Servicios de
Inteligencia en Sudam�rica. Estado de situaci�n en una perspectiva comparada
Carlos Maldonado Prieto
[email protected]
Instituto de Cooperaci�n
para la Seguridad Hemisf�rica
(WHINSEC)
Fort Benning, Georgia,
Estados Unidos
Junio de 2002
Introducci�n
Como es sabido, las dictaduras militares
sudamericanas de los a�os setenta y siguientes, establecieron servicios de
inteligencia que participaron activamente en la violaci�n de los derechos humanos.
En parte, dichos servicios, muchas veces en forma clandestina, derivaron de las
Direcciones de Inteligencia de las propias Fuerzas Armadas. En algunos casos,
tambi�n reclutaron a� sus miembros de las
Polic�as e incluso de agrupaciones de civiles.
Tampoco es desconocido que, pese a la
tradicional rivalidad nacionalista, existi� cierta coordinaci�n de los
servicios de inteligencia de las dictaduras militares del Cono Sur,
especializadas en la represi�n pol�tica, que ha sido conocido como Plan
C�ndor.
El presente trabajo intenta mostrar el
desarrollo de los sistemas de inteligencia en cuatro de los m�s importantes
pa�ses sudamericanos que han vivido procesos de dictaduras militares �o de un
gobierno civil con un fuerte componente militar como en el caso peruano- y,
posteriormente, de recuperaci�n de la democracia en a�os recientes. Se trata de
un estudio comparado de los casos de Argentina, Brasil, Chile y el Per�.
Recuperada la democracia y venciendo fuertes
resistencias corporativas, los diversos pa�ses han hecho esfuerzos por
establecer servicios de inteligencia completamente nuevos �como ha sucedido en
Chile y el Per�- o han reestructurado completamente las agencias ya existentes,
como ha ocurrido en Argentina y el Brasil.
Al estudiar los procesos de establecimiento
o reordenamiento de los sistemas de inteligencia de Estado en los pa�ses
citados, se podr� analizar uno de los �ngulos menos conocidos de la relaci�n
civil-militar y de la consolidaci�n de la democracia en la regi�n.
Actualmente, se asiste a una fuerte
discusi�n p�blica en Am�rica Latina sobre la inteligencia, las libertades
p�blicas y la seguridad en un mundo afectado por los acontecimientos del 11 de
septiembre en Estados Unidos.
Por otro lado, ha habido se�ales de un
resurgimiento del terrorismo en Chile y Per�, y
problemas sociales como la insurgencia del problema mapuche, entre
otros. Todos estos acontecimientos se�alan la necesidad de un eficiente sistema
de inteligencia en dichos pa�ses.
Hoy m�s que nunca, los servicios de inteligencia
est�n llamados a preocuparse seriamente por fen�menos globales tales como el
terrorismo, el narcotr�fico, el lavado de dinero, las amenazas al sistema
democr�tico y la anticipaci�n de situaciones de crisis regional.
Hay consenso entre
los acad�micos locales, que al analizar comparativamente la inteligencia en
Am�rica Latina se pueden identificar dos rasgos distintivos. Por un lado, las
estructuras que implementan la funci�n de inteligencia se caracterizan por
identificar como �nico eje de acci�n la defensa nacional y la seguridad
interior. Por lo mismo, son las Fuerzas Armadas y las Polic�as las que
desarrollan la mayor capacidad en esta materia.
Aunque ha habido
un fuerte proceso de democratizaci�n de las estructuras pol�ticas e
institucionales de los pa�ses de la regi�n, dicho esfuerzo no ha producido
cambios significativos con relaci�n a la inteligencia, toda vez que la matriz
utilizada no ha variado.
Un segundo rasgo
distintivo es la tensi�n que se observa entre la inteligencia y los derechos
democr�ticos y como �sta se pretende resolver. Es posible que esta tensi�n sea
la cuesti�n de mayor relevancia en naciones con democracias emergentes, puesto
que en la actualidad, muchas de ellas no han logrado consensuar un proyecto
pol�tico que establezca objetivos nacionales de mediano y largo alcance,
que permita direccionar adecuadamente la inteligencia estatal, aflorando
siempre el riesgo de utilizar la inteligencia como un arma pol�tica del
gobierno de turno, el uso impropio de informaci�n confidencial en contra de los
adversarios pol�ticos internos, el desv�o de fondos estatales para actividades
pol�tico-partidistas o de inter�s gubernamental y la violaci�n de los derechos
de los ciudadanos y sus garant�as constitucionales, entre otros.
La experiencia de
pa�ses con democracias consolidadas ha demostrado que una forma de enfrentar y
superar dichos riesgos, es establecer sistemas de controles que tenga por
objetivo asegurar la legitimidad y la eficiencia de estos
organismos y sus actividades. Esta misma experiencia ha establecido que dicho
sistema, m�s que significar restricciones y aumento de la burocracia estatal,
aseguran su eficacia, limitan sus costos, incrementan su profesionalizaci�n y,
finalmente, favorecen la aceptaci�n positiva por parte de la sociedad civil.
En materia de estructuras de inteligencia,
se pueden encontrar dos grandes modelos en la regi�n. Por un lado, hay pa�ses
donde opera un organismo de inteligencia civil, que por lo general depende de
forma directa del Presidente de la Rep�blica, combinando las funciones de
inteligencia exterior, interior y de contrainteligencia. Se complementa con
organismos militares de inteligencia. Por otro, se cuentan los pa�ses donde no
hay un organismo civil. Se compone de un subsistema de inteligencia militar y,
en el caso de existir, el organismo de inteligencia civil no depende del m�ximo
nivel, sino del Ministerio del Interior. Es el caso actual de Chile.
De acuerdo
a las tendencias existentes en la mayor�a de los pa�ses, y en particular en los
Estados democr�ticos, los organismos de inteligencia dedicados a acumular
informaci�n con el fin de proteger el orden democr�tico y la seguridad interior
del Estado tienen car�cter civil.
Hay una serie de otros temas pendientes en
el establecimiento de servicios de inteligencia absolutamente compatibles con
los principios democr�ticos. Entre ellos est�n el secretismo de sus actividades
que muchas veces es incomprendido o despierta justificadas sospechas en la
poblaci�n; el uso de los gastos reservados y t�cnicas intrusivas como espionaje
telef�nico y otras, y la falta de control por parte de las autoridades
pol�ticas y judiciales; la ya citada tendencia a la utilizaci�n de los
servicios de inteligencia para espiar a los enemigos pol�ticos internos en desmedro
del desarrollo de una inteligencia estrat�gica con fines de alta pol�tica y
defensa de los intereses nacionales; por �ltimo, el nuevo fen�meno del
surgimiento de una inteligencia privada que se convierte en una fuerte
competencia para la inteligencia producida por el Estado.
Hay consenso entre los especialistas en que
la inteligencia �debiera ser empleada en el propio� territorio exclusivamente en relaci�n con las
�reales amenazas al Estado y al
sistema democr�tico�, con un criterio de excepcionalidad
y no de generalidad�.
Asimismo,
en los pa�ses democr�ticos m�s avanzados es una norma que los organismos de
inteligencia est�n sometidos a alg�n tipo de control externo, generalmente
realizado por instituciones independientes, por ejemplo, el Parlamento o grupos
ad hoc de personalidades
independientes, constituyendo una de las m�s importantes formas de supervisi�n.
Complementariamente, existen otros controles como el rol que desempe�a el Poder
Judicial con respecto a la protecci�n de las libertades p�blicas y su efecto en
relaci�n a las actividades que realizan los servicios de inteligencia.
Por otro
lado, hay que hacer una distinci�n entre organismos policiales y de
inteligencia estrat�gica. Por su funci�n espec�fica de recolecci�n de
informaci�n abierta o clasificada, los servicios de inteligencia no tienen como
fin colaborar estrechamente con la Justicia, como s� es el caso de los
organismos policiales. Su tarea principal es m�s bien prevenir y evitar actos
il�citos y asesorar a la instancia pol�tica. En la mayor�a de los casos, los
servicios de inteligencia tienen capacidad para investigar a las personas, pero
en general no pueden detener ni interrogar sospechosos. En muchos casos, surgen
dificultades y fen�menos de competencia e interferencia entre los servicios,
cuando las polic�as desarrollan departamentos de inteligencia propios, con el
objeto de no depender de la informaci�n que entregan los organismos de
inteligencia.
Conscientes de los peligros que acechan a
los servicios de inteligencia, especialmente su militarizaci�n o su
degeneraci�n hacia una polic�a pol�tica, los formuladores de pol�tica de
algunos pa�ses sudamericanos est�n tendiendo cada vez m�s a la conformaci�n de
�rganos de inteligencia de corte estrat�gico dotados de unidades y gabinetes de
analistas de alta calificaci�n acad�mica, bajo una concepci�n de an�lisis interm�stico.
Esto quiere decir que se debe interpretar y procesar la informaci�n en
simult�neo desde un enfoque exterior e interno, seg�n el patr�n que sigue la
agencia de inteligencia brasile�a.
En un plano
general, se puede hablar de cuatro tipos de controles sobre los servicios de
inteligencia. �stos son de car�cter administrativo, externo, judicial y
p�blico. El control administrativo
es ejercido por el Poder Pol�tico, y el propiamente interno de los mismos
servicios; el control externo es
ejercido mediante organismos de control independientes del Ejecutivo,
generalmente lo ejerce el Parlamento; un tercer tipo de control es el que
ejerce el Poder Judicial; hay un cuarto -y no por ello el menos importante- que
es el control que ejerce la prensa
y la opini�n p�blica.
En los
estudios de casos que se presentan a continuaci�n, se podr� percibir el
important�simo rol que juega el periodismo independiente en el control social de
los servicios de inteligencia.
Argentina
Luego del desastre de la Guerra de las
Malvinas y el t�rmino de la dictadura militar, los argentinos recuperaron la
democracia. Tanto el gobierno del Presidente Ra�l Alfons�n como su sucesor,
Carlos Menem, impusieron un severo control civil sobre las Fuerzas Armadas. Por
medio de las leyes de Defensa Nacional y Seguridad Interior, respectivamente,
los militares se vieron impedidos de actuar dentro de las fronteras del pa�s.
Esto tambi�n se extendi� a las actividades de inteligencia.
Paralelamente, la Secretar�a de Inteligencia
del Estado (SIDE), creada durante el primer gobierno del general Domingo Per�n,
fue potenciada como el m�ximo organismo civil de asesoramiento directo del
primer mandatario en materias de inteligencia.
Los atentados explosivos a la embajada
israelita (1992) y a la AMIA (1994) en Buenos Aires provocaron un mayor
fortalecimiento de las capacidades de la SIDE en materia de contraterrorismo y
dieron lugar al nacimiento de la cooperaci�n policial en el �mbito del
MERCOSUR, con la creaci�n del �rgano de la reuni�n de Ministros del Interior y
equivalentes.
Luego de los ataques terroristas del 11 de
septiembre de 2001 en Estados Unidos, las autoridades argentinas decidieron
extremar las medidas de seguridad en todo el pa�s, especialmente en la Triple
Frontera �en los l�mites con Paraguay y Brasil-, donde se sospecha que
operar�an c�lulas del fundamentalismo isl�mico. En Ciudad del Este y Foz do
Igua�u viven aproximadamente 30.000 habitantes de
origen �rabe, y un buen n�mero de ellos mantiene estrechas relaciones con
formaciones pol�ticas de sus pa�ses de origen, varias de las cuales podr�an
tener car�cter terrorista.
Junto con reforzar los organismos de
inteligencia y de polic�a, las autoridades pol�ticas tambi�n incrementaron los
controles sobre dichos cuerpos. En enero de 1992, la ley No. 24.059 de
Seguridad Interior estableci� una comisi�n bicameral de fiscalizaci�n de los
organismos y actividades de seguridad interior e inteligencia.
La comisi�n
est� integrada por seis miembros del Senado e igual n�mero de miembros de la
C�mara de Diputados, designados por las C�maras respectivas. Tiene car�cter
permanente y puede dictar su propio reglamento interno.
La comisi�n
debe verificar que el funcionamiento de los organismos de inteligencia se
ajuste estrictamente a lo preceptuado en las normas constitucionales, legales y
reglamentarias vigentes, constatando la estricta observancia y respeto de las
garant�as individuales consagradas en la Constituci�n, as� como las
disposiciones contenidas en la Declaraci�n Americana de Derechos Humanos
-conocida como Pacto de San Jos� de Costa Rica-, incorporada al ordenamiento
legal argentino.
La comisi�n
tiene todas las facultades y atribuciones necesarias para el cumplimiento de su
cometido y, en especial, para la realizaci�n de las investigaciones que fueran
pertinentes en los organismos de inteligencia. Est� especialmente facultada
para: a) requerir de todo organismo o ente p�blico nacional, provincial o
municipal, como asimismo de actividades privadas, toda la informaci�n que
estime necesaria, la que deber� ser suministrada; b) requerir del Poder
Judicial que cite y haga comparecer con el auxilio de la fuerza p�blica a las
personas que se considere pertinentes, a fin de exponer sobre hechos vinculados
a la materia de la comisi�n; c) requerir de los organismos judiciales
pertinentes, se impida la salida del territorio nacional, sin autorizaci�n, de
aquellas personas que constituyeran objeto de la investigaci�n a emprenderse, y
d) proponer al Poder Ejecutivo las medidas tendientes a la superaci�n de las
deficiencias que se advirtieran con motivo de las investigaciones propuestas.
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La comisi�n
produce anualmente un informe p�blico al Senado y la C�mara de Diputados y un
informe secreto, suministrado luego al gobierno, en el cual informa respecto de
resultados de la labor desarrollada y las mejoras que es necesario implementar.
Aunque la citada comisi�n posee
importantes facultades, existe la impresi�n de que su actividad ha tendido a
ser m�s bien formal, no involucr�ndose profundamente en el control de las
actividades concretas de inteligencia.
Pese a los mecanismos de control
introducidos, y probablemente debido a una fiscalizaci�n meramente formal, en
los �ltimos a�os se han sucedido serias acusaciones en contra de los organismos
de inteligencia. Varios dirigentes pol�ticos y de entidades de derechos humanos
han acusado a la SIDE y a la inteligencia militar de escuchar clandestinamente
sus conversaciones telef�nicas y sembrar sus oficinas con micr�fonos. Sin
embargo, las denuncias judiciales no han prosperado hasta ahora, debido a que
la legislaci�n del pa�s no contempla sanciones para dichas escuchas.
El hecho m�s grave se produjo cuando la
SIDE, encomendada por el gobierno, pag� sobornos a unos senadores, de modo de
asegurar la aprobaci�n de una controvertida ley que el Ejecutivo consideraba
decisiva. Este esc�ndalo fue denunciado en junio de 2000 gracias a
investigaciones period�sticas independientes. Seg�n �stas, el gobierno, a
trav�s de la SIDE, habr�a sobornado con US$ 50.000 a una cierta cantidad de
parlamentarios.
Asimismo, en noviembre de 2000, se hallaron
micr�fonos en las oficinas de An�bal Ibarra, jefe del gobierno de la ciudad de
Buenos Aires.
Anteriormente, otros dirigentes tambi�n
hab�an presentado quejas similares. El ex Presidente Carlos Menem y el
Vicepresidente del gobierno encabezado por Fernando de la R�a, Carlos Chacho
�lvarez, del FREPASO, ambos severos cr�ticos del gobierno radical, denunciaron
sendas intercepciones telef�nicas.
A ello se agreg� la queja oficial de la CIA
estadounidense acusando a la SIDE de falta de cooperaci�n y el seguimiento de
sus funcionarios.
Finalmente, en octubre de 2000 y luego de
una grave crisis en la alianza gubernamental �que incluy� la renuncia de Chacho
�lvarez y el distanciamiento de una parte de la Uni�n C�vica Radical, el
partido del Presidente De la R�a- el primer mandatario se vio forzado a
despedir al jefe de la SIDE, Fernando de Santiba�es, un estrecho colaborador
suyo y amigo personal.
Santiba�es, un economista
graduado en la Universidad de Chicago, se hab�a granjeado las simpat�as de la
opini�n p�blica al realizar dr�sticos cambios en la SIDE apenas asumi� el
gobierno aliancista. Las medidas m�s importantes fueron la reducci�n de casi el
50% de los funcionarios �la mayor�a informantes y personal subalterno- y el
consiguiente recorte del presupuesto institucional. Se estima que hasta la
llegada del Presidente De la R�a el presupuesto era de unos US$ 360 millones al
a�o. La reducci�n fue de m�s o menos el 50%. Seg�n algunas fuentes, la SIDE
tendr�a actualmente un presupuesto anual de US$ 130 millones.
Adem�s, Santiba�es limpi� sus filas
de funcionarios involucrados en torturas y actos de represi�n, la mayor�a
heredados del per�odo del gobierno militar, e instal� un destacado equipo de
profesionales y acad�micos, con el prop�sito de mejorar la calidad del trabajo
de inteligencia y recuperar la deteriorada imagen de la instituci�n, acusada de
haber sido utilizada por el saliente gobierno peronista para sus fines
pol�ticos particulares.
Algunos de dichos agentes exonerados se
aglutinaron en torno a organizaciones de hecho y trataron de desprestigiar, e
incluso extorsionar, mediante la informaci�n que conocieron durante su
servicio, a las autoridades de la inteligencia civil.
Despu�s de los esc�ndalos denunciados, se
hicieron esfuerzos por introducir mayor transparencia en el �mbito de la
inteligencia. En diciembre de 2001, el Parlamento aprob� y el gobierno public�
la nueva ley No. 25520 de Inteligencia Nacional, la que reforz� nuevamente los
controles sobre los servicios.
En el art�culo 4 se establece que ning�n
organismo de inteligencia puede realizar tareas represivas, ni poseer funciones
policiales ni de investigaci�n policial. Tampoco puede almacenar datos sobre
personas por el solo hecho de su fe religiosa, raza, etc., as� como por la
actividad l�cita que desarrollen en cualquier esfera de acci�n. Asimismo, se
destaca que son inviolables, excepto una orden judicial en sentido contrario,
todas las comunicaciones telef�nicas, postales, etc.
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En el orden organizativo, la ley cambia el
nombre de la SIDE por el de Secretar�a de Inteligencia, renombra la Direcci�n
de Inteligencia Interior de la ex SIDE por la de Direcci�n Nacional de
Inteligencia Criminal, y crea la Direcci�n Nacional de Inteligencia Estrat�gica
Militar que debe tener a su cargo a los servicios de inteligencia de las
Fuerzas Armadas.
La nueva Secretar�a est� a cargo del
Secretario de Inteligencia, con rango de Ministro de Estado, el cual es
designado por el Presidente de la Rep�blica, previa consulta no vinculante con
la Comisi�n Bicameral de Fiscalizaci�n de los Organismos y Actividades de
Inteligencia del Congreso.
La ley se�ala expresamente que cualquier
intervenci�n de interceptaci�n deber� ser solicitada a los tribunales. Para ese
fin se crea la Direcci�n de Observaciones Judiciales, �nico organismo al
interior de la Secretar�a facultado para realizar dichas operaciones.
Tambi�n llama la atenci�n el art�culo 23 que
proh�be desempe�arse como funcionario de todo organismo de inteligencia a
quienes registren antecedentes por cr�menes de guerra, contra la humanidad o
por violaci�n a los derechos humanos.
Por �ltimo, se crea la Comisi�n Bicameral de
Fiscalizaci�n de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso �que
en la pr�ctica reemplaza a la comisi�n que instituy� la ley No. 24.059 de
1992-, la que tendr� amplias facultades para controlar e investigar de oficio.
A su requerimiento, y con los recaudos establecidos en la propia ley, los
organismos del sistema de inteligencia nacional deber�n suministrar la
informaci�n o documentaci�n que la Comisi�n solicite. Asimismo queda facultada
para recepcionar denuncias formuladas por personas f�sicas y jur�dicas sobre
abusos o il�citos cometidos en el accionar de los organismos de inteligencia y
la investigaci�n de las mismas.
Brasil
En el caso brasile�o, los servicios de
inteligencia tambi�n son de larga data. El primero de todos fue el Servicio
Federal de Informaciones (SFICI), creado en 1946, en plena vigencia de la
democracia. Los militares lo cambiaron por el Servicio Nacional de
Informaciones (SNI), en 1964, luego del golpe de Estado. Tambi�n se cre� la
Escuela Nacional de Informaciones.
Estos organismos fueron concebidos como
auxiliares de la Doctrina de Seguridad Nacional, que consideraba cualquier tipo
de disidencia interna como un enemigo en potencia. En este sentido, colaboraron
especialmente en la eliminaci�n de los grupos guerrilleros que surgieron en ese
per�odo, y en el control de la oposici�n pac�fica contra el r�gimen militar.
En 1985, al retorno de la democracia,
comenz� la reestructuraci�n del sistema de inteligencia. En 1990, el Servicio
Nacional de Informaciones ces� sus funciones. El Presidente Collor de Melo cre�
en 1992 la Secretar�a de Asuntos Estrat�gicos (SAE). Y el Presidente Itamar
Franco agreg� al SAE una Subsecretar�a de Inteligencia (SSI).
Desde 1995, el Presidente Fernando Enrique
Cardoso trabaj� en la idea de crear la Agencia Brasile�a de Inteligencia
(ABIN). El proyecto fue presentado al Congreso en 1997 y aprobado dos a�os m�s
tarde.
La ABIN fue creada mediante la ley No.
9.983, en diciembre de 1999. Simult�neamente, se estableci� una comisi�n bicameral
de control, compuesta por los presidentes de los bloques mayoritario y
minoritario de la C�mara de Diputados y del Senado federal, as� como los
presidentes de las comisiones de Defensa y Relaciones Exteriores de ambas
c�maras.
Esta ley instituy� el Sistema Brasile�o de
Inteligencia y la Agencia Brasile�a de Inteligencia, la ABIN. Para marcar la
diferencia con el pasado, el eslogan de la ABIN es �La inteligencia en defensa
de la sociedad, el Estado democr�tico de Derecho y los intereses nacionales�.
La ley se�ala que la ABIN es un �rgano de asesoramiento directo del
Presidente de la Rep�blica, y tiene a su cargo planificar, ejecutar, coordinar,
supervisar y controlar las actividades de inteligencia del pa�s.
El director general de la ABIN es nombrado
por el Presidente de la Rep�blica, previa aprobaci�n por el Senado federal.
Asimismo, la ABIN absorbi� la unidad t�cnica
encargada de acciones de inteligencia vinculada a la Casa Militar de la
Presidencia. Lo mismo ocurri� con las actividades de inteligencia de la
Secretar�a de Asuntos Estrat�gicos de la Presidencia.
La agencia est� compuesta por la direcci�n
ejecutiva de planificaci�n y coordinaci�n y los departamentos jur�dico, de
tecnolog�a, de administraci�n, de inteligencia, de operaciones de inteligencia,
de contrainteligencia, adem�s de la escuela de inteligencia y organismos
regionales.
Aparte del control parlamentario ya
descrito, existe un control interno -tambi�n a nivel contable-, ejercido por la
Secretar�a de Control Interno de la Presidencia.
En mayo de 2002, fue aprobada una ley que
fija la carrera de los funcionarios de inteligencia. Seg�n �sta, los cargos son
llenados por concurso p�blico e incluyen ex�menes de conocimiento, presentaci�n
de t�tulos y ex�menes de salud f�sica y mental. Luego de la incorporaci�n, el
nuevo funcionario debe aprobar un curso de formaci�n en la Escuela de
Inteligencia de la propia ABIN.
La ley tambi�n fij� una planta de 1.600
analistas de informaci�n, de nivel superior, y 300 auxiliares de informaci�n,
de nivel intermedio, medida que deber� ser efectiva completamente a partir del
1 de enero de 2003.
El presupuesto de la agencia, al menos para
el a�o 2001, fue� de US$ 12 millones.
Paralelamente, en diciembre de 2000,
mediante el decreto No. 3.695, el gobierno brasile�o cre� el Subsistema de
Inteligencia de Seguridad P�blica, integrado por los Ministros de Justicia
(Interior), Hacienda, Defensa e Integraci�n Nacional, y el Gabinete de
Seguridad Institucional de la Presidencia. Esta nueva organizaci�n es dirigida
por la Secretar�a Nacional de Seguridad P�blica del Ministerio de Justicia. El
�rgano ejecutivo es el Consejo Especial del Subsistema de Inteligencia de
Seguridad P�blica. Tambi�n participa un representante de la ABIN.
Por �ltimo, en mayo del mismo a�o, mediante el decreto No. 3.493, la
ABIN pas� a ser integrante del Gabinete de Seguridad Institucional de la
Presidencia, central del Sistema Brasile�o de Inteligencia.
Precisamente, esta
�ltima medida fue muy criticada por
consider�rsele contradictoria con la g�nesis de la ABIN. Varios representantes del estamento acad�mico brasile�o
consideran que la creaci�n de la agencia de inteligencia, o al menos su
ubicaci�n en el organigrama del proceso de toma de decisiones, fue un paso
atr�s, una verdadera remilitarizaci�n de las actividades de
inteligencia. Dichos cr�ticos
se�alan que es una demostraci�n m�s de la fuerte presencia de las Fuerzas
Armadas en el Poder Ejecutivo del pa�s.
Si antes de la
creaci�n de la ABIN, el secretario general de la Presidencia, un civil, era el
encargado de los temas de inteligencia, despu�s fueron los militares quienes se
hicieron cargo por �rdenes del Presidente Cardoso. Asimismo, se sostiene que el
verdadero creador de la ABIN fue el general en servicio activo del Ej�rcito Alberto Cardoso, jefe de la Casa Militar de la Presidencia de la
Rep�blica.
A las posiciones cr�ticas respecto del
predominio militar, se han sumado en los �ltimos a�os una
serie de esc�ndalos en los que se ha visto seriamente comprometida la ABIN,
circunstancia que pone en tela de juicio su actuaci�n dentro del marco del
estado de Derecho.
En noviembre de 2000, la prestigiosa revista
Veja denunci� que agentes de la ABIN hab�an espiado, entre otros, al
Ministro de Salud, Jos� Serra �actual candidato a la Presidencia-, as� como al
gobernador del estado de Minas Gerais y ex Presidente Itamar Franco, un f�rreo
opositor al gobierno.
Frente al estallido del esc�ndalo, el
gobierno se apresur� a desmentir las denuncias. Sin embargo, el c�mulo de
pruebas sembr� m�s dudas que certezas sobre el servicio de inteligencia y la
capacidad del gobierno para controlarlo. Itamar Franco retruc� afirmando que
�no basta la protesta formal� y calific� el asunto como propio de �una
mentalidad fascista�.
Pero la situaci�n se complic� m�s
todav�a, cuando se revel� en el curso de la investigaci�n que abri� la
Procuradur�a, que la ABIN tambi�n
hab�a espiado a grupos de derechos humanos y ecologistas -Greenpeace y Justicia
Global, un grupo vinculado a Human Rights Watch-, a la secta del coreano Sun
Myung Moon, al Movimiento de los Sin Tierra y a un hijo del propio Presidente
Fernando Henrique Cardoso.
Un tercer elemento termin� por desacreditar
complemente a la ABIN. A las denuncias por seguimientos ilegales se sum� el
hecho de que un buen n�mero de
sus agentes proven�a de los tiempos de la dictadura, quienes no hab�an sido
purgados por las nuevas autoridades.
El esc�ndalo forz� la renuncia del director
general de la ABIN, el coronel Ariel de Cunto, despu�s de conocerse que hab�a
ascendido a un alto funcionario acusado de torturas, en vez de expulsarlo, y
por ser el responsable jer�rquico de los funcionarios comprometidos en el
espionaje denunciado.
Como reacci�n a la revelaci�n de estos
antecedentes, el Parlamento federal instituy� una comisi�n especial para
investigar el esc�ndalo. La misma estuvo compuesta por tres senadores y tres
diputados.
En el curso de dicha investigaci�n, se
revel� que un grupo de agentes de inteligencia provenientes de la �poca de la dictadura militar pero
todav�a empleados en la ABIN, insatisfechos con las nuevas directrices del
gobierno, se habr�an concertado para espiar al Presidente de la Rep�blica. El cabecilla de dicha banda,
quien grab� conversaciones telef�nicas de Cardoso en 1998, entonces utilizadas
para acusar al gobernante de inmiscuirse en un proceso de privatizaci�n, orden�
�pinchar� di�logos de otras autoridades, que luego habr�a distorsionado y
entregado a algunos medios de la prensa brasile�a.
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La comisi�n tambi�n se enter� que en la ABIN segu�an desempe��ndose 226 agentes
heredados del per�odo militar. El gobierno se comprometi� a comparar los
nombres de sus agentes� con los
torturadores denunciados en el informe de derechos humanos publicado en 1985.
Chile
Los servicios de inteligencia son
bastante recientes en la historia pol�tica chilena. Hasta 1973, solamente las
Fuerzas Armadas y las Polic�as cumpl�an estas funciones.
Luego del golpe de Estado, el general
Augusto Pinochet organiz� una polic�a pol�tica al margen de las instituciones
castrenses y policiales, destinada a combatir la disidencia a su r�gimen de
facto. A fines de 1973 naci�, en forma secreta, la Direcci�n de Inteligencia
Nacional (DINA), al mando de un coronel del Ej�rcito e integrada por personal
uniformado enviado en comisi�n de servicio. En 1978, la DINA fue disuelta y
reemplazada por la Central Nacional de Informaciones (CNI) �compuesta en su
mayor�a por personal del Ej�rcito-, la que dej� de existir d�as antes del
t�rmino del gobierno militar.
Perdura en la memoria colectiva de los
chilenos la actuaci�n criminal de dichos servicios. Principalmente, la DINA es
responsable del asesinato y la desaparici�n de centenares de opositores.
Por su connotaci�n especialmente
represiva, ninguno de estos organismos fue capaz de llevar adelante
inteligencia estrat�gica de calidad. De hecho, la DINA y la CNI no fueron
capaces de predecir hechos como el movimiento guerrillero de la monta�a de
Neltume de los a�os ochenta, el
atentado al general Augusto Pinochet en 1986, la guerra de las Malvinas, la
crisis lim�trofe de 1978 con Argentina, la derrota en el plebiscito
presidencial de 1988 ni la internaci�n de armas en Carrizal Bajo, realizada por
el Frente Patri�tico Manuel Rodr�guez (FPMR), el brazo armado del Partido
Comunista.
Hay que tener en cuenta que en 1995, el ex
jefe de la DINA, general � Manuel Contreras, fue condenado y encarcelado en
Chile por el asesinato de Orlando Letelier, ex canciller del gobierno de
Salvador Allende, y su secretaria, la estadounidense Ronni Moffit, crimen
ocurrido en Washington, D.C., en 1976.
Recuperada la democracia, los gobiernos
civiles se han esforzado por restablecer una sana convivencia con las Fuerzas
Armadas bajo el principio del control civil sobre los militares. No obstante,
la transici�n democr�tica chilena fue especialmente dificultosa, debido a los
llamados enclaves autoritarios de la Constituci�n de 1980 y la presencia
de Pinochet al frente del Ej�rcito desde 1990 a 1998.
En el per�odo 1990-1992, se sucedieron
varios esc�ndalos de espionaje pol�tico, donde aparecieron involucrados
efectivos de inteligencia. Esos hechos mostraron la necesidad de reformar el
sistema de inteligencia.
En 1990, un diputado gobiernista denunci�
persecuciones y seguimientos que habr�an realizando miembros de la inteligencia militar a
algunos parlamentarios y enfrente de dependencias de gobierno, con motivo de la
negativa a la aprobaci�n de fondos p�blicos para los sueldos de antiguos
agentes de la CNI adscritos al Ej�rcito.�
En 1992, se produjo un oscuro incidente,
conocido por su apelativo period�stico de Pi�eragate, en el que estuvo
involucrado un capit�n del Ej�rcito que grab� clandestinamente la conversaci�n
de Sebasti�n Pi�era, un importante dirigente de Renovaci�n Nacional, uno de los
partidos de la oposici�n derechista. El incidente, entendido como una operaci�n
pol�tica, sirvi� para desarticular al sector m�s liberal de la derecha
pinochetista, y muchas sospechas recayeron en el servicio de inteligencia del
Ej�rcito.
En el mismo per�odo, la prensa denunci�
un acto de espionaje en contra del gobierno y los partidos oficialistas,
efectuadas por un supuesto agente Charly, quien result� ser un sargento
perteneciente a la Direcci�n de Inteligencia del Ej�rcito (DINE).
Aunque el Ej�rcito desestim� las denuncias y
s�lo en un caso el culpable recibi� sanciones menores, estos acontecimientos
alertaron al gobierno. En abierta referencia a la actitud pasiva de la
instituci�n castrense, el Ministro de Defensa, Patricio Rojas, manifest� que se
realizar�a una
revisi�n y una coordinaci�n de la normativa y actividades de todos los
servicios de inteligencia
que funcionan en el pa�s.
La oportunidad se present� en 1991. Ese a�o, el Presidente Patricio Aylwin
cre�, v�a decreto, el Consejo de Seguridad P�blica para desmantelar a los
grupos de guerrilla urbana, luego que �stos asesinaron en abril de 1991 al
senador Jaime Guzm�n, fundador de la Uni�n Dem�crata Independiente, actualmente
el mayor partido de oposici�n.
Aunque
posteriormente dicho Consejo ha recibido cr�ticas por la utilizaci�n de
informantes pagados, lo cierto es que fue eficiente en su misi�n, y en poco
tiempo logr� desarticular a los grupos subversivos MAPU-Lautaro, Movimiento de
Izquierda Revolucionaria (MIR) y FPMR. Sus principales l�deres terminaron en la
c�rcel. Esto se consigui� sin muertes ni torturas.
Simult�neamente con la creaci�n del Consejo,
el gobierno envi� al Parlamento un proyecto de ley para establecer la primera
agencia de inteligencia civil en la historia del pa�s.
Con fecha 30 de
Abril de 1993, se public� en el Diario Oficial la ley No. 19.212, que dio
origen a la Direcci�n de Seguridad P�blica e Informaciones (DISPI), como un
servicio de car�cter directivo, t�cnico y especializado, dependiente del
Ministerio del Interior. Expresamente, se estableci� como un organismo sin car�cter
operativo.
La misi�n de esta
Direcci�n es proporcionar al gobierno la informaci�n, los estudios, el an�lisis
y las apreciaciones de inteligencia que �ste requiera para formular pol�ticas y
adoptar medidas y acciones espec�ficas, en lo relativo a conductas terroristas
y otras que puedan constituir delitos que afecten el orden p�blico a la
seguridad p�blica interior.
A trav�s
del Ministerio de Defensa se relaciona con organismos de inteligencia de las
Fuerzas Armadas.
Menci�n aparte
requiere el rol asignado por esta ley al Ministro del Interior, quien con el
objeto de coordinar las actividades de los organismos de seguridad p�blica
interior, se transforma en el receptor natural de toda la inteligencia
producida por la DISPI, como as� mismo de toda informaci�n de que dispongan en
las materias de competencia de la Direcci�n, las autoridades y funcionarios de
la administraci�n del Estado que constituyen el Comit� Consultivo de
Inteligencia.
Este
Comit�, que se re�ne regularmente, es presidido por el Ministro del Interior y
es integrado, adem�s, por el Subsecretario del Interior, el Subsecretario de
Guerra del Ministerio de Defensa Nacional o su equivalente, el Subsecretario
del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Director de la DISPI, el Subjefe
del Estado Mayor de la Defensa Nacional y los Jefes de Inteligencia de las
Fuerzas Armadas y de las Polic�as de Carabineros (uniformada) e Investigaciones
(civil). Act�a como�
Secretario del Comit�, el Jefe de la Divisi�n de An�lisis y
Planificaci�n de la DISPI y, en su defecto, el jefe de la Divisi�n de
Coordinaci�n. A� las� reuniones del Comit� podr�n� asistir las autoridades o funcionarios
de� la Administraci�n� del Estado�
cuya concurrencia� sea solicitada
por el Ministro del Interior.
Aunque no est� considerado en la ley
de la DISPI, el director del servicio tambi�n concurre al Comit� de Seguridad, que
sesiona en forma quincenal. �ste tambi�n es presidido por el Ministro del Interior, y asisten como miembros el Subsecretario
del Interior, el Subsecretario Carabineros, el Subsecretario Investigaciones,
el Intendente de la Regi�n Metropolitana, el Subjefe del Estado Mayor de la
Defensa Nacional, el Director de Orden y Seguridad de Carabineros y el Director
de Investigaciones.
En su breve existencia, la DISPI no ha sido
objeto de denuncias por violaci�n de los derechos ciudadanos ni otros actos
il�citos. Esto se ha debido, en parte, a la excelencia en la selecci�n del
personal de analistas �todos son profesionales universitarios- y de sus
directores, considerados como personalidades intachables.
La DISPI ha centrado su trabajo en el
tema de la gobernabilidad democr�tica, a contrapelo del viejo esquema del
enemigo interno de la Doctrinad de Seguridad Nacional y de la contrainteligencia
tradicional contra los vecinos territoriales.
A prop�sito de los sucesos de espionaje que
se produjeron al inicio de la transici�n chilena, en el per�odo 1992-1993 la
Comisi�n de Defensa de la C�mara de Diputados hizo una investigaci�n de dichos
eventos y redact� un informe sobre los servicios de inteligencia, en el que le
recomendaba al gobierno establecer mecanismos de control interno de las
actividades de inteligencia. Entre sus conclusiones, la comisi�n se inclin� por
el despacho de una ley de Bases Generales de los Servicios de Inteligencia;
incluso lleg� a redactar un anteproyecto de ley. Asimismo, consagