Servicios de
Inteligencia en Sudamérica. Estado de situación en una perspectiva comparada
Carlos Maldonado Prieto
cmaldona_99@yahoo.com
Instituto de Cooperación
para la Seguridad Hemisférica
(WHINSEC)
Fort Benning, Georgia,
Estados Unidos
Junio de 2002
Introducción
Como es sabido, las dictaduras militares
sudamericanas de los años setenta y siguientes, establecieron servicios de
inteligencia que participaron activamente en la violación de los derechos humanos.
En parte, dichos servicios, muchas veces en forma clandestina, derivaron de las
Direcciones de Inteligencia de las propias Fuerzas Armadas. En algunos casos,
también reclutaron a sus miembros de las
Policías e incluso de agrupaciones de civiles.
Tampoco es desconocido que, pese a la
tradicional rivalidad nacionalista, existió cierta coordinación de los
servicios de inteligencia de las dictaduras militares del Cono Sur,
especializadas en la represión política, que ha sido conocido como Plan
Cóndor.
El presente trabajo intenta mostrar el
desarrollo de los sistemas de inteligencia en cuatro de los más importantes
países sudamericanos que han vivido procesos de dictaduras militares –o de un
gobierno civil con un fuerte componente militar como en el caso peruano- y,
posteriormente, de recuperación de la democracia en años recientes. Se trata de
un estudio comparado de los casos de Argentina, Brasil, Chile y el Perú.
Recuperada la democracia y venciendo fuertes
resistencias corporativas, los diversos países han hecho esfuerzos por
establecer servicios de inteligencia completamente nuevos –como ha sucedido en
Chile y el Perú- o han reestructurado completamente las agencias ya existentes,
como ha ocurrido en Argentina y el Brasil.
Al estudiar los procesos de establecimiento
o reordenamiento de los sistemas de inteligencia de Estado en los países
citados, se podrá analizar uno de los ángulos menos conocidos de la relación
civil-militar y de la consolidación de la democracia en la región.
Actualmente, se asiste a una fuerte
discusión pública en América Latina sobre la inteligencia, las libertades
públicas y la seguridad en un mundo afectado por los acontecimientos del 11 de
septiembre en Estados Unidos.
Por otro lado, ha habido señales de un
resurgimiento del terrorismo en Chile y Perú, y
problemas sociales como la insurgencia del problema mapuche, entre
otros. Todos estos acontecimientos señalan la necesidad de un eficiente sistema
de inteligencia en dichos países.
Hoy más que nunca, los servicios de inteligencia
están llamados a preocuparse seriamente por fenómenos globales tales como el
terrorismo, el narcotráfico, el lavado de dinero, las amenazas al sistema
democrático y la anticipación de situaciones de crisis regional.
Hay consenso entre
los académicos locales, que al analizar comparativamente la inteligencia en
América Latina se pueden identificar dos rasgos distintivos. Por un lado, las
estructuras que implementan la función de inteligencia se caracterizan por
identificar como único eje de acción la defensa nacional y la seguridad
interior. Por lo mismo, son las Fuerzas Armadas y las Policías las que
desarrollan la mayor capacidad en esta materia.
Aunque ha habido
un fuerte proceso de democratización de las estructuras políticas e
institucionales de los países de la región, dicho esfuerzo no ha producido
cambios significativos con relación a la inteligencia, toda vez que la matriz
utilizada no ha variado.
Un segundo rasgo
distintivo es la tensión que se observa entre la inteligencia y los derechos
democráticos y como ésta se pretende resolver. Es posible que esta tensión sea
la cuestión de mayor relevancia en naciones con democracias emergentes, puesto
que en la actualidad, muchas de ellas no han logrado consensuar un proyecto
político que establezca objetivos nacionales de mediano y largo alcance,
que permita direccionar adecuadamente la inteligencia estatal, aflorando
siempre el riesgo de utilizar la inteligencia como un arma política del
gobierno de turno, el uso impropio de información confidencial en contra de los
adversarios políticos internos, el desvío de fondos estatales para actividades
político-partidistas o de interés gubernamental y la violación de los derechos
de los ciudadanos y sus garantías constitucionales, entre otros.
La experiencia de
países con democracias consolidadas ha demostrado que una forma de enfrentar y
superar dichos riesgos, es establecer sistemas de controles que tenga por
objetivo asegurar la legitimidad y la eficiencia de estos
organismos y sus actividades. Esta misma experiencia ha establecido que dicho
sistema, más que significar restricciones y aumento de la burocracia estatal,
aseguran su eficacia, limitan sus costos, incrementan su profesionalización y,
finalmente, favorecen la aceptación positiva por parte de la sociedad civil.
En materia de estructuras de inteligencia,
se pueden encontrar dos grandes modelos en la región. Por un lado, hay países
donde opera un organismo de inteligencia civil, que por lo general depende de
forma directa del Presidente de la República, combinando las funciones de
inteligencia exterior, interior y de contrainteligencia. Se complementa con
organismos militares de inteligencia. Por otro, se cuentan los países donde no
hay un organismo civil. Se compone de un subsistema de inteligencia militar y,
en el caso de existir, el organismo de inteligencia civil no depende del máximo
nivel, sino del Ministerio del Interior. Es el caso actual de Chile.
De acuerdo
a las tendencias existentes en la mayoría de los países, y en particular en los
Estados democráticos, los organismos de inteligencia dedicados a acumular
información con el fin de proteger el orden democrático y la seguridad interior
del Estado tienen carácter civil.
Hay una serie de otros temas pendientes en
el establecimiento de servicios de inteligencia absolutamente compatibles con
los principios democráticos. Entre ellos están el secretismo de sus actividades
que muchas veces es incomprendido o despierta justificadas sospechas en la
población; el uso de los gastos reservados y técnicas intrusivas como espionaje
telefónico y otras, y la falta de control por parte de las autoridades
políticas y judiciales; la ya citada tendencia a la utilización de los
servicios de inteligencia para espiar a los enemigos políticos internos en desmedro
del desarrollo de una inteligencia estratégica con fines de alta política y
defensa de los intereses nacionales; por último, el nuevo fenómeno del
surgimiento de una inteligencia privada que se convierte en una fuerte
competencia para la inteligencia producida por el Estado.
Hay consenso entre los especialistas en que
la inteligencia “debiera ser empleada en el propio territorio exclusivamente en relación con las
«reales amenazas al Estado y al
sistema democrático», con un criterio de excepcionalidad
y no de generalidad”.
Asimismo,
en los países democráticos más avanzados es una norma que los organismos de
inteligencia estén sometidos a algún tipo de control externo, generalmente
realizado por instituciones independientes, por ejemplo, el Parlamento o grupos
ad hoc de personalidades
independientes, constituyendo una de las más importantes formas de supervisión.
Complementariamente, existen otros controles como el rol que desempeña el Poder
Judicial con respecto a la protección de las libertades públicas y su efecto en
relación a las actividades que realizan los servicios de inteligencia.
Por otro
lado, hay que hacer una distinción entre organismos policiales y de
inteligencia estratégica. Por su función específica de recolección de
información abierta o clasificada, los servicios de inteligencia no tienen como
fin colaborar estrechamente con la Justicia, como sí es el caso de los
organismos policiales. Su tarea principal es más bien prevenir y evitar actos
ilícitos y asesorar a la instancia política. En la mayoría de los casos, los
servicios de inteligencia tienen capacidad para investigar a las personas, pero
en general no pueden detener ni interrogar sospechosos. En muchos casos, surgen
dificultades y fenómenos de competencia e interferencia entre los servicios,
cuando las policías desarrollan departamentos de inteligencia propios, con el
objeto de no depender de la información que entregan los organismos de
inteligencia.
Conscientes de los peligros que acechan a
los servicios de inteligencia, especialmente su militarización o su
degeneración hacia una policía política, los formuladores de política de
algunos países sudamericanos están tendiendo cada vez más a la conformación de
órganos de inteligencia de corte estratégico dotados de unidades y gabinetes de
analistas de alta calificación académica, bajo una concepción de análisis interméstico.
Esto quiere decir que se debe interpretar y procesar la información en
simultáneo desde un enfoque exterior e interno, según el patrón que sigue la
agencia de inteligencia brasileña.
En un plano
general, se puede hablar de cuatro tipos de controles sobre los servicios de
inteligencia. Éstos son de carácter administrativo, externo, judicial y
público. El control administrativo
es ejercido por el Poder Político, y el propiamente interno de los mismos
servicios; el control externo es
ejercido mediante organismos de control independientes del Ejecutivo,
generalmente lo ejerce el Parlamento; un tercer tipo de control es el que
ejerce el Poder Judicial; hay un cuarto -y no por ello el menos importante- que
es el control que ejerce la prensa
y la opinión pública.
En los
estudios de casos que se presentan a continuación, se podrá percibir el
importantísimo rol que juega el periodismo independiente en el control social de
los servicios de inteligencia.
Argentina
Luego del desastre de la Guerra de las
Malvinas y el término de la dictadura militar, los argentinos recuperaron la
democracia. Tanto el gobierno del Presidente Raúl Alfonsín como su sucesor,
Carlos Menem, impusieron un severo control civil sobre las Fuerzas Armadas. Por
medio de las leyes de Defensa Nacional y Seguridad Interior, respectivamente,
los militares se vieron impedidos de actuar dentro de las fronteras del país.
Esto también se extendió a las actividades de inteligencia.
Paralelamente, la Secretaría de Inteligencia
del Estado (SIDE), creada durante el primer gobierno del general Domingo Perón,
fue potenciada como el máximo organismo civil de asesoramiento directo del
primer mandatario en materias de inteligencia.
Los atentados explosivos a la embajada
israelita (1992) y a la AMIA (1994) en Buenos Aires provocaron un mayor
fortalecimiento de las capacidades de la SIDE en materia de contraterrorismo y
dieron lugar al nacimiento de la cooperación policial en el ámbito del
MERCOSUR, con la creación del órgano de la reunión de Ministros del Interior y
equivalentes.
Luego de los ataques terroristas del 11 de
septiembre de 2001 en Estados Unidos, las autoridades argentinas decidieron
extremar las medidas de seguridad en todo el país, especialmente en la Triple
Frontera –en los límites con Paraguay y Brasil-, donde se sospecha que
operarían células del fundamentalismo islámico. En Ciudad del Este y Foz do
Iguaçu viven aproximadamente 30.000 habitantes de
origen árabe, y un buen número de ellos mantiene estrechas relaciones con
formaciones políticas de sus países de origen, varias de las cuales podrían
tener carácter terrorista.
Junto con reforzar los organismos de
inteligencia y de policía, las autoridades políticas también incrementaron los
controles sobre dichos cuerpos. En enero de 1992, la ley No. 24.059 de
Seguridad Interior estableció una comisión bicameral de fiscalización de los
organismos y actividades de seguridad interior e inteligencia.
La comisión
está integrada por seis miembros del Senado e igual número de miembros de la
Cámara de Diputados, designados por las Cámaras respectivas. Tiene carácter
permanente y puede dictar su propio reglamento interno.
La comisión
debe verificar que el funcionamiento de los organismos de inteligencia se
ajuste estrictamente a lo preceptuado en las normas constitucionales, legales y
reglamentarias vigentes, constatando la estricta observancia y respeto de las
garantías individuales consagradas en la Constitución, así como las
disposiciones contenidas en la Declaración Americana de Derechos Humanos
-conocida como Pacto de San José de Costa Rica-, incorporada al ordenamiento
legal argentino.
La comisión
tiene todas las facultades y atribuciones necesarias para el cumplimiento de su
cometido y, en especial, para la realización de las investigaciones que fueran
pertinentes en los organismos de inteligencia. Está especialmente facultada
para: a) requerir de todo organismo o ente público nacional, provincial o
municipal, como asimismo de actividades privadas, toda la información que
estime necesaria, la que deberá ser suministrada; b) requerir del Poder
Judicial que cite y haga comparecer con el auxilio de la fuerza pública a las
personas que se considere pertinentes, a fin de exponer sobre hechos vinculados
a la materia de la comisión; c) requerir de los organismos judiciales
pertinentes, se impida la salida del territorio nacional, sin autorización, de
aquellas personas que constituyeran objeto de la investigación a emprenderse, y
d) proponer al Poder Ejecutivo las medidas tendientes a la superación de las
deficiencias que se advirtieran con motivo de las investigaciones propuestas.
La comisión
produce anualmente un informe público al Senado y la Cámara de Diputados y un
informe secreto, suministrado luego al gobierno, en el cual informa respecto de
resultados de la labor desarrollada y las mejoras que es necesario implementar.
Aunque la citada comisión posee
importantes facultades, existe la impresión de que su actividad ha tendido a
ser más bien formal, no involucrándose profundamente en el control de las
actividades concretas de inteligencia.
Pese a los mecanismos de control
introducidos, y probablemente debido a una fiscalización meramente formal, en
los últimos años se han sucedido serias acusaciones en contra de los organismos
de inteligencia. Varios dirigentes políticos y de entidades de derechos humanos
han acusado a la SIDE y a la inteligencia militar de escuchar clandestinamente
sus conversaciones telefónicas y sembrar sus oficinas con micrófonos. Sin
embargo, las denuncias judiciales no han prosperado hasta ahora, debido a que
la legislación del país no contempla sanciones para dichas escuchas.
El hecho más grave se produjo cuando la
SIDE, encomendada por el gobierno, pagó sobornos a unos senadores, de modo de
asegurar la aprobación de una controvertida ley que el Ejecutivo consideraba
decisiva. Este escándalo fue denunciado en junio de 2000 gracias a
investigaciones periodísticas independientes. Según éstas, el gobierno, a
través de la SIDE, habría sobornado con US$ 50.000 a una cierta cantidad de
parlamentarios.
Asimismo, en noviembre de 2000, se hallaron
micrófonos en las oficinas de Aníbal Ibarra, jefe del gobierno de la ciudad de
Buenos Aires.
Anteriormente, otros dirigentes también
habían presentado quejas similares. El ex Presidente Carlos Menem y el
Vicepresidente del gobierno encabezado por Fernando de la Rúa, Carlos Chacho
Álvarez, del FREPASO, ambos severos críticos del gobierno radical, denunciaron
sendas intercepciones telefónicas.
A ello se agregó la queja oficial de la CIA
estadounidense acusando a la SIDE de falta de cooperación y el seguimiento de
sus funcionarios.
Finalmente, en octubre de 2000 y luego de
una grave crisis en la alianza gubernamental –que incluyó la renuncia de Chacho
Álvarez y el distanciamiento de una parte de la Unión Cívica Radical, el
partido del Presidente De la Rúa- el primer mandatario se vio forzado a
despedir al jefe de la SIDE, Fernando de Santibañes, un estrecho colaborador
suyo y amigo personal.
Santibañes, un economista
graduado en la Universidad de Chicago, se había granjeado las simpatías de la
opinión pública al realizar drásticos cambios en la SIDE apenas asumió el
gobierno aliancista. Las medidas más importantes fueron la reducción de casi el
50% de los funcionarios –la mayoría informantes y personal subalterno- y el
consiguiente recorte del presupuesto institucional. Se estima que hasta la
llegada del Presidente De la Rúa el presupuesto era de unos US$ 360 millones al
año. La reducción fue de más o menos el 50%. Según algunas fuentes, la SIDE
tendría actualmente un presupuesto anual de US$ 130 millones.
Además, Santibañes limpió sus filas
de funcionarios involucrados en torturas y actos de represión, la mayoría
heredados del período del gobierno militar, e instaló un destacado equipo de
profesionales y académicos, con el propósito de mejorar la calidad del trabajo
de inteligencia y recuperar la deteriorada imagen de la institución, acusada de
haber sido utilizada por el saliente gobierno peronista para sus fines
políticos particulares.
Algunos de dichos agentes exonerados se
aglutinaron en torno a organizaciones de hecho y trataron de desprestigiar, e
incluso extorsionar, mediante la información que conocieron durante su
servicio, a las autoridades de la inteligencia civil.
Después de los escándalos denunciados, se
hicieron esfuerzos por introducir mayor transparencia en el ámbito de la
inteligencia. En diciembre de 2001, el Parlamento aprobó y el gobierno publicó
la nueva ley No. 25520 de Inteligencia Nacional, la que reforzó nuevamente los
controles sobre los servicios.
En el artículo 4 se establece que ningún
organismo de inteligencia puede realizar tareas represivas, ni poseer funciones
policiales ni de investigación policial. Tampoco puede almacenar datos sobre
personas por el solo hecho de su fe religiosa, raza, etc., así como por la
actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción. Asimismo, se
destaca que son inviolables, excepto una orden judicial en sentido contrario,
todas las comunicaciones telefónicas, postales, etc.
En el orden organizativo, la ley cambia el
nombre de la SIDE por el de Secretaría de Inteligencia, renombra la Dirección
de Inteligencia Interior de la ex SIDE por la de Dirección Nacional de
Inteligencia Criminal, y crea la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica
Militar que debe tener a su cargo a los servicios de inteligencia de las
Fuerzas Armadas.
La nueva Secretaría está a cargo del
Secretario de Inteligencia, con rango de Ministro de Estado, el cual es
designado por el Presidente de la República, previa consulta no vinculante con
la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de
Inteligencia del Congreso.
La ley señala expresamente que cualquier
intervención de interceptación deberá ser solicitada a los tribunales. Para ese
fin se crea la Dirección de Observaciones Judiciales, único organismo al
interior de la Secretaría facultado para realizar dichas operaciones.
También llama la atención el artículo 23 que
prohíbe desempeñarse como funcionario de todo organismo de inteligencia a
quienes registren antecedentes por crímenes de guerra, contra la humanidad o
por violación a los derechos humanos.
Por último, se crea la Comisión Bicameral de
Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso –que
en la práctica reemplaza a la comisión que instituyó la ley No. 24.059 de
1992-, la que tendrá amplias facultades para controlar e investigar de oficio.
A su requerimiento, y con los recaudos establecidos en la propia ley, los
organismos del sistema de inteligencia nacional deberán suministrar la
información o documentación que la Comisión solicite. Asimismo queda facultada
para recepcionar denuncias formuladas por personas físicas y jurídicas sobre
abusos o ilícitos cometidos en el accionar de los organismos de inteligencia y
la investigación de las mismas.
Brasil
En el caso brasileño, los servicios de
inteligencia también son de larga data. El primero de todos fue el Servicio
Federal de Informaciones (SFICI), creado en 1946, en plena vigencia de la
democracia. Los militares lo cambiaron por el Servicio Nacional de
Informaciones (SNI), en 1964, luego del golpe de Estado. También se creó la
Escuela Nacional de Informaciones.
Estos organismos fueron concebidos como
auxiliares de la Doctrina de Seguridad Nacional, que consideraba cualquier tipo
de disidencia interna como un enemigo en potencia. En este sentido, colaboraron
especialmente en la eliminación de los grupos guerrilleros que surgieron en ese
período, y en el control de la oposición pacífica contra el régimen militar.
En 1985, al retorno de la democracia,
comenzó la reestructuración del sistema de inteligencia. En 1990, el Servicio
Nacional de Informaciones cesó sus funciones. El Presidente Collor de Melo creó
en 1992 la Secretaría de Asuntos Estratégicos (SAE). Y el Presidente Itamar
Franco agregó al SAE una Subsecretaría de Inteligencia (SSI).
Desde 1995, el Presidente Fernando Enrique
Cardoso trabajó en la idea de crear la Agencia Brasileña de Inteligencia
(ABIN). El proyecto fue presentado al Congreso en 1997 y aprobado dos años más
tarde.
La ABIN fue creada mediante la ley No.
9.983, en diciembre de 1999. Simultáneamente, se estableció una comisión bicameral
de control, compuesta por los presidentes de los bloques mayoritario y
minoritario de la Cámara de Diputados y del Senado federal, así como los
presidentes de las comisiones de Defensa y Relaciones Exteriores de ambas
cámaras.
Esta ley instituyó el Sistema Brasileño de
Inteligencia y la Agencia Brasileña de Inteligencia, la ABIN. Para marcar la
diferencia con el pasado, el eslogan de la ABIN es “La inteligencia en defensa
de la sociedad, el Estado democrático de Derecho y los intereses nacionales”.
La ley señala que la ABIN es un órgano de asesoramiento directo del
Presidente de la República, y tiene a su cargo planificar, ejecutar, coordinar,
supervisar y controlar las actividades de inteligencia del país.
El director general de la ABIN es nombrado
por el Presidente de la República, previa aprobación por el Senado federal.
Asimismo, la ABIN absorbió la unidad técnica
encargada de acciones de inteligencia vinculada a la Casa Militar de la
Presidencia. Lo mismo ocurrió con las actividades de inteligencia de la
Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia.
La agencia está compuesta por la dirección
ejecutiva de planificación y coordinación y los departamentos jurídico, de
tecnología, de administración, de inteligencia, de operaciones de inteligencia,
de contrainteligencia, además de la escuela de inteligencia y organismos
regionales.
Aparte del control parlamentario ya
descrito, existe un control interno -también a nivel contable-, ejercido por la
Secretaría de Control Interno de la Presidencia.
En mayo de 2002, fue aprobada una ley que
fija la carrera de los funcionarios de inteligencia. Según ésta, los cargos son
llenados por concurso público e incluyen exámenes de conocimiento, presentación
de títulos y exámenes de salud física y mental. Luego de la incorporación, el
nuevo funcionario debe aprobar un curso de formación en la Escuela de
Inteligencia de la propia ABIN.
La ley también fijó una planta de 1.600
analistas de información, de nivel superior, y 300 auxiliares de información,
de nivel intermedio, medida que deberá ser efectiva completamente a partir del
1 de enero de 2003.
El presupuesto de la agencia, al menos para
el año 2001, fue de US$ 12 millones.
Paralelamente, en diciembre de 2000,
mediante el decreto No. 3.695, el gobierno brasileño creó el Subsistema de
Inteligencia de Seguridad Pública, integrado por los Ministros de Justicia
(Interior), Hacienda, Defensa e Integración Nacional, y el Gabinete de
Seguridad Institucional de la Presidencia. Esta nueva organización es dirigida
por la Secretaría Nacional de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia. El
órgano ejecutivo es el Consejo Especial del Subsistema de Inteligencia de
Seguridad Pública. También participa un representante de la ABIN.
Por último, en mayo del mismo año, mediante el decreto No. 3.493, la
ABIN pasó a ser integrante del Gabinete de Seguridad Institucional de la
Presidencia, central del Sistema Brasileño de Inteligencia.
Precisamente, esta
última medida fue muy criticada por
considerársele contradictoria con la génesis de la ABIN. Varios representantes del estamento académico brasileño
consideran que la creación de la agencia de inteligencia, o al menos su
ubicación en el organigrama del proceso de toma de decisiones, fue un paso
atrás, una verdadera remilitarización de las actividades de
inteligencia. Dichos críticos
señalan que es una demostración más de la fuerte presencia de las Fuerzas
Armadas en el Poder Ejecutivo del país.
Si antes de la
creación de la ABIN, el secretario general de la Presidencia, un civil, era el
encargado de los temas de inteligencia, después fueron los militares quienes se
hicieron cargo por órdenes del Presidente Cardoso. Asimismo, se sostiene que el
verdadero creador de la ABIN fue el general en servicio activo del Ejército Alberto Cardoso, jefe de la Casa Militar de la Presidencia de la
República.
A las posiciones críticas respecto del
predominio militar, se han sumado en los últimos años una
serie de escándalos en los que se ha visto seriamente comprometida la ABIN,
circunstancia que pone en tela de juicio su actuación dentro del marco del
estado de Derecho.
En noviembre de 2000, la prestigiosa revista
Veja denunció que agentes de la ABIN habían espiado, entre otros, al
Ministro de Salud, José Serra –actual candidato a la Presidencia-, así como al
gobernador del estado de Minas Gerais y ex Presidente Itamar Franco, un férreo
opositor al gobierno.
Frente al estallido del escándalo, el
gobierno se apresuró a desmentir las denuncias. Sin embargo, el cúmulo de
pruebas sembró más dudas que certezas sobre el servicio de inteligencia y la
capacidad del gobierno para controlarlo. Itamar Franco retrucó afirmando que
“no basta la protesta formal” y calificó el asunto como propio de “una
mentalidad fascista”.
Pero la situación se complicó más
todavía, cuando se reveló en el curso de la investigación que abrió la
Procuraduría, que la ABIN también
había espiado a grupos de derechos humanos y ecologistas -Greenpeace y Justicia
Global, un grupo vinculado a Human Rights Watch-, a la secta del coreano Sun
Myung Moon, al Movimiento de los Sin Tierra y a un hijo del propio Presidente
Fernando Henrique Cardoso.
Un tercer elemento terminó por desacreditar
complemente a la ABIN. A las denuncias por seguimientos ilegales se sumó el
hecho de que un buen número de
sus agentes provenía de los tiempos de la dictadura, quienes no habían sido
purgados por las nuevas autoridades.
El escándalo forzó la renuncia del director
general de la ABIN, el coronel Ariel de Cunto, después de conocerse que había
ascendido a un alto funcionario acusado de torturas, en vez de expulsarlo, y
por ser el responsable jerárquico de los funcionarios comprometidos en el
espionaje denunciado.
Como reacción a la revelación de estos
antecedentes, el Parlamento federal instituyó una comisión especial para
investigar el escándalo. La misma estuvo compuesta por tres senadores y tres
diputados.
En el curso de dicha investigación, se
reveló que un grupo de agentes de inteligencia provenientes de la época de la dictadura militar pero
todavía empleados en la ABIN, insatisfechos con las nuevas directrices del
gobierno, se habrían concertado para espiar al Presidente de la República. El cabecilla de dicha banda,
quien grabó conversaciones telefónicas de Cardoso en 1998, entonces utilizadas
para acusar al gobernante de inmiscuirse en un proceso de privatización, ordenó
“pinchar” diálogos de otras autoridades, que luego habría distorsionado y
entregado a algunos medios de la prensa brasileña.
La comisión también se enteró que en la ABIN seguían desempeñándose 226 agentes
heredados del período militar. El gobierno se comprometió a comparar los
nombres de sus agentes con los
torturadores denunciados en el informe de derechos humanos publicado en 1985.
Chile
Los servicios de inteligencia son
bastante recientes en la historia política chilena. Hasta 1973, solamente las
Fuerzas Armadas y las Policías cumplían estas funciones.
Luego del golpe de Estado, el general
Augusto Pinochet organizó una policía política al margen de las instituciones
castrenses y policiales, destinada a combatir la disidencia a su régimen de
facto. A fines de 1973 nació, en forma secreta, la Dirección de Inteligencia
Nacional (DINA), al mando de un coronel del Ejército e integrada por personal
uniformado enviado en comisión de servicio. En 1978, la DINA fue disuelta y
reemplazada por la Central Nacional de Informaciones (CNI) –compuesta en su
mayoría por personal del Ejército-, la que dejó de existir días antes del
término del gobierno militar.
Perdura en la memoria colectiva de los
chilenos la actuación criminal de dichos servicios. Principalmente, la DINA es
responsable del asesinato y la desaparición de centenares de opositores.
Por su connotación especialmente
represiva, ninguno de estos organismos fue capaz de llevar adelante
inteligencia estratégica de calidad. De hecho, la DINA y la CNI no fueron
capaces de predecir hechos como el movimiento guerrillero de la montaña de
Neltume de los años ochenta, el
atentado al general Augusto Pinochet en 1986, la guerra de las Malvinas, la
crisis limítrofe de 1978 con Argentina, la derrota en el plebiscito
presidencial de 1988 ni la internación de armas en Carrizal Bajo, realizada por
el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), el brazo armado del Partido
Comunista.
Hay que tener en cuenta que en 1995, el ex
jefe de la DINA, general ® Manuel Contreras, fue condenado y encarcelado en
Chile por el asesinato de Orlando Letelier, ex canciller del gobierno de
Salvador Allende, y su secretaria, la estadounidense Ronni Moffit, crimen
ocurrido en Washington, D.C., en 1976.
Recuperada la democracia, los gobiernos
civiles se han esforzado por restablecer una sana convivencia con las Fuerzas
Armadas bajo el principio del control civil sobre los militares. No obstante,
la transición democrática chilena fue especialmente dificultosa, debido a los
llamados enclaves autoritarios de la Constitución de 1980 y la presencia
de Pinochet al frente del Ejército desde 1990 a 1998.
En el período 1990-1992, se sucedieron
varios escándalos de espionaje político, donde aparecieron involucrados
efectivos de inteligencia. Esos hechos mostraron la necesidad de reformar el
sistema de inteligencia.
En 1990, un diputado gobiernista denunció
persecuciones y seguimientos que habrían realizando miembros de la inteligencia militar a
algunos parlamentarios y enfrente de dependencias de gobierno, con motivo de la
negativa a la aprobación de fondos públicos para los sueldos de antiguos
agentes de la CNI adscritos al Ejército.
En 1992, se produjo un oscuro incidente,
conocido por su apelativo periodístico de Piñeragate, en el que estuvo
involucrado un capitán del Ejército que grabó clandestinamente la conversación
de Sebastián Piñera, un importante dirigente de Renovación Nacional, uno de los
partidos de la oposición derechista. El incidente, entendido como una operación
política, sirvió para desarticular al sector más liberal de la derecha
pinochetista, y muchas sospechas recayeron en el servicio de inteligencia del
Ejército.
En el mismo período, la prensa denunció
un acto de espionaje en contra del gobierno y los partidos oficialistas,
efectuadas por un supuesto agente Charly, quien resultó ser un sargento
perteneciente a la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE).
Aunque el Ejército desestimó las denuncias y
sólo en un caso el culpable recibió sanciones menores, estos acontecimientos
alertaron al gobierno. En abierta referencia a la actitud pasiva de la
institución castrense, el Ministro de Defensa, Patricio Rojas, manifestó que se
realizaría una
revisión y una coordinación de la normativa y actividades de todos los
servicios de inteligencia
que funcionan en el país.
La oportunidad se presentó en 1991. Ese año, el Presidente Patricio Aylwin
creó, vía decreto, el Consejo de Seguridad Pública para desmantelar a los
grupos de guerrilla urbana, luego que éstos asesinaron en abril de 1991 al
senador Jaime Guzmán, fundador de la Unión Demócrata Independiente, actualmente
el mayor partido de oposición.
Aunque
posteriormente dicho Consejo ha recibido críticas por la utilización de
informantes pagados, lo cierto es que fue eficiente en su misión, y en poco
tiempo logró desarticular a los grupos subversivos MAPU-Lautaro, Movimiento de
Izquierda Revolucionaria (MIR) y FPMR. Sus principales líderes terminaron en la
cárcel. Esto se consiguió sin muertes ni torturas.
Simultáneamente con la creación del Consejo,
el gobierno envió al Parlamento un proyecto de ley para establecer la primera
agencia de inteligencia civil en la historia del país.
Con fecha 30 de
Abril de 1993, se publicó en el Diario Oficial la ley No. 19.212, que dio
origen a la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones (DISPI), como un
servicio de carácter directivo, técnico y especializado, dependiente del
Ministerio del Interior. Expresamente, se estableció como un organismo sin carácter
operativo.
La misión de esta
Dirección es proporcionar al gobierno la información, los estudios, el análisis
y las apreciaciones de inteligencia que éste requiera para formular políticas y
adoptar medidas y acciones específicas, en lo relativo a conductas terroristas
y otras que puedan constituir delitos que afecten el orden público a la
seguridad pública interior.
A través
del Ministerio de Defensa se relaciona con organismos de inteligencia de las
Fuerzas Armadas.
Mención aparte
requiere el rol asignado por esta ley al Ministro del Interior, quien con el
objeto de coordinar las actividades de los organismos de seguridad pública
interior, se transforma en el receptor natural de toda la inteligencia
producida por la DISPI, como así mismo de toda información de que dispongan en
las materias de competencia de la Dirección, las autoridades y funcionarios de
la administración del Estado que constituyen el Comité Consultivo de
Inteligencia.
Este
Comité, que se reúne regularmente, es presidido por el Ministro del Interior y
es integrado, además, por el Subsecretario del Interior, el Subsecretario de
Guerra del Ministerio de Defensa Nacional o su equivalente, el Subsecretario
del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Director de la DISPI, el Subjefe
del Estado Mayor de la Defensa Nacional y los Jefes de Inteligencia de las
Fuerzas Armadas y de las Policías de Carabineros (uniformada) e Investigaciones
(civil). Actúa como
Secretario del Comité, el Jefe de la División de Análisis y
Planificación de la DISPI y, en su defecto, el jefe de la División de
Coordinación. A las reuniones del Comité podrán asistir las autoridades o funcionarios
de la Administración del Estado
cuya concurrencia sea solicitada
por el Ministro del Interior.
Aunque no está considerado en la ley
de la DISPI, el director del servicio también concurre al Comité de Seguridad, que
sesiona en forma quincenal. Éste también es presidido por el Ministro del Interior, y asisten como miembros el Subsecretario
del Interior, el Subsecretario Carabineros, el Subsecretario Investigaciones,
el Intendente de la Región Metropolitana, el Subjefe del Estado Mayor de la
Defensa Nacional, el Director de Orden y Seguridad de Carabineros y el Director
de Investigaciones.
En su breve existencia, la DISPI no ha sido
objeto de denuncias por violación de los derechos ciudadanos ni otros actos
ilícitos. Esto se ha debido, en parte, a la excelencia en la selección del
personal de analistas –todos son profesionales universitarios- y de sus
directores, considerados como personalidades intachables.
La DISPI ha centrado su trabajo en el
tema de la gobernabilidad democrática, a contrapelo del viejo esquema del
enemigo interno de la Doctrinad de Seguridad Nacional y de la contrainteligencia
tradicional contra los vecinos territoriales.
A propósito de los sucesos de espionaje que
se produjeron al inicio de la transición chilena, en el período 1992-1993 la
Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados hizo una investigación de dichos
eventos y redactó un informe sobre los servicios de inteligencia, en el que le
recomendaba al gobierno establecer mecanismos de control interno de las
actividades de inteligencia. Entre sus conclusiones, la comisión se inclinó por
el despacho de una ley de Bases Generales de los Servicios de Inteligencia;
incluso llegó a redactar un anteproyecto de ley. Asimismo, consagró una serie
de principios básicos que deben orientar la actividad: a saber, a) seguridad de
las personas y derecho a la intimidad y privacidad de las mismas; b) separación
entre el concepto de inteligencia interna e inteligencia en el área de defensa
externa del Estado, y c) incorporación de la fiscalización parlamentaria.
Sin embargo, las recomendaciones de la
comisión, aunque fueron bien recibidas por el gobierno, quedaron relegadas a un
segundo plano, en parte por la gran acumulación de temas referentes a las
Fuerzas Armadas, y en parte también esperando un momento de mayor normalidad para realizar dichas
reformas.
Los ataques terroristas del 11 de
septiembre en Estados Unidos dieron el motivo ideal para que el gobierno
chileno planteara su intención de crear un sistema nacional de inteligencia.
El proyecto de ley que presentó al
Parlamento el gobierno del Presidente Ricardo Lagos a fines de 2001, considera
a la inteligencia como ”un instrumento gubernamental legítimo y necesario”, y
al Sistema de Inteligencia del Estado que se pretende establecer como un
mecanismo útil
e indispensable, debido a que “la reglamentación vigente en materia de
servicios de inteligencia adolece de insuficiencias en relación con la eficacia
de tal institucionalidad”.
El proyecto establece una Agencia Nacional
de Inteligencia (ANI), que será cabeza del Sistema de Inteligencia del Estado.
La ANI es concebida como un servicio público descentralizado, de carácter
técnico y especializado. Dependerá del Presidente de la República, quien
nombrará a su director y será de su exclusiva confianza. Será la sucesora legal
de la DISPI.
La ANI deberá realizar apreciaciones de
inteligencia a nivel nacional e internacional; podrá requerir información a los
servicios militares y policiales de inteligencia, y “aportar la información
especializada para la formulación de políticas, estrategias, planes y programas
necesarios para el resguardo de la seguridad del Estado, la seguridad del
gobierno, la vigilancia del régimen democrático y la estabilidad
institucional”.
El proyecto establece que para el caso de
ser necesario el uso de acciones intrusivas y métodos encubiertos, cada jefe de
servicio –tanto civil como uniformado- deberá requerir autorización judicial
ante un ministro de la Corte de Apelaciones de su jurisdicción. La ANI, en todo
caso, pedirá la colaboración de las Policías de Carabineros e Investigaciones
para estos casos, pues no tendrá carácter operativo.
El control interno lo ejercerán los
respectivos jefes de los servicios de inteligencia, y el control externo estará
en manos de la Contraloría General de la República, los Tribunales de Justicia
y una comisión especial de la Cámara de Diputados.
Los principios fundamentales del proyecto,
aplicables a todos los servicios de inteligencia existentes en el país, son: a)
respeto al ordenamiento jurídico; b) respecto al régimen democrático y la
estabilidad institucional; c) respeto a los derechos constitucionales de las
personas; d) autorización judicial previa; e) proporcionalidad de las medidas
intrusivas; f) los funcionarios deben guardar reserva de por vida para
garantizar la intimidad de las personas y la eficacia de las labores de
inteligencia, y g) utilización exclusiva de la información para fines del
Estado.
El proyecto fija para la ANI una planta no
superior a 125 funcionarios. Esto contrasta con otros servicios analizados,
cuya dotación se mantiene en secreto o es infinitamente mayor.
A diferencia del inicio de la transición
democrática, las Fuerzas Armadas han dado pleno respaldo a la idea del gobierno
de crear la nueva agencia. De hecho, fueron consultadas durante todo el proceso
de formulación del proyecto de ley, el cual duró casi un año.
En declaraciones a la prensa luego que el
Ejecutivo presentara el proyecto a la opinión pública, el general Roberto
Arancibia Clavel, director de Inteligencia del Ejército en ese momento, sostuvo
que la labor de inteligencia debe entenderse como un aporte al crecimiento
nacional y desechó categóricamente las inquietudes surgidas en la izquierda,
que sufrió los rigores de la dictadura. En declaraciones a la prensa, Arancibia
indicó que la implementación de una agencia de inteligencia no puede entenderse
como algo ajeno a la realidad del país, sino como una entidad vital capaz de
analizar todos los campos de acción posibles que puedan afectar el desarrollo.
“Vivimos en un mundo globalizado, en competencia, que requiere que todos los
esfuerzos del país estén apuntados a que a Chile le vaya bien”, acotó el jefe
militar.
Sostuvo que los atentados ocurridos en Estados Unidos obligan a pensar en la
conveniencia de una agencia de análisis de inteligencia, una actividad que debe
orientarse a aprovechar oportunidades y disminuir las amenazas contra el país.
Recordó que desde el 11 de septiembre, cuando fueron perpetrados los ataques
terroristas, el Comité Consultivo de Inteligencia chileno ha estado en alerta
permanente.
Según se comprueba por una serie de
documentos de trabajo e investigación, en el seno de las Fuerzas Armadas se
venía desarrollando una nueva visión sobre la actividad de inteligencia, la que
ha sido fuertemente influida por los
cambios producidos en el país desde la recuperación de la democracia. Como señala un autor militar, “lo esencial es
asumir que la inteligencia entró en la dinámica del cambio y el pluralismo, un
sello de estos tiempos (...) La «cuestión de la inteligencia», sus roles, capacidades, objetivos,
su dirección, su actividad, su control, etc., siguen siendo un tema pendiente
desde 1990”.
Concluye afirmando que “toda esta reforma debe tener como objetivo último
disponer de un sistema de inteligencia no sólo capaz de hacer frente a la
creciente demanda de información que necesitará nuestro gobierno en el siglo
que se inicia, sino que ofrezca ese potencial con un absoluto respeto del
Estado de Derecho y a los principios democráticos que guían nuestra actual
sociedad”.
El mismo autor recién citado propone la
creación de una Escuela Nacional de Inteligencia y la consolidación de una
política de inteligencia transparente y abierta a las distintas áreas de la
comunidad mediante cursos, seminarios y conferencias.
Otro autor militar sugiere que la comunidad
de inteligencia esté dirigida por un Consejo Consultivo de Inteligencia, que
sea convocado por el Ministro Secretario General de la Presidencia.
Por su parte, Guillermo Holzmann, profesor
de la Universidad de Chile y experto en temas de inteligencia, cree que el organismo de inteligencia debe
tener rango ministerial y depender directamente del Presidente de la República.
Debe ser pequeño y estar estructurado alrededor de cuatro ejes temáticos
fundamentales: a) político nacional e internacional; b) estratégico y Defensa;
c) económico nacional e internacional, y d) científico y tecnológico.
En todo caso, la prensa local se ha hecho
eco de la polémica que ha surgido por el proyecto. Ésta se concentra en la
dependencia de la nueva ANI y la modalidad para el nombramiento del futuro
director de la agencia. Los parlamentarios desean tener injerencia en el
nombramiento o, por lo menos, en su remoción. No quieren que en el futuro el
organismo se transforme en una policía política al servicio del gobierno de
turno.
También hay discusión sobre la dependencia.
Algunos piensan que la ANI debería depender del Ministerio del Interior, y que
sea éste el políticamente responsable frente a eventuales dificultades en el
futuro. Baldo Prokurica, un senador de oposición, señaló que, en todo caso, el
director de la ANI debe ser un civil.
Según señala el influyente diario El Mercurio, el proyecto “postula
la ANI como un servicio no operativo que se relaciona directamente con el
Presidente de la República y que coordina las seis dependencias que hoy existen
en estas materias, como son las de cada una de las tres ramas de las Fuerzas
Armadas, de Carabineros, de Investigaciones y la Dirección de Seguridad Pública
e Informaciones. El proyecto, rechazado por el Partido Comunista por estar
destinado a perseguir a los «enemigos del sistema», ha
contado con el apoyo parcial de otros sectores políticos, que han manifestado
la necesidad de que el Senado apruebe la designación del jefe de la oficina
propuesto por el Presidente de la República y que su objetivo sea reunir
información para combatir el terrorismo, el narcotráfico y las actividades que
amenacen la seguridad de las personas. Asimismo, se ha sugerido la creación de
un consejo integrado por representantes de los poderes Legislativo y Judicial
que garantice el respeto de los derechos de las personas”.
Otros consideran que se debería incrementar
el control parlamentario a tres niveles: mediante la aprobación del
nombramiento del director del organismo de inteligencia designado por el
Presidente de la República; a través la aprobación del plan de inteligencia
anual, y por medio de la solicitud de cuentas periódicas de la labor realizada
y del gasto presupuestario.
El proyecto de la ANI también ha recibido
críticas desde la izquierda. Es el caso de la abogada de derechos humanos y
dirigente del Partido Socialista –en el gobierno-, Pamela Pereira. Ella
considera que el proyecto “propone un sistema que violenta las garantías
individuales, porque violenta la libertad de las personas. Además, con el
sistema de inteligencia más la agencia, se crea un monstruo con dos cabezas,
que está fuera de todo control eficaz y en el que el ciudadano común queda
absolutamente desprotegido”. Añade que “cualquiera que tenga una opinión
discrepante va a pasar a ser un sospechoso y, por lo tanto, va ser objeto de
investigación. Los sospechosos van ser los ecologistas, los indígenas, los
organismos de derechos humanos, de derechos de los ciudadanos, los partidos
políticos, sindicatos”.
Por último, el Parlamento chileno
discute actualmente un proyecto de ley que establece una Unidad de Análisis e
Inteligencia Financiera que funcionará como una dependencia del Ministerio de
Hacienda y que tiene por fin controlar el lavado de dinero. De este modo, el país
podrá cumplir con compromisos asumidos en los tratados suscritos, como es la
Convención contra el Crimen Transnacional Organizado y las obligaciones
internacionales adquiridas por la incorporación al Grupo de Acción Financiera
de Sudamérica.
Perú
Los servicios de inteligencia peruanos,
igualmente que en otros países de la región, siempre estuvieron en manos de los
militares. Pero no es hasta 1992, cuando el Presidente Alberto Fujimori y la
cúpula militar dieron un autogolpe, que la inteligencia se convirtió en un arma
esencial para la sustentación del régimen.
Como señala un distinguido testigo de dichos
acontecimientos, “en 1992, se cambian las reglas de juego básicas y se impone
una concepción de democracia que buscaba la eficacia en la lucha contra el
terrorismo y la introducción de un modelo de reglas de mercado libre, que
siendo eficaz en lo primero, hizo tabla rasa del respeto a los derechos humanos
e impuso la cultura de lo secreto al amparo de la cual creció como un hongo el
más alto grado de corrupción que haya conocido el mundo. Todo ello, hay que
reconocerlo, con participación de las Fuerzas Armadas dentro de las cuales se
tejió una red de corrupción conducida desde una cúpula que manipuló el poder
para delinquir”.
En 1991, el Presidente Fujimori había
tratado sin éxito de modificar el sistema de inteligencia, mediante la
promulgación del Decreto Supremo No. 746. Éste fue rechazado por el Congreso
debido al evidente carácter antidemocrático del mismo. Entre sus puntos más
controvertidos, se señalaba que “el sector público y privado proporcionarán
obligatoriamente al Sistema de Inteligencia Nacional las informaciones y
documentos que éste solicite, bajo responsabilidad penal”.
Luego del autogolpe, Fujimori pudo
reorganizar la inteligencia del país a su entera disposición. Mediante el
decreto ley No. 25.695 del 21 de julio de 1992, el Sistema de Inteligencia
Nacional (SIN) fue dotado de rango ministerial, dependiendo directamente del
Presidente de la República. Aunque nominalmente el jefe del SIN fue siempre un
general del Ejército en servicio activo, el verdadero ejecutor fue siempre
Vladimiro Montesinos, el asesor personal de Fujimori.
El presupuesto del SIN era secreto y no
existía ningún tipo de fiscalización. Según Alfonso Panizo, jefe del servicio
durante el gobierno de transición que sucedió a Fujimori, luego de su huída al
Japón, se rebajó su presupuesto en una tercera parte, hasta US$ 2,5 millones. Según
otras fuentes, el SIN de Montesinos llegó a contar con un presupuesto anual de
US$ 300 millones.
Según Juan Velit, actual director de la
inteligencia peruana, el SIN fue el “corazón palpitante” del sistema que
estableció Montesinos junto a Fujimori y la cúpula militar.
Aprovechando el poder que ejercía desde el
SIN, Montesinos y sus secuaces –muchos de ellos altos mandos de las Fuerzas
Armadas y la Policía Nacional-pudieron amasar una fortuna de por lo menos US$
270 millones, oculta en cuentas secretas
en diversas partes del mundo. Esta cuantiosa suma fue lograda mediante la
extorsión, el tráfico de drogas, el tráfico de armas y el robo de las arcas
fiscales del país.
Igual que en otros países, el poderoso SIN
fue articulado para reprimir la disidencia política e incluso las veladas
críticas que provenían de las propias Fuerzas Armadas. Por lo mismo, fue
incapaz de prevenir, por ejemplo, el conflicto bélico que estalló con Ecuador,
el que encontró al país sin mayor preparación. En el combate al terrorismo,
también hay diversos indicios sobre su reducida eficacia.
Montesinos supo rodearse de incondicionales. Mediante su influencia sobre
Fujimori, logró catapultar a los más altos cargos de las Fuerzas Armadas a
hombres de su confianza, la mayoría de ellos de la especialidad de
inteligencia. Fue el caso de los comandantes generales de la Marina y la Fuerza
Aérea, Américo Ibárcena y Elesván Bello, respectivamente, y el jefe de la
Dirección de Inteligencia del Ejército, general Juan Yanqui, por añadidura
paisano de Montesinos. Todos
se encuentran ahora en la cárcel, acusados de actos de corrupción.
También está detenido Roberto Huamán
Azcurra, encargado del SIN para la intervención sobre las comunicaciones
telefónicas e Internet. Además, participó en el planeamiento y ejecución de los
asesinatos de algunos disidentes en la Universidad Nacional de Educación (La
Cantuta).
En marzo de 2001, fueron detenidos el jefe
del SIN entre los años 1992 y 1998, general Julio Salazar Monroe, y el ex jefe
del servicio de inteligencia del Ejercito, general Juan Rivera Lazo, ambos
retirados, por su responsabilidad en la violación de derechos humanos,
específicamente en la masacre de Barrios Altos, ocurrido en Lima en 1991. Esta
detención fue posible luego que la Corte Interamericana de Derechos Humanos
declarara sin efecto la ley de amnistía de 1995, con la que el régimen de
Fujimori pretendió beneficiar a los mandos militares implicados en crímenes.
Asimismo, en abril de 2002 fueron apresados
el ex jefe de inteligencia de la Fuerza Aérea, general Jorge Malpartida, y el
ex comandante general de la Marina, almirante Alfredo Arnaiz. Ambos fueron
acusados de desviar fondos de sus instituciones a las arcas del SIN.
Luego de que se develara la red de
corrupción encabezada por Montesinos, en noviembre de 2000 el agónico gobierno
de Fujimori se vio en la obligación de llamar a elecciones presidenciales
anticipadas y decretar la disolución del SIN. En su reemplazo, el gobierno
presentó un proyecto de ley que creaba la Central Nacional de Inteligencia.
Su concepto era claramente militar. En su
artículo 1 se afirmaba que la “Central Nacional de Inteligencia es un organismo
del Estado, que en su especial naturaleza, cumple funciones reservadas
directamente vinculadas con la Defensa Nacional”. En el artículo 2 se le hacía
depender directamente del Presidente de la República. El director integraría el
Consejo de Defensa Nacional y asistiría a las sesiones del Consejo de
Ministros, con derecho a voz.
Sin embargo, el Congreso ni siquiera llegó a
discutir este proyecto, pues el régimen se desplomó rápidamente, y su máximo
líder escapó del país.
El gobierno de transición, encabezado por el
político civil Valentín Paniagua, debió partir de cero. Los sucesores de
Montesinos en el área de inteligencia -general ® Juan Campos y vicealmirante ®
Alfonso Panizo, respectivamente- debieron eliminar todo el personal ligado al
ex asesor. La reducción fue drástica, pues se pasó de 5.000 a 400 funcionarios.
Entre ellos, se encontraban 800 miembros de la guardia de seguridad personal de
Montesinos.
El Congreso aprobó en junio de 2001, la ley
No. 27.479 del Sistema de Inteligencia Nacional. Esta ley creó el Consejo
Nacional de Inteligencia (CNI), como cabeza del sistema, y la Dirección
Nacional de Inteligencia Estratégica, como organismo operativo del mismo.
De acorde a las nuevas orientaciones
democráticas de la sociedad peruana, se estableció en el artículo 3, que “el
Sistema de Inteligencia Nacional tiene como fundamentos la preservación de la
soberanía nacional y la defensa del estado de derecho, enmarcado dentro del
estricto respeto de los derechos humanos”.
El director del CNI es un cargo de
confianza, designado por el Presidente de la República. A su vez, depende del
presidente del Consejo de Ministros y es miembro nato del Consejo de Defensa
Nacional.
El CNI está compuesto por su director, el
director de Inteligencia Estratégica y representantes del Estado Mayor Conjunto
de las Fuerzas Armadas y de los Ministerios de Interior, Relaciones Exteriores,
Economía y Finanzas y Educación.
La Dirección Nacional de Inteligencia
Estratégica (DINIE) es el organismo ejecutor del CNI, pues realiza la búsqueda,
procesamiento y diseminación de la información.
Se crea una Comisión Ordinaria de
Inteligencia del Congreso de la República que tiene como misión fiscalizar el
funcionamiento y la ejecución de los recursos presupuestarios del CNI, pero no
hay referencia respecto del control de las actividades operativas del mismo.
Se crea una Junta Consultiva de
Inteligencia, presidida por el director de la CNI y compuesta por los jefes de
inteligencia de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y del Ministerio del
Interior.
En noviembre de 2001, mediante la ley No.
27.589, se quitó el carácter secreto a la publicación del reglamento de
organización y funciones del CNI. Se les consideró documentos públicos y serán
dados a conocer en el diario oficial del Estado.
Igual que en Chile, por ley No. 27.693 de
abril de 2002, se creó una Unidad de Inteligencia Financiera, como complemento
a los organismos de inteligencia del Estado.
En enero de 2002, el Presidente Alejandro
Toledo nombró como jefe máximo del CNI a Juan Velit, reconocido periodista,
internacionalista, experto en asuntos militares y ex congresista del partido
Perú Posible. La designación del jefe de la Dirección de Inteligencia
Estratégica recayó en el general ® del Ejército, Daniel Mora, quien se destacó
por su fuerte oposición al régimen de Fujimori.
Por otro lado, parlamentarios gobiernistas
han recomendado a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Congreso
que estudie y formule un proyecto de ley que regule los casos y procedimientos
en los que proceda interceptar o intervenir las comunicaciones. Hasta ahora, la
legislación peruana existente es muy débil en la protección de la intimidad de
las personas.
El atentado terrorista de marzo de 2002,
perpetrado tres días antes de la visita del Presidente Bush al Perú, puso
nuevamente en el tapete de la discusión la actuación de los servicios de
inteligencia. Para muchos, éstos no han sido lo suficientemente eficientes.
El propio Velit reconoció que la
organización que él comanda, está en pañales. “Desgraciadamente debo confesar
que el CNI estaba desmantelado. Actualmente no tiene instrumentos para
trabajar. Principalmente carecemos de personal. Nuestros cuadros no están
preparados todavía para asumir tareas delicadas. Preparar un cuadro de
inteligencia es un proceso lento. Más o menos se calcula que se necesitan entre
siete a diez años para adiestrarlo y ponerlo operativo”.
Por su parte, el general ® Daniel Mora opinó
que fue una total exageración haber desactivado el SIN. Reconoció que si bien
el SIN tuvo demasiado poder durante el gobierno de Fujimori, ello no
justificaba su desactivación.
En el mismo orden de cosas, un diario
cercano a Fujimori considera que entre diciembre de 2000 y enero de 2001
“prácticamente todo el personal de la DIN (Dirección de Inteligencia Naval) fue
dado de baja por el gobierno de transición de Valentín Paniagua”. Sin embargo,
según el periódico, esta unidad habría sido fundamental en la desarticulación
de Sendero Luminoso.
El gobierno de Toledo no comparte dichas
críticas. El Ministerio del Interior, que encabeza Fernando Rospigliosi, otro
periodista que enfrentó a Fujimori y Montesinos, ha reforzado su capacidad de
inteligencia incorporando a oficiales que en los años noventa participaron en la captura de Abimael Guzmán y en el
desmantelamiento de Sendero Luminoso. Sus investigaciones ya han dado los
primeros resultados, al capturar a los eventuales responsables del citado
atentado explosivo en Lima.
En todo caso, una debilidad del modelo
peruano es la permanencia de una concepción que tiende a sobredimensionar la
actividad de inteligencia. Hay voces, como la del ex Presidente y general ®
Francisco Morales Bermúdez, que sostienen que para evitar que el nuevo CNI se
convierta nuevamente en un organismo corrupto, es necesario que los Ministerios
de Defensa, Interior y Relaciones Exteriores posean direcciones de inteligencia
independientes, cuyas actividades sean coordinadas en un comité
interministerial.
Hasta ahora, Juan Velit no ha dado muestras
de querer modificar la actual estructura de inteligencia que abarca, al menos
en el papel, a prácticamente todos los ministerios del gobierno.
Conclusiones
Los servicios de inteligencia del Cono Sur y
el Perú están en vías de consolidación, luego de que dichos países recuperaron
la democracia. En este proceso, ha habido aciertos y también errores. En todo
caso, el balance es positivo, pues existe voluntad de las dirigencias políticas
para enmendar las deficiencias, y la opinión pública muestra una fuerte
vocación para defender sus derechos frente a las eventuales transgresiones
provenientes de agencias gubernamentales.
Una de las mayores falencias detectadas es
la falta de control externo de los servicios de inteligencia. Pese a la
existencia de una frondosa legislación, muchas veces la práctica continúa
siendo la antigua, o sea, que las comisiones de control parlamentario son
pasivas, formales o actúan recién cuando se han consumado los hechos. Un caso
muy típico es el descrito en el caso de Brasil. Allí el Parlamento reaccionó
tardíamente, probablemente por desconocimiento, formando una comisión de
investigación luego que se dieron a conocer graves transgresiones cometidas por
la agencia brasileña de inteligencia.
En el develamiento de dichas transgresiones
juega un papel fundamental la prensa. La conclusión es que si están aseguradas
las libertades públicas y el periodismo independiente puede desarrollarse sin
restricciones, éste se convertirá en el mejor aliado de un control social sobre
los servicios de inteligencia.
En todo caso, el estudio de los casos
demuestra que donde hay menos problemas con la inteligencia es en aquellos
países que han debido comenzar prácticamente de cero. Es el caso de Chile y el
Perú. Mas todavía en Chile, donde no existía una experiencia anterior en
servicios de inteligencia de corte civil.
Por el contrario, en Argentina y Brasil,
países que poseen servicios de inteligencia de larga data, las dificultades han
sido mayores. Éstas han tenido que ver con una tendencia casi ancestral al
espionaje doméstico y a la mantención de prácticas operativas desarrolladas
durante los gobiernos de facto. Además, ha habido poca voluntad política para
deshacerse de funcionarios comprometidos con dichos regímenes de fuerza. En
dichos países será más difícil la transición, en parte porque este mal uso de
los servicios de inteligencia está fuertemente enraizado no solamente en los
propios servicios sino que en amplios sectores de la clase dirigente.
Otro hecho resaltante es la permanencia de
la influencia de las Fuerzas Armadas en las estructuras de inteligencia de los
países. Esto ocurre especialmente en los casos de Brasil y el Perú. Dicha
injerencia de los militares, en algunos casos va en directo desmedro de la
participación de los civiles en dichas materias.
Por último, se detecta cierta tendencia
al sobredimensionamiento de algunos servicios, tanto en lo que respecta al
número de funcionarios, al presupuesto involucrado y a las funciones operativas
que poseen. También aquí se da el hecho de que los países con menor experiencia
en el área, Chile y el Perú, están estructurando servicios más bien pequeños,
que se están especializando en la inteligencia estratégica y que restringen o
simplemente prescinden de facultades operativas.
