Dilemas de la Reforma del Sistema
de Inteligencia en Guatemala

por Manolo Vela

FLACSO: Diálogo 3
Marzo, 1999

PALABRAS PRELIMINARES

Abordar el tema de inteligencia implica abrir al debate ciudadano a uno de los tópicos postergados del proceso de transición a la democracia: el poder encubierto. Coadyuvando con ello a que la reforma del sistema de inteligencia no sea potestad absoluta de los profesionales de la inteligencia, sino que sea, antes bien, producto de un objetivo y responsable debate legislativo que logre alimentarse de la opinión pública ciudadana.1 Ello porque al hablar de inteligencia, lo que salta a la mente es el carácter secreto que la actividad, en la mayoría de las fases de su ciclo de producción implica. Secreto que a su vez apunta hacia métodos y técnicas que vulneran, la mayor de las veces, uno de los derechos individuales ciudadanos consagrados en el ideario democrático liberal: la privacidad.

Al empezar es importante definir, con un carácter preliminar, lo que entendemos por inteligencia. José Manuel Ugarte (3), experto argentino en la materia, define la inteligencia como "...el conocimiento resultante de la elaboración o proceso de la información, a que es sometida la información obtenida, durante la ejecución del ciclo de producción de inteligencia...", destacándose en tal formulación el carácter de conocimiento resultante del ciclo de producción de inteligencia.2

Para evitar entrabarnos en el término que nos ocupa, podemos decir que la inteligencia constituye un tipo de conocimiento que es producto de una actividad desarrollada mediante la ejecución del ciclo de producción de inteligencia -- entendido más que como método de sucesión mecánica, como una referencia a labores que la mayoría de las veces no se suceden automáticamente3 -- determinado por la planificación, que implica a su vez organización. El producto final: la inteligencia resultante, es de utilidad para la toma de decisiones en los distintos campos de la gestión de gobierno.4

I. INTELIGENCIA Y TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA

La necesidad del debate sobre el tema de la inteligencia parte hoy de afirmar que la democracia como régimen político -- y el proceso transicional hacia la misma -- implica el rompimiento con el hacer encubierto del Estado y los abusos que ello implica traducidos en términos de gobernabilidad democrática. No puede haber consolidación de la democracia cuando las decisiones fundamentales de gobierno ex parte principis se toman fuera de la mirada indiscreta de palacio.5

Si la actividad de inteligencia es -- asumiendo incluso su naturaleza secreta -- una actividad del Estado, y todo acto de éste debe estar sometido ex parte populi al público examen y a la exigencia de legitimidad y eficacia,6 la actividad de inteligencia, tiene, en tal virtud, que estar sometida a una serie de controles que protejan a la propia actividad y al Estado mismo, de abusos y prácticas que vulneren el régimen democrático. Cabe el secreto para aquellos asuntos cuya divulgación -a tempore- significa un riesgo para la seguridad pública. Llegamos con ello, a uno de los principios fundamentales del Estado constitucional: la publicidad es la regla, el secreto, una excepción temporal controlada. Por que ¿acaso no es imposible controlar o fiscalizar dentro del Estado algo que esté oculto y que se pretenda incognoscible e inaccesible?.

Consolidar la democracia en Guatemala implica pues romper, a decir de Elías Canetti, ese núcleo duro -más interno- de poder, el poder encubierto, el cual se expresa en: a) El Subgobierno que ejerce el capital sobre el gobierno de la economía, en donde las decisiones de la política monetaria, fiscal y presupuestaria son determinadas más por los grupos de interés del poder encubierto que por el propio Congreso; b) El Criptogobierno que ejercen los compartimentos institucionales vinculados al servicio de inteligencia, del cual se conocen únicamente los escándalos7 sin que sobre ellos pueda llegarse a la debellatio de la verdad de los hechos. Tales formas que asume el poder en la política de lo real hacen concluir que la sede de las decisiones de mayor envergadura sigue siendo el gabinete secreto, el círculo próximo de consejeros.8 La convivencia entre el régimen democrático y tales prácticas de sub y cripto gobierno sólo puede funcionar amparados bajo el signo de Proteo.9

Ello tiene un gran impacto, a la vez, en el conjunto de consideraciones éticas implicadas en la acción de gobierno, porque, entre todas las políticas públicas de Estado -en un régimen democrático- pocas equiparan a la inteligencia, en cuanto a plantear serias cuestiones éticas.10 A efecto de conciliar ética de inteligencia, en respuesta a tales riesgos concomitantes surge la necesidad del control, el checks and balance -la especialización, verificación y el contrapeso-. La siempre presente interrogante, lanzada en el senado romano hace siglos, en donde Juvenal se preguntaba ¿Quién vigilará a los vigilantes?. Control que no se agota en uno o dos procedimientos, sino que más bien debe ser enfocado como una política de Estado, en la cual interfieran diversos mecanismos, que se acompañan de una actitud permanente.

La encrucijada para el trabajo de inteligencia está planteada, además, en tanto, debido a su carácter secreto, lo que se conoce de la actividad son los escándalos, que se filtran a la opinión pública o bien que se develan producto del periodismo de investigación. Éstos, sin embargo, y a diferencia de lo que ha sucedido en otros países11, no han llegado a producir en la clase política, intentos serios de reforma en el sistema de inteligencia. En contraposición, los aspectos positivos no son nunca develados debido al propio carácter secreto que la actividad encierra12.

II. EL PASADO EN EL PRESENTE

El trabajo de inteligencia en Guatemala estuvo determinado por su carácter de medio fundamental en la estrategia militar ejecutada por el ejército en el conflicto armado interno. Como lo expresara Mauricio López Bonilla en su estudio Fuerzas de Seguridad y Servicios de Inteligencia del Estado: "el conocimiento que se pueda tener con respecto a inteligencia es de carácter político-militar en el marco de la lucha recién finalizada". La guerra de baja intensidad imprimió sobre la labor un sello característico13.

En el estudio Argos, el omnividente invisible (4) afirmábamos que "...la inteligencia, en el autoritarismo, fue algo así como "el pez en el agua", mas tal situación, en apariencia ventajosa, entrañó un veneno mortal, cual fue el silenciamiento de sus tropiezos y corrupciones. La inteligencia fue desfigurándose". El control poblacional, las operaciones de la guerra de los espíritus -guerra psicológica-, las actividades paramilitares, la manipulación de la información se desbocaron en los planes militares. El peso de tal carga histórica sobre la cual se asienta la reforma del sistema de inteligencia está definida por seis factores:

Tales rasgos característicos contrastan el pasado-presente con la reforma del sistema. Desentrañando, por tanto, la correlación de fuerzas realmente existente y los intereses de la élite en el poder. Dicho proceso de reforma, que no parte de cero, debe ejecutarse en el escenario de lo actual para el futuro, evitando caer en la trampa del reformar para atrás.

