacional, y con qu� fuerzas?". En tanto en el rengl�n de Otras Necesidades de Inteligencia est� planteado: "Determinar el grado de penetraci�n de la URNG, en la organizaci�n estudiantil, religiosa y sindical...[...] Establecer indicios de divergencia entre las estructuras de la URNG, que pudieran provocar disidencias".
20. Tal modificaci�n no debe interpretarse como un ajuste de cuentas para con la instituci�n. Debe ser enfocado como una redefinici�n de funciones que -llevada a la pr�ctica- representa la posibilidad que la instituci�n no destine recursos para otra cosa que no sea la atenci�n a sus funciones primigenias ahora formuladas constitucionalmente, evitando con ello la politizaci�n, redundando ello en el alcance de grados superiores de profesionalizaci�n.
21. Las situaciones presentadas en recientes coyunturas sociopol�ticas como la suscitada en torno a la din�mica de los linchamientos -asesinatos ejecutados en masa-, la manipulaci�n alrededor del impuesto �nico sobre inmuebles -IUSI-, el asesinato del Obispo Gerardi -en independencia de la autor�a material e intelectual-, la supuesta aparici�n de un grupo subversivo en el departamento de Quetzaltenango, denotan ya notables insuficiencias en la materia. Se requiere pues una priorizaci�n de los objetivos informativos, lo cual implicar�a una mejor ejecuci�n de los presupuestos asignados, de por s� escasos.
22. Tal instancia, coordinada por el Presidente de la Rep�blica, podr�a congregar la opini�n de los titulares de los Ministerios de Gobernaci�n, Relaciones Exteriores, Econom�a y Defensa.
23. De comunity. Expresi�n de habla inglesa con la cual se designa a la comunidad de servicios de informaci�n, al conjunto de quehaceres institucionalizados.
24. Para lo cual podr�a pensarse en el establecimiento de un Centro de Estudios Estrat�gico, que funcionara como escuela nacional de inteligencia para proveer capacitaci�n, formaci�n, profesionalizaci�n y especializaci�n al personal del sistema. En ello, la capacitaci�n externa es un complemento que puede brindar altos grados de calidad, siempre y cuando no se asumida como �nico medio debido a la heterogeneidad de escuelas, pero sobre todo, a la problem�tica de la seguridad de la informaci�n.
25. La Ley Org�nica del Organismo Ejecutivo, establece que noventa d�as despu�s de la fecha de entrada en vigencia, se proceder� a aprobar el reglamento. En la referida ley, la SAE es definida de manera sumamente general.
26. No se trata empero de entender la discrecionalidad como absolutamente negativa. El se�alamiento radica en el exceso en tal concepci�n, lo cual obvia los criterios de oportunidad, conveniencia y utilidad y se convierte con ello en un riesgo latente para la propia instituci�n de inteligencia.
27. La relaci�n entre los productores y los consumidores del producto inteligencia es se�alada por Bruce Berkowitz como uno de los puntales de la reforma realizada por John Deutch -Director de la Agencia Central de Inteligencia-, quien denomina a esta relaci�n el punto de vista del cliente. Para ello se trata de promover un amplio relacionamiento con todas las instituciones para quienes el an�lisis de inteligencia puede ser de utilidad a efecto de detectar de forma directa los requerimientos. En su ensayo A Intelig�ncia na era da informa�ao, el autor realiza un an�lisis exhaustivo del rumbo de la reforma del sistema de inteligencia en Estado Unidos a finales de 1997.
28. Hasta 1994, la n�mina comprend�a a la Rep�blica Federal de Alemania, Australia, Argentina, Dinamarca, Holanda e Italia. Otros, como Canad� y Nueva Zelandia, cuentan con �rganos espec�ficos de control dependientes del Poder Ejecutivo (Ugarte: 11). De lo cual se deduce que Guatemala, junto a Argentina ser�an los �nicos pa�ses latinoamericanos con tal procedimiento de control. No est� de m�s se�alar que otros pa�ses desarrollan un control parlamentario desde las comisiones de defensa, seguridad, gobernaci�n, e inclusive, las correspondientes de presupuesto, as� mismo, es usual el procedimiento de interpelaci�n a los titulares de los Ministerios correspondientes o bien, directamente a los titulares de los �rganos y organismos de inteligencia.
29. Ello porque, como lo se�ala Glenn Hastedt (Ugarte, 12) el congreso reacciona retroactivamente y comprende -por naturaleza misma de la actividad de inteligencia- s�lo segmentos y niveles del ciclo de producci�n de inteligencia A lo cual hay que agregar las posibilidades de manipulaci�n -de los operadores de inteligencia- de los sistemas de clasificaci�n y los informes dirigidos a la misma comisi�n, sin tomar en cuenta el -necesario- encubrimiento de fuentes, m�todos y t�cnicas.
Si bien el corporativismo y el esp�ritu de cuerpo son caracter�sticas se�aladas por Samuel P. Huntington (22 y 27) como propias de la profesi�n militar, su distorsi�n inicia cuando se pretenden defender intereses institucionales sin importar errores cometidos o pr�cticas no corregidas, la defensa cerrada entonces es la norma. Sobre todo, aunque tambi�n desde dentro pueden ser sensibles algunas voces, cuando los se�alamientos provienen del �mbito civil; detr�s de lo cual se esconde un compa�erismo inmoral y encubridor y una alta valoraci�n del car�cter aut�nomo de la instituci�n.
30. Si bien el corporativismo y el esp�ritu de cuerpo son caracter�sticas se�aladas por Samuel P. Huntington (22 y 27) como propias de la profesi�n militar, su distorsi�n inicia cuando se pretenden defender intereses institucionales sin importar errores cometidos o pr�cticas no corregidas, la defensa cerrada entonces es la norma. Sobre todo, aunque tambi�n desde dentro pueden ser sensibles algunas voces, cuando los se�alamientos provienen del �mbito civil; detr�s de lo cual se esconde un compa�erismo inmoral y encubridor y una alta valoraci�n del car�cter aut�nomo de la instituci�n.
31. Para concluir con el control congresional, entre los aspectos que deber�an desarrollarse en la Ley de R�gimen Interior, est�n seis instrumentos que pensamos podr�an permitir un trabajo efectivo: a) La obligaci�n de denuncia. Al percatarse alguno de los miembros de la Comisi�n de actos ilegales producto de sus labores, el diputado est� obligado a denunciar el mismo -exclusivamente- al �rgano jurisdiccional competente; b) Informe anual de actividades de supervisi�n, de car�cter p�blico, presentado al pleno del Congreso de la Rep�blica; c) Emitir un dictamen de car�cter reservado sobre el informe anual de actividades de inteligencia que la Secretar�a de An�lisis Estrat�gico deber� preparar, dicho dictamen, estar�a dirigido a los Presidentes del Congreso y de la Rep�blica; d) Realizar el control presupuestario de la actividad de inteligencia, en donde deber� facultarse a la comisi�n para disponer de la suspensi�n de la ejecuci�n presupuestaria del �rgano u organismo de inteligencia respecto del cual se adviertan irregularidades; e) Acordar, previa audiencia, la remoci�n de los titulares de los �rganos u organismos de inteligencia cuando considere que sus actuaciones son contrarias al respeto a los derechos humanos y a las garant�as constitucionales. f) Determinar que el Organismo ejecutivo est� en la obligaci�n de informar a la Comisi�n acerca de toda actividad significativa de inteligencia implique o no ilegalidades o errores.
32. Anglicismo, traducido como denegatoria plausible. Mecanismo profusamente utilizado en los Estados Unidos mediante el cual los cuadros de direcci�n de los servicios de inteligencia -para alegar desconocimiento- evitaban tener informaci�n detallada acerca de operaciones de inteligencia que pudieran dar lugar a controversias.
33. El control ciudadano se ejerce principalmente a trav�s de grupos de presi�n y movimientos sociales de Derechos Humanos y aquellos relacionados con las �reas de seguridad y justicia. Un importante papel est� llamado tambi�n a jugar la figura del Procurador de Derechos Humanos.
34. Un ejemplo de ello es citado por la Fundaci�n Myrna Mack (FMM:1), en referencia a la investigaci�n del asesinato de la antrop�loga se�ala: "...el fiscal hab�a solicitado al Ministerio de la Defensa "Entregar al Ministerio P�blico la bit�cora diaria de partes del Departamento de Seguridad Presidencial del Estado Mayor Presidencial y de la Direcci�n de Inteligencia del Ministerio de la Defensa Nacional, comprendidos en el per�odo del primero de enero al treinta de diciembre de 1990". En respuesta de lo cual, el Minsiterio de la Defensa expres�: "En el caso del Ministerio de la Defensa Nacional y del Estado Mayor Presidencial, el parte diario de novedades contiene informaci�n que por su naturaleza de seguridad, est� clasificada como secreta, por lo que no es posible acceder a los solicitado seg�n lo establecido en el Art. 30 de la Constituci�n".
35. Sin embargo, de la informaci�n de inteligencia -de la cual, por definici�n, no toda es secreta-, deber�n quedar reservadas: a) Las actuaciones o datos declarados secretos -bajo el procedimiento se�alado precedentemente-; b) Aquella informaci�n que pueda interferir en procesos investigativos policiales o judiciales que impliquen o no el uso de medios encubiertos de obtenci�n de informaci�n; c) La informaci�n que perjudique el derecho de defensa en juicio; d) Informaci�n que implique una injustificada invasi�n de la privacidad personal de otros ciudadanos; e) Aquellos datos suministrados por particulares bajo la garant�a de confidencia; y, f) La protecci�n a fuentes cuya situaci�n de vulnerabilidad sea negativa para el trabajo del sistema. Tal requerimiento de informaci�n podr�, as� mismo, ser objeto de impugnaci�n cuando los resultados obtenidos e contrapongan a la informaci�n que con certeza se guarda. En materia de archivos, como vemos, adem�s del traslape con el tema de controles -la misma libertad de informaci�n es un mecanismo de control-, es en el Poder Judicial en donde recae una gran responsabilidad.
36. Para ello, los ejemplos son aleccionadores, desde la propia venta de publicaciones, la edici�n de revistas, la realizaci�n de eventos, hasta las p�ginas web en internet, son instrumentos que acerca a los servicios de inteligencia a la ciudadan�a y permiten tener un mejor acceso a las fuentes ciudadanas e inclusive dentro del propio aparato de gobierno, tarea al parecer bastante rezagada. Al respecto, el debate legislativo sobre los proyectos de ley pendientes y el alcance que el mismo tenga hacia la comunidad de Derechos Humanos ser� un buen momento para preparar el cambio de imagen o bien para fortalecer la tendencia conservadora, que tratar� presumiblemente de cobijarse en el argumento que postula que la naturaleza secreta del servicio de inteligencia acota su discusi�n p�blica en p�blico. Una aproximaci�n a tales escenarios servir� para cerrar este di�logo.
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