III. TAREAS PENDIENTES: LAS LÍNEAS DE LA REFORMA DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA

El proceso de reforma del sistema de inteligencia parte de los Acuerdos de Paz, en particular, del Acuerdo Sobre el Fortalecimiento de la Sociedad y la Función del Ejército en una Sociedad Democrática -AFPC-, producto de las negociaciones entre el gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca -URNG-. Veamos.

A. La diferenciación de las competencias institucionales

La especialización institucional -elemento determinante para el alcance de la efectividad y legitimidad de los servicios de inteligencia, tal y como lo presenta José Manuel Ugarte en su estudio Especialización y Control: las normas relativas a organismos de inteligencia en los países de la OTAN17 - se fundamenta en el establecimiento de ámbitos y competencias diferenciadas. En el caso de Guatemala es preciso partir de una diferenciación entre órganos y organismos de inteligencia y entre tales y lo que pudiera comprenderse como órganos contribuyentes de la obtención de información, ello es de utilidad para dos cosas: Mantener la definición que los Acuerdos de Paz trazan sobre el tema y ampliar la concepción de inteligencia.

Respecto de lo primero, la distinción radica en comprender las naturalezas diferentes de la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional -D2-EMDN- y de la Dirección de Inteligencia Civil y Análisis de Información -DICAI- respecto de la Secretaría de Análisis Estratégico -SAE-. En tanto los dos primeros están mandatados a desarrollar todas las fases del ciclo de inteligencia, la SAE no, debido a la imposibilidad de realizar operaciones e investigaciones para recabar información. Por ello, los dos primeros los definimos como organismos, en tanto que la SAE es más bien un órgano de inteligencia. Respecto de la ampliación concepcional, se entienden como órganos contribuyentes de la obtención de información al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio de Economía. La función de los vitales campos para la seguridad que ambas carteras ejecutan, amplía la noción de inteligencia más allá de la noción negativa-reactiva de inteligencia frente a amenazas y riesgos.

La inteligencia para la seguridad interior, anteriormente ejecutada por la institución armada, con la reforma, ahora a cargo de la Dirección de Inteligencia Civil y Análisis de Información -DICAI- del Ministerio de Gobernación, constituye un primer campo del hacer del nuevo sistema. Ésta se complementa con la inteligencia para la defensa militar. De acuerdo con la redefinición de funciones de la institución armada en el Acuerdo (41-98) de Reformas a la Constitución Política18, inteligencia militar quedaría supeditada a las funciones del Ejército, de la siguiente forma: artículo 244 "...(el Ejército de Guatemala) Tiene por función la defensa de la soberanía, la integridad del territorio y la seguridad exterior...". Tales nuevas funciones, deberán significar una modificación a lo que el pasado-presente son los requerimientos de inteligencia sobre la base de los cuales opera la Dirección de Inteligencia del EMDN19. La clave de la redefinición de funciones y competencias institucionales, consiste en separar al Ejército de la inteligencia interior, fijándolo con exclusividad en la inteligencia para la defensa militar20. Grave error sería, obviando los requerimientos de inteligencia que el nuevo escenario plantea, seguir sobredimensionando a la inteligencia para la defensa militar, en desmedro de aquella que debe realizarse para la seguridad interior21.

A estos dos ámbitos fundamentales de la nueva política de inteligencia, se agrega, la SAE. Ésta vendría a ser el órgano de más alto nivel -coordinación no mando- del sistema de inteligencia. Aunque, ya el acuerdo lo establece, despojada de medios propios de obtención de información e imposibilitada de poder realizar operaciones encubiertas. Recibiría, de todos modos, información de medios gubernamentales y de los dos organismos mencionados.

Este entramado institucional, deja fuera, sin embargo, lo relativo a la inteligencia de carácter económico, industrial, geopolítico y político-exterior, ámbitos sobre los cuales no existe una definición y a los cuales difícilmente podría hacerse cargo el DICAI, debido, sobre todo, a su naturaleza y ubicación en el Ministerio de Gobernación. Ambitos que también exceden las funciones de la inteligencia para la defensa. Tal situación deja la puerta abierta para que la SAE se ocupe de tales ámbitos, sin embargo, la disyuntiva está expresada debido a que ¿cómo desarrollar inteligencia en tales campos sin agentes operativos que son quienes realizan las operaciones encubiertas que la SAE está imposibilitada de realizar?, y, ¿cómo hacerlo sin violentar el compromiso expresado en los Acuerdos de Paz?, más aún, tomando en cuenta el antecedente inmediato que trae al presente la división de operaciones de la SAE en una -todavía confusa- amalgama con el EMP.

Otra cuestión importante radica en cómo hacer que la SAE -que está llamada a constituirse en el órgano rector del trabajo de inteligencia- no se apresa de las influencias del partido de gobierno, en respuesta de lo cual no podría pensarse en la reactivación de la idea de constituir el Consejo Nacional de Seguridad. El Consejo, mediante el mecanismo de decisión colegiada22, evitaría hacer depender a la SAE exclusivamente de la Presidencia. Sería, además, éste órgano quien determinaría la política de defensa, la política militar, la política de seguridad interior, y por derivación, la política y el programa de inteligencia.

El carácter de órgano rector implicaría a su vez el establecimiento de canales institucionales de coordinación a efecto de impedir la duplicidad de esfuerzos y ganar en coherencia y economía de medios. Ello haría que el sistema de inteligencia no fuera un conjunto de parcelas aisladas, en medio quizá -como ya es usual en la administración pública- de competencias destructivas, sino más bien realizar un planteamiento de Sistema de Inteligencia Integrado.

Para ello, debería contemplarse el establecimiento de un mecanismo institucional de coordinación de la comunidad de inteligencia23. Tal mecanismo, podría ser coordinado por el Secretario de Análisis Estratégico, en donde la SAE podría asumir funciones tales como: preparar el anteproyecto y los requerimientos presupuestarios del programa anual de inteligencia, desarrollar la política de formación del Sistema de Inteligencia24, elaborar el informe anual de actividades, y, el suministro de la inteligencia estratégica a las instancias correspondientes, incluyendo aquí, al Consejo Asesor de Seguridad.

Tales presupuestos, sin embargo, distan en mucho del planteamiento conservador y contrario al espíritu de los Acuerdos de Paz con que se definió a la actual Secretaría de Análisis en su Reglamento Orgánico Interno -Acuerdo Gubernativo 663-98-, de fecha 30 de septiembre de 1998. Con el cual se evitó la senda del debate parlamentario, condición necesaria para la legislación en materia de inteligencia25.

La estructura planteada en el Reglamento contradice el presupuesto de la imposibilidad de realizar investigaciones encubiertas propias consignado en los Acuerdos de Paz. En su artículo 12 el reglamento crea la Dirección de Procuraduría, al cual tiene como función "elaborar los planes para dirigir el esfuerzo de búsqueda y recolección de información, así como todas aquellas funciones que por su naturaleza le correspondan".

Otro de los puntos medulares consiste en las puertas que los artículos 4, incisos f, g y h, y 19, dejan abiertas. Respectivamente, la indeterminación de funciones se complementa una absoluta flexibilidad de la estructura, facultando al secretario para la "creación, supresión o modificaciones de direcciones ejecutivas, departamentos, secciones y demás puestos, así como sus respectivas remuneraciones...". En lo referente a personal, éste es catalogado, en su totalidad, dentro del servicio exento. La ley de servicio civil entiende como tal a aquél personal que, seleccionado a discreción, no responde a mecanismos de oposición. Tal normativa reglamentaria, en la cual prácticamente cualquier cosa cabe, denota que las lecciones del pasado no han sido debidamente asimiladas. El reglamento tiene como fundamento un criterio de discrecionalidad absoluta. Así, se deja abierta la puerta para que la administración pública pueda avasallar cualquier marco de procedimiento, vulnerando con ello los principios de juridicidad y legalidad de la administración pública26.

Debería privar, en la Presidencia de la República una concepción más democrática del trabajo de inteligencia en la SAE. Para empezar, no toda la producción de análisis debería ser definida como secreto. El carácter de órgano asesor de la Presidencia de la República debería complementarse con una sección o departamento -dependiente de la ya creada Dirección Ejecutiva de Estudios Estratégicos- que desarrolle amplias relaciones con el mundo académico y social. Para ello pudiera pensarse entre otros, en la elaboración de una revista y demás publicaciones que difunda el pensamiento estratégico y otros productos del análisis; la realización de actividades de debate y cursos que catalicen las contribuciones de la sociedad para el establecimiento de las políticas públicas; a efecto de estimular, en general, el pensamiento estratégico en el ámbito de gobierno y las instituciones académicas.

No hacer esto, y en cambio -violando los Acuerdos de Paz- tratar de seguir con la dinámica de SAE como organismo de inteligencia es un camino equivocado y peligroso. La experiencia latinoamericana en la materia indica que con tales supuestos lejos de servir a la gestión de gobierno, la institución acaba sirviéndose a sí misma y al final concluye actuando con autonomía propia, al margen de los propios consumidores del producto inteligencia27.

B. Los mecanismos de control

Con el compromiso contenido en el AFPC y desarrollado en el Acuerdo Legislativo de Reformas a la Constitución Política, Guatemala ingresaría a un reducido grupo de países que cuentan con un control legislativo específico sobre sus órganos y organismos de inteligencia28.

Lo establecido en el Acuerdo Legislativo 41-98 que contiene las Reformas a la Constitución constituye un paso de primer orden, al establecer una Comisión "...para supervisar el funcionamiento de los órganos de inteligencia del Estado, con miras a evitar cualquier abuso de poder y garantizar el respeto a las libertades y derechos ciudadanos; así mismo, informarse periódicamente sobre el listado autorizaciones judiciales para intervenir las comunicaciones realizadas por cualquier medio de transmisión", se sienta una base importante que tendrá que ser desarrollada en la Ley de Régimen Interior del Organismo Legislativo.

Si bien el control parlamentario ha sido, en la historia del debate sobre el tema, uno de los que despertado mayor atención, también tiende a despertar serias reticencias de parte de los profesionales de la inteligencia. De ahí la necesidad de no unilateralizar, hacia la legitimidad, la relación por establecer. Por ello, la Comisión deberá no sólo empeñarse en la conclusión de las conductas inadecuadas en la materia, sino también, estimular la eficiencia y la dedicación. Los escasos niveles de aceptación con los que la actividad cuenta en la actualidad -extremo probablemente no deseado por muchos de los profesionales que operando con idoneidad y honestidad integran los servicios de inteligencia- puede irse modificando mediante el control.

Debe evitarse además, ver el control sobre la actividad de inteligencia como una responsabilidad exclusiva del Poder Legislativo29. Es preciso reconocer que cuando en los parlamentarios no ha privado el temor de inmiscuirse en tales asuntos, se ha caído presa de la ideologización extrema, del oportunismo político-partidario, o del llegar a compartir el mismo corporativismo y espíritu de cuerpo distorsionado de la institución armada30. Es de prever que si alguna comisión parlamentaria requerirá de un serio proceso formativo, será la citada. Por ello, al control parlamentario debe de acompañársele de la trama de controles antes referida. Como puede verse, el control es, más que una potestad exclusiva del Poder Legislativo, o inclusive, de los tres poderes del Estado por separado, una compleja urdimbre de intersecciones31.

Todo ello demanda modificar sustancialmente la calidad del debate parlamentario, que permita hacer uso del conjunto de instrumentos constitucionales y legales que aseguren un efectivo control de la gestión de gobierno en un marco de cooperación y colaboración entre los poderes del Estado. A ello podría coadyuvar, el que además de un calificado staff de asesores, la comisión requiera de la realización de un trabajo investigativo.

Por su parte, el control judicial opera sobre la base del usufructo del derecho a la autorización de medios encubiertos de obtención de información. Tal y como lo presenta la segunda parte del artículo 171, consignado en el proyecto de Reformas Constitucionales "La intervención de comunicaciones sólo podrá autorizarse por juez competente para fines de investigación respecto a delitos contra la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas, de narcoactividad y delitos contra la seguridad del Estado". Por tanto, es competencia de los jueces comprobar que los procedimientos empleados se ajustan a los fines y limitaciones previstas. Con lo cual se espera concluir con el sistema de plausible denial32.

Para ello podrían establecerse tres elementos fundamentales: a) Determinar un mecanismo de solicitud de parte de los titulares de los organismos de inteligencia a juez competente para emprender operaciones que impliquen el uso de medios de intrusión en la privacidad, siempre y cuando se establezca presunción, suficientemente fundada, de comisión o presunción de delito; b) Si la causa no da pie a la apertura de acción penal, el material recabado deberá ser destruido; y, c) En un mediano plazo deberá informarse al afectado de las acciones emprendidas.

El control judicial tiene tres condiciones necesarias para ser ejercido: El desarrollo de un marco jurídico-procedimental efectivo; el establecimiento de un régimen penal que disuada, sancione y repare frente a abusos derivados de la actividad de inteligencia, dos elementos aún pendientes en la agenda; pero sobre todo, demanda al sistema de justicia el tan esperado cambio a efecto de erradicar la impunidad. El control judicial opera exclusivamente en el ámbito de la legitimidad. Es un instrumento para la protección de los derechos ciudadanos fundamentales consagrados en la Constitución Política. Representa, a la vez, la posibilidad de modificar los prevalecientes grados de confianza pública sobre la actividad de inteligencia.

La trama de controles se complementa con el control interno ejercido por el Poder Ejecutivo, así como también los correspondientes controles internos de los órganos y organismos de inteligencia. El punto de partida del control interno consiste en la potestad presidencial de dirigir, coordinar y controlar la política de inteligencia. Lo cual se lleva a cabo mediante la determinación del programa anual de actividades de inteligencia y de la propia doctrina correspondiente. El control, ejercido desde el poder ejecutivo -si bien es quien tiene a su alcance los elementos fundamentales para asegurar el desarrollo de un óptimo desempeño del sistema-, comporta a la vez graves riesgos, sobre todo, tomando en cuenta las tendencias que apuntan hacia un refuerzo del presidencialismo.

Son muchas las vulnerabilidades de un sistema de inteligencia expuesto a los caprichos de la figura presidencial, o, en el peor de los casos, al interés del partido en el gobierno, sin tomar en cuenta las problemáticas derivadas de la inercia del sistema de inteligencia que acompaña el proceso de transición política en términos de la acotación del poder político. En ejemplo de tales presupuestos pudiera inscribirse el Reglamento de la SAE recién comentado. Es por ello, que sobre este control, en la trama de la que ya hablamos, deben colocarse el esfuerzo legislativo y judicial, todo ello sometido a la sana crítica de la opinión pública como cuarto procedimiento de control: El control ciudadano33, que viene a cerrar el círculo de los controles.

C. Los archivos y el acceso ciudadano a la información

En materia de archivos y registro, los Acuerdos de Paz señalan -partiendo del principio republicano de la publicidad de los actos de gobierno- cuatro elementos fundamentales que permitirán modificar la práctica prevaleciente de negar ilegalmente información argumentando el artículo 30 constitucional34.

En el primero, se configuran los ámbitos de información a partir de la reforma del sistema, para luego, en el segundo, tratar de lidiar con la carga histórica del trabajo de inteligencia. Así, el primer compromiso establece ámbitos de información divididos en dos grandes temas: lo relativo a seguridad interna, a cargo del Ministerio de Gobernación, en tanto que lo relativo a la defensa de la soberanía y la integridad del territorio estará a cargo del Ministerio de la Defensa. Tal definición, fundamentada en la delimitación de competencias, parte de asumir un de aquí en adelante.

El otro compromiso, consiste en una transferencia de información a los dos campos institucionales ya señalados. La parte toral del compromiso consiste en que la información sobre seguridad interior, en manos del Ministerio de la Defensa sea trasladada al Ministerio de gobernación. Ello, si bien es necesario y lógico desde el punto de vista interno inclusive, tiene varios puntos débiles. Al respecto, tres interrogantes -en orden de menor a mayor complejidad- resultan aleccionadoras: ¿Pondrá la institución armada a disposición de las autoridades del Ministerio de Gobernación la información recabada durante todos estos años?; Trayendo a la memoria la actitud reticente hacia la solicitud de información de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, ¿dejará inteligencia militar acceso a alguna institución o entidad a fin de verificar el compromiso acordado?, y, si ello fuera así, ¿quién asegura que esa es toda la información?. Espinoso compromiso, quizá uno de los más difíciles del conjunto de todo el programa de la paz.

Será el tercer compromiso en la materia, el que viene a dar la clave de salida del dilema planteado. Los Acuerdos establecen la tipificación del delito por tenencia de registros y archivos ilegales de información política sobre ciudadanos, a tono con lo dispuesto en el artículo 31 de la Constitución. Ello pasa a colocar la disyuntiva en el control judicial. Será a los jueces a quienes corresponda constatar la existencia o no de información política que sobre ciudadanos esté almacenada. Esto último se complementa con el cuarto componente, a saber, el compromiso que establece la regulación del acceso a información sobre asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, en donde deben ser ubicados procedimientos y niveles de clasificación y desclasificación, con lo cual el paquete de archivos y acceso a información en materia de inteligencia derivado de los Acuerdos de Paz concluye.

A más de tales directrices -puntos de partida de la reforma en la materia-, hay otros elementos que desarrollan los puntos precedentemente enunciados. Con un carácter concepcional, se requiere terminar con la máxima de la información por la información en sí misma. A partir de lo cual, la máxima a emplear indicaría que la información almacenada debe estar vinculada al programa de inteligencia y a los objetivos informativos definidos en el mismo. Ello implica una economía de recursos, una focalización de la información en lo estrictamente necesario, lo cual representa además una posibilidad para alcanzar altos niveles de legitimidad y eficacia. Un punto siempre pendiente ha sido la discrecionalidad con la cual los criterios de clasificación de la información han sido utilizados, lo cual ha dado paso a la arbitrariedad, en donde el poder judicial ha sido incapaz de imponerse.

El debate en la materia, más que ubicarse en el único criterio aceptable para clasificar información -la razonable certeza de perjudicar la seguridad interior, la defensa militar o las relaciones internacionales-, debe colocarse en los criterios bajo los cuales no se puede clasificar, entre los cuales podrían contemplarse: a) El encubrimiento de violaciones a la Constitución Política de la República y al marco jurídico correspondiente; b) El encubrimiento de errores, actos ilegales o ineficiencias de la administración pública; c) El intento de limitar o demorar el acceso a información; y, d) El tratar de entorpecer procesos judiciales. Frente a los cuales debe establecerse la posibilidad que los ciudadanos puedan impugnar la clasificación. Tales criterios de clasificación, en positivo o en negativo se complementan con la temporalidad en que es válido que la información guarde el carácter secreto sobre lo cual a más de disponer de un número de años, los criterios rectores deben ser los mismos enunciados precedentemente35.

Cerramos con lo anterior, las grandes líneas de lo que pudiera ser la reforma del sistema de inteligencia. Empero, de la puesta en marcha de la reforma a lo real-actual del trabajo de inteligencia, de acuerdo a la idea de la imposibilidad de partir de cero, se hace necesario un momento de transición que debe ser, para que tenga direccionalidad, coherencia y éxito, trazado con claridad.

IV. LA TRANSICIÓN DE LOS SISTEMAS DE INTELIGENCIA

Es un hecho que es virtualmente imposible cerrar un ámbito de trabajo, en el caso de la inteligencia interior, ejecutada por el Ejército y pensar que de un día para otro, el Ministerio de Gobernación estará en condiciones de contar con el recurso humano nuevo con capacidades para dar cumplimiento a los fines asignados al DICAI. Por ello, uno de los temas más sensibles resulta ser el recurso humano. Desde el punto de vista de la legitimidad, no sería deseable que los métodos y técnicas de la inteligencia del pasado se trasladaran al DICAI. Desde la perspectiva de la eficacia, sin embargo, no podría pensarse en contar con un equipo nuevo o depurado de la noche a la mañana. Por ello, la clave de solución podría estar en colocar la atención en la política de selección de personal de acuerdo a perfiles por campos de acción, en donde podría, como puede hacerlo cualquier ciudadano, acceder parte del personal actual de inteligencia.

Lo anterior habría que complementarlo con un sistema institucional coherente, un entramado de controles, un buen régimen de dirección interna y un marco regulatorio sólido. De esa forma los riesgos que tal situación plantea podrían ser mejor administrados. A la par de lo cual se requeriría del establecimiento del Centro de Estudios Estratégicos, e cual, a cargo de la SAE, se encargaría de formar al personal nuevo que sea el reemplazo generacional en un mediano plazo. Tales definiciones resultarían contraproducentes si únicamente se parte de un traspaso automático de personal. El no colocar la atención en una verdadera reforma que tome en cuenta todos los componentes que implican el montaje del DICAI, puede echar por tierra la oportunidad que representa la inteligencia conducida por civiles para la gestión de gobierno.

Otro giro, siempre en el tema del personal, resulta ser el cómo, tomando en cuenta el referente de pasado pudiera pensarse en que el personal con los viejos métodos siga ejecutando labores en los servicios de inteligencia ya existentes D2 y SAE y su imbricación con el EMP. Si bien, una nueva selección de personal sería lo deseable, todo apunta a que la reforma podrá dirigirse hacia la modificación de la política, el programa y la doctrina de inteligencia, además, desde luego, de implementar el entramado de los controles. Instrumentos con los cuales se buscaría alcanzar niveles de legitimidad y eficacia. No hacerlo significaría seguir reproduciendo peligrosamente el pasado del sistema.

Una condición necesaria para el funcionamiento del sistema, es la promoción de una sana competencia, que ejerza inclusive labores de control automático a lo interno del sistema, a partir de los contrapesos entre unos y otros. El problema para alcanzar tal situación radica en que se parte de un escenario en el cual la inteligencia era conducida por la alta jerarquía del cuerpo de oficiales militares, sin tener que competir con otro servicio de inteligencia.

Ello demanda: a) De los titulares del Ministerio de Gobernación y del DICAI, capacidad para conducir a la dirección al logro de los objetivos trazados; b) De la Presidencia de la República, que ésta ejerza la función constitucional de comandancia general del ejército; y, c) De la institución armada, la cual tendrá que ajustarse a sus funciones, comprendiendo que -ante el nuevo escenario- ya no puede seguir ejerciendo el monopolio del trabajo de inteligencia.

Finalmente, el esfuerzo de reforma demanda, de entrada, un cambio de imagen36. No puede pensarse en que la reforma adopte la actitud conservadora que lo único que hace es mantener la idea que todo sigue igual. La actitud reactiva frente a los escándalos ya señalados viene a reforzar la propia crítica.

V. LOS ESCENARIOS DE LA REFORMA DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA

Calendarizados originalmente para el transcurso de 1997 -segunda fase del cronograma del programa de la paz-, los compromisos en la materia han sido retrasados debido a su imbricación con el proceso de Reformas Constitucionales. De todos los compromisos acordados, únicamente lo relativo a la SAE, derivada de la Ley del Organismo Ejecutivo, ha logrado -en opinión del gobierno- un grado satisfactorio de cumplimiento. El frustrado intento de instalación del DICAI desde el Ministerio de Gobernación fue abortado, las funciones del ejército en la materia no han sido modificadas y los proyectos de ley en materia de archivos y acceso ciudadano a la información no ha avanzado. En resumidas cuentas, la reforma del sistema de inteligencia está pendiente y depende de la aprobación en consulta popular de las Reformas Constitucionales. En donde entra a jugar la variable del tiempo y el escenario político.

El escenario a la vista indica que la reforma del sistema, aprobadas las reformas constitucionales, tendrá como punto crítico el enrarecimiento del clima político, en donde los partidos ya empiezan a mover piezas bajo la máxima de costos y beneficios electorales, a los cuales se suma el declive del poder político en manos del gobierno saliente producto de las condiciones de la gobernabilidad. Así y todo, la oportunidad para reforma del sistema de inteligencia enfrenta una excepcional coyuntura que, como puede servir para consolidar la transición, puede así mismo, al desaprovechar la oportunidad, mantener a los servicios de inteligencia en el laberinto de los riesgos para el régimen político.

Notas

1. Al respecto, Eduardo Estévez (53), refiriéndose al caso argentino afirma que: "La intención deliberada de mantener a la opinión pública ajena al conocimiento básico del por qué los organismos de inteligencia son necesarios, socava el consenso público hacia los mismos de dos maneras: por un lado lleva a la mayoría de los habitantes a considerar las actividades de inteligencia como algo trivial o innecesario; por otro lado estimula a entender la inteligencia como una acción conspirativa destinada a amenazar los derechos y libertades de los ciudadanos".

2. Tal ciclo, a decir de E. Estévez (60), está compuesto por cinco fases: el planeamiento y la dirección, la obtención o reunión de información, el procesamiento, el análisis y la producción y la distribución y difusión A ello se une lo planteado por Jeffrey Richelson (Ugarte, 3), quien establece, además, que tal ciclo opera sobre "...uno o más aspectos de naciones extranjeras o áreas de operación que son inmediatamente o potencialmente significativas para el planteamiento". Complementa tal esbozo conceptual, Roy Godson (3), quien, por su parte menciona como factores integrantes de la noción de inteligencia: la recolección de información, el análisis, la contrainteligencia y la acción encubierta.

3. Resulta conveniente presentar la discusión que al respecto desarrolla Bruce Berkowitz- ex analista de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos y ex miembro del Comité de Inteligencia del Senado- señalando que "Este modelo tradicional de "ciclo de inteligencia" es lineal y sólo de una vía [...] Nadie asegura que la inteligencia realmente funcione de esta forma, sin embargo, tal concepto subyace en la mayoría del planeamiento de inteligencia". En contraposición a lo cual el autor presenta lo que llama un nuevo modelo de inteligencia centrado en el planteamiento de flujo continuo entre los consumidores y los productores de inteligencia bajo el modelo del sensor y radiador y la alerta dominante en el campo de batalla. Los cuales parten de la dislocación de los operadores para colocarlos lo más cercano posible a los consumidores.

4. Incluyendo desde luego, la defensa frente a distinto tipo de riesgos y amenazas para la seguridad democrática Acerca de la modificación en las concepciones de seguridad, resulta de especial interés el trabajo de Pilar Aramet: Seguridad regional de América del Sur: responsabilidad cívico-militar. En Seguridad Democrática Regional, una concepción alternativa. Juan Somavía y José Manuel Insulza (Comp.). Comisión Sudamericana de Paz -Nueva Sociedad. Venezuela, 1990. 348 p. Así como también, el segundo capítulo del trabajo Los nudos gordianos de la seguridad en Guatemala. Manolo Vela. Instituo de Estudio Políticos, Económicos y Sociales -IPES-. Pulso Temático. Guatemala. Junio, 1998. En el movimiento que va de la seguridad del statu quo a la seguridad del conjunto de ciudadanos, están pendientes importantes definiciones para la transición guatemalteca. La más importante contradicción quizá reside en el cómo un régimen que reproduce relaciones conflictivas y por lo tanto reproduce conflictos y amenazas internas puede ser democrático.

5. De ahí las ya célebres definiciones de Norberto Bobbio (94-95) del hacer de Estado -en una democracia- como el poder público en público, y de la democracia misma definida como el régimen de poder visible. Se trata pues de la toma de decisiones a través de procedimientos públicos que impliquen el control ciudadano, accountability. En contraste con lo cual, el mismo autor en un reciente ensayo (a/: 302) concluye tajantemente que: "Entre las promesas incumplidas de la democracia [...] la más grave y tremenda y, por lo que parece, la más irremediable es precisamente la de la transparencia del poder [...] la tendencia del poder a esconderse es irresistible".

6. Eficacia, referida al cumplimiento de los objetivos planificados -la calidad del producto de inteligencia- de acuerdo con los fondos públicos destinados por el poder legislativo; y legitimidad, en tanto en el cumplimiento de tales objetivos debe actuarse bajo la sujeción de marcos regulatorios que disuadan y sancionen la comisión de abusos derivados del trabajo de inteligencia y resguarden adecuadamente con ello derechos y garantías ciudadanas. El balance entre tales principios orientadores es de utilidad para calificar la política de inteligencia de un Estado. En contrapartida de lo cual, un desbalance implica una visión unilateral que poco puede aportar a una discusión seria. La justa aplicación de tal definición concepcional deja réditos importantes para el propio trabajo de inteligencia, en tanto no es posible realizar tal actividad sin la comprensión de parte de la opinión pública y de la sociedad en general.

7. Nos permitimos señalar cuatro casos (Vela/a: 15-16): 1) La célebre Oficina Técnica Postal, o Inspección Postal. El día 23 de marzo de 1993 se conoció que desde tal dependencia -ubicada en el edificio de correos y telégrafos- se realizaban labores de espionaje postal a cargo del Departamento de Seguridad del Estado Mayor Presidencial EMP; 2) La oficina de espionaje a cargo del EMP ubicada en el cuarto nivel de la Dirección General de la Policía Nacional. Tal oficina tiene por objetivo mantener el control sobre la información que maneja la Policía; 3) Se sabe también de una oficina similar ubicada en el décimotercer nivel del Ministerio de Finanzas Públicas, desde donde controlaban las importaciones, exportaciones e ingresos aduanales. 4) A tales entuertos habría que agregar múltiples denuncias acerca del espionaje telefónico, las audiciones telefónicas realizadas mediante aparatos de alta tecnología. Al extremo que el propio Gerente de Telgua, empresa telefónica, no descarta que en las cajas exteriores haya sido colocado equipo para esa práctica, al igual que él, personal de Telgua refirió que han encontrado maletines y equipo ajeno a la institución en las cajas de las zonas 11, 14, y 18 según cita Prensa Libre en su edición del 22 de junio de 1998.

8. Citando a Claude de Sayssel (La monarchie de France, 1519), Norberto Bobbio (106) afirma: "...el rey tiene necesidad de servirse de tres consejos, como Cristo que podía contar con tres círculos de seguidores, los setenta y dos discípulos, los doce apóstoles y los tres más cercanos, San Pedro, San Juan y San Jacobo. De estos tres consejos, el último es el Consejo secreto, compuesto por no más de tres o cuatro personas seleccionadas entre "los más prudentes y experimentados"...".

9. Divinidad marina griega -representado con cuerpo de hombre y cola de pez- llamada "el anciano del mar". Está dotado del poder de adoptar diversas formas -simbolizando la fluidez del agua-, para escapar de sus perseguidores. Diccionario Espasa (375-376)

10. Tal y como lo señalara Paul Gordon Lauren (Ugarte: 25): "...Para algunos, ética e inteligencia en el mismo título pueden parecer una contradicción en términos. Muchos asumen que las actividades de la comunidad de inteligencia, por elección o necesidad, están exentas de consideraciones éticas. Pero esta asunción perpetúa un gran perjuicio para aquellos constantemente expuestos a asuntos éticos difíciles en inteligencia, y refuerza la peligrosa noción de que es normal y aceptable para servidores públicos conducir su política de tal modo".

11. Estados Unidos, con su senatorial Select Commitee on Intelligence y el congresional Foreign Affairs Commite; Canadá y su Comission of Enquiry into Freedom and Security; Australia con la Royal Comission on intelligence and security; Inglaterra y el Franks Report (CONNELLY, 4); Suecia y el trabajo que realiza el Comité Parlamentario de Justicia, el Ombudsman Parlamentario y la figura del Canciller de Justicia (CONNELLY/a, 6); y, más recientemente, España se iniciaron en el debate de los controles a partir de escándalos en la materia que estremecieron sus sistemas políticos. Los estrépitos se han suscitado debido a problemas derivados del comprometimiento de los servicios de inteligencia en actividades de naturaleza político-partidaria; la alusión a episodios de actividades contra políticos, periodistas, líderes sociales; la utilización político partidaria de los fondos reservados; la realización de operaciones de inteligencia sin respaldo jurídico; la invasión a la privacidad de las personas fuera de los procedimiento establecidos; entre otras causales.

12. Se plantea, tal y como lo refiere Roy Godson (9) al hablar del debate sobre el tema en Estados Unidos dos décadas atrás, en términos que "...mientras el debate público ha señalado algunas fallas y debilidades pasadas en inteligencia, ha habido poco estudio sobre los éxitos [...] (no se ha trabajado) para demostrar dónde han estado las fortalezas de la inteligencia estadounidense en el pasado, y qué debería ser hecho en el futuro para mejorar la performance estadounidense".

13. En palabras del General de División retirado Donald Morelli y el mayor Michael Ferguson, de la armada de Estados Unidos: "el esfuerzo de inteligencia es el cimiento de virtualmente todas las otras acciones en operaciones de baja intensidad" (Bermúdez: 122).

14. Tal elemento constituye el punto nodal de la trama de relaciones cívico militares. A decir de Samuel P. Huntington (14), en su ya clásico tratado de sociología militar "El Soldado y el Estado": "El debate público generalmente se centra en estas cuestiones (los temas operativos inmediatos de la política militar). Sin embargo, a largo plazo la naturaleza de las decisiones respecto de estos temas está determinada por el modelo institucional a través del cual se toman las decisiones".

15. La histórica regional o el archivo se ha mimetizado bajo una serie de nombres, Secretaría de Inteligencia y Seguridad Nacional, Secretaría de Asuntos Estratégicos y, más recientemente Secretaría de Análisis Estratégico. Sin embargo, mantiene una identidad difícil de desmontar respecto a su antecedente inmediato cual es: ser el servicio de inteligencia del Estado Mayor Presidencia. Éste fue desbordando sus primigenias funciones de brindar seguridad al Presidente o Jefe de Estado, derivando en un organismo de inteligencia tal cual.

16. Señalado claramente en el Informe Guatemala Nunca Más (T.III:65) "...la 2 se convirtió en una estructura sombra o poder paralelo dentro del propio Ejército que amplió su influencia al aparato civil del Estado y lo multiplicó a través de agentes y confidenciales hacia toda la sociedad". Para una referencia más explícita y reciente de esta situación, Karin Escaler, señaló que "...en el caso de Balconi (anterior Ministro de la Defensa): el Director de Inteligencia lo espió telefónicamente, y no le proporcionó información sobre varios asuntos importantes, incluso le mintió al Presidente de la República sobre los tratado por Balconi y sus comandantes...". En otro fragmento de su columna afirma que "Siendo Sergio Camargo Jefe de Estado Mayor y Balconi Ministro [...] ambos fueron cautivos de la Dirección de Inteligencia...".

17. Dicho estudio realiza un sucinto análisis de las normas relativas a organismos de inteligencia vigentes en los países de mayor importancia militar y económica de la Organización del Tratado del Atlántico Norte: Estados Unidos de América, Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte, República Federal de Alemania, República Francesa, República Italiana, Reino de España y Canadá. Concluyendo que en la mayoría de tales sistemas de inteligencia: a)Existe un cuerpo jurídico de carácter público que establece los aspectos más importantes de los organismos de inteligencia; b) Está presente una distinción de las competencias entre el ámbito interno y externo; c) Es manifiesta una estricta determinación de competencias en materia de seguridad interior; d) Se da una dependencia orgánica de los organismos de inteligencia interior y contrainteligencia, de los Ministerios de Interior o equivalente; y e) Existe una coordinación al más alto nivel.

18. Publicado en el diario oficial el 6 de noviembre de 1998.

19. Inteligencia militar, luego de finalizado el conflicto armado se ha volcado a tareas de seguridad interior en cooperación con la PNC. En el ya conocido por la opinión pública Plan de Operaciones Transición Hacia la Paz 1997 -Plan Anual General del Ejército de Guatemala- se señalan, entre otras, como Elementos Esenciales de Información, las siguientes interrogantes: "¿Con qué intensidad el crimen organizado seguirá afectando la seguridad ciudadana y rebasará la capacidad de las fuerzas de seguridad pública?, de ser positivo, ¿En qué lugares del territorio nacional, y con qué fuerzas?". En tanto en el renglón de Otras Necesidades de Inteligencia está planteado: "Determinar el grado de penetración de la URNG, en la organización estudiantil, religiosa y sindical...[...] Establecer indicios de divergencia entre las estructuras de la URNG, que pudieran provocar disidencias".

20. Tal modificación no debe interpretarse como un ajuste de cuentas para con la institución. Debe ser enfocado como una redefinición de funciones que -llevada a la práctica- representa la posibilidad que la institución no destine recursos para otra cosa que no sea la atención a sus funciones primigenias ahora formuladas constitucionalmente, evitando con ello la politización, redundando ello en el alcance de grados superiores de profesionalización.

21. Las situaciones presentadas en recientes coyunturas sociopolíticas como la suscitada en torno a la dinámica de los linchamientos -asesinatos ejecutados en masa-, la manipulación alrededor del impuesto único sobre inmuebles -IUSI-, el asesinato del Obispo Gerardi -en independencia de la autoría material e intelectual-, la supuesta aparición de un grupo subversivo en el departamento de Quetzaltenango, denotan ya notables insuficiencias en la materia. Se requiere pues una priorización de los objetivos informativos, lo cual implicaría una mejor ejecución de los presupuestos asignados, de por sí escasos.

22. Tal instancia, coordinada por el Presidente de la República, podría congregar la opinión de los titulares de los Ministerios de Gobernación, Relaciones Exteriores, Economía y Defensa.

23. De comunity. Expresión de habla inglesa con la cual se designa a la comunidad de servicios de información, al conjunto de quehaceres institucionalizados.

24. Para lo cual podría pensarse en el establecimiento de un Centro de Estudios Estratégico, que funcionara como escuela nacional de inteligencia para proveer capacitación, formación, profesionalización y especialización al personal del sistema. En ello, la capacitación externa es un complemento que puede brindar altos grados de calidad, siempre y cuando no se asumida como único medio debido a la heterogeneidad de escuelas, pero sobre todo, a la problemática de la seguridad de la información.

25. La Ley Orgánica del Organismo Ejecutivo, establece que noventa días después de la fecha de entrada en vigencia, se procederá a aprobar el reglamento. En la referida ley, la SAE es definida de manera sumamente general.

26. No se trata empero de entender la discrecionalidad como absolutamente negativa. El señalamiento radica en el exceso en tal concepción, lo cual obvia los criterios de oportunidad, conveniencia y utilidad y se convierte con ello en un riesgo latente para la propia institución de inteligencia.

27. La relación entre los productores y los consumidores del producto inteligencia es señalada por Bruce Berkowitz como uno de los puntales de la reforma realizada por John Deutch -Director de la Agencia Central de Inteligencia-, quien denomina a esta relación el punto de vista del cliente. Para ello se trata de promover un amplio relacionamiento con todas las instituciones para quienes el análisis de inteligencia puede ser de utilidad a efecto de detectar de forma directa los requerimientos. En su ensayo A Inteligência na era da informaçao, el autor realiza un análisis exhaustivo del rumbo de la reforma del sistema de inteligencia en Estado Unidos a finales de 1997.

28. Hasta 1994, la nómina comprendía a la República Federal de Alemania, Australia, Argentina, Dinamarca, Holanda e Italia. Otros, como Canadá y Nueva Zelandia, cuentan con órganos específicos de control dependientes del Poder Ejecutivo (Ugarte: 11). De lo cual se deduce que Guatemala, junto a Argentina serían los únicos países latinoamericanos con tal procedimiento de control. No está de más señalar que otros países desarrollan un control parlamentario desde las comisiones de defensa, seguridad, gobernación, e inclusive, las correspondientes de presupuesto, así mismo, es usual el procedimiento de interpelación a los titulares de los Ministerios correspondientes o bien, directamente a los titulares de los órganos y organismos de inteligencia.

29. Ello porque, como lo señala Glenn Hastedt (Ugarte, 12) el congreso reacciona retroactivamente y comprende -por naturaleza misma de la actividad de inteligencia- sólo segmentos y niveles del ciclo de producción de inteligencia A lo cual hay que agregar las posibilidades de manipulación -de los operadores de inteligencia- de los sistemas de clasificación y los informes dirigidos a la misma comisión, sin tomar en cuenta el -necesario- encubrimiento de fuentes, métodos y técnicas.

Si bien el corporativismo y el espíritu de cuerpo son características señaladas por Samuel P. Huntington (22 y 27) como propias de la profesión militar, su distorsión inicia cuando se pretenden defender intereses institucionales sin importar errores cometidos o prácticas no corregidas, la defensa cerrada entonces es la norma. Sobre todo, aunque también desde dentro pueden ser sensibles algunas voces, cuando los señalamientos provienen del ámbito civil; detrás de lo cual se esconde un compañerismo inmoral y encubridor y una alta valoración del carácter autónomo de la institución.

30. Si bien el corporativismo y el espíritu de cuerpo son características señaladas por Samuel P. Huntington (22 y 27) como propias de la profesión militar, su distorsión inicia cuando se pretenden defender intereses institucionales sin importar errores cometidos o prácticas no corregidas, la defensa cerrada entonces es la norma. Sobre todo, aunque también desde dentro pueden ser sensibles algunas voces, cuando los señalamientos provienen del ámbito civil; detrás de lo cual se esconde un compañerismo inmoral y encubridor y una alta valoración del carácter autónomo de la institución.

31. Para concluir con el control congresional, entre los aspectos que deberían desarrollarse en la Ley de Régimen Interior, están seis instrumentos que pensamos podrían permitir un trabajo efectivo: a) La obligación de denuncia. Al percatarse alguno de los miembros de la Comisión de actos ilegales producto de sus labores, el diputado está obligado a denunciar el mismo -exclusivamente- al órgano jurisdiccional competente; b) Informe anual de actividades de supervisión, de carácter público, presentado al pleno del Congreso de la República; c) Emitir un dictamen de carácter reservado sobre el informe anual de actividades de inteligencia que la Secretaría de Análisis Estratégico deberá preparar, dicho dictamen, estaría dirigido a los Presidentes del Congreso y de la República; d) Realizar el control presupuestario de la actividad de inteligencia, en donde deberá facultarse a la comisión para disponer de la suspensión de la ejecución presupuestaria del órgano u organismo de inteligencia respecto del cual se adviertan irregularidades; e) Acordar, previa audiencia, la remoción de los titulares de los órganos u organismos de inteligencia cuando considere que sus actuaciones son contrarias al respeto a los derechos humanos y a las garantías constitucionales. f) Determinar que el Organismo ejecutivo está en la obligación de informar a la Comisión acerca de toda actividad significativa de inteligencia implique o no ilegalidades o errores.

32. Anglicismo, traducido como denegatoria plausible. Mecanismo profusamente utilizado en los Estados Unidos mediante el cual los cuadros de dirección de los servicios de inteligencia -para alegar desconocimiento- evitaban tener información detallada acerca de operaciones de inteligencia que pudieran dar lugar a controversias.

33. El control ciudadano se ejerce principalmente a través de grupos de presión y movimientos sociales de Derechos Humanos y aquellos relacionados con las áreas de seguridad y justicia. Un importante papel está llamado también a jugar la figura del Procurador de Derechos Humanos.

34. Un ejemplo de ello es citado por la Fundación Myrna Mack (FMM:1), en referencia a la investigación del asesinato de la antropóloga señala: "...el fiscal había solicitado al Ministerio de la Defensa "Entregar al Ministerio Público la bitácora diaria de partes del Departamento de Seguridad Presidencial del Estado Mayor Presidencial y de la Dirección de Inteligencia del Ministerio de la Defensa Nacional, comprendidos en el período del primero de enero al treinta de diciembre de 1990". En respuesta de lo cual, el Minsiterio de la Defensa expresó: "En el caso del Ministerio de la Defensa Nacional y del Estado Mayor Presidencial, el parte diario de novedades contiene información que por su naturaleza de seguridad, está clasificada como secreta, por lo que no es posible acceder a los solicitado según lo establecido en el Art. 30 de la Constitución".

35. Sin embargo, de la información de inteligencia -de la cual, por definición, no toda es secreta-, deberán quedar reservadas: a) Las actuaciones o datos declarados secretos -bajo el procedimiento señalado precedentemente-; b) Aquella información que pueda interferir en procesos investigativos policiales o judiciales que impliquen o no el uso de medios encubiertos de obtención de información; c) La información que perjudique el derecho de defensa en juicio; d) Información que implique una injustificada invasión de la privacidad personal de otros ciudadanos; e) Aquellos datos suministrados por particulares bajo la garantía de confidencia; y, f) La protección a fuentes cuya situación de vulnerabilidad sea negativa para el trabajo del sistema. Tal requerimiento de información podrá, así mismo, ser objeto de impugnación cuando los resultados obtenidos e contrapongan a la información que con certeza se guarda. En materia de archivos, como vemos, además del traslape con el tema de controles -la misma libertad de información es un mecanismo de control-, es en el Poder Judicial en donde recae una gran responsabilidad.

36. Para ello, los ejemplos son aleccionadores, desde la propia venta de publicaciones, la edición de revistas, la realización de eventos, hasta las páginas web en internet, son instrumentos que acerca a los servicios de inteligencia a la ciudadanía y permiten tener un mejor acceso a las fuentes ciudadanas e inclusive dentro del propio aparato de gobierno, tarea al parecer bastante rezagada. Al respecto, el debate legislativo sobre los proyectos de ley pendientes y el alcance que el mismo tenga hacia la comunidad de Derechos Humanos será un buen momento para preparar el cambio de imagen o bien para fortalecer la tendencia conservadora, que tratará presumiblemente de cobijarse en el argumento que postula que la naturaleza secreta del servicio de inteligencia acota su discusión pública en público. Una aproximación a tales escenarios servirá para cerrar este diálogo.

Fuentes

Armanet

Bobbio Bobbio /a

Bermúdez

Berkowitz

Bonilla

Connelly

Connelly/a

Dempsey

Diedrich

Escaler

Estévez

FMM

Godson

Huntington

Kaltenbach

ODHA

Ugarte

Ugarte/a

Vela

Vela/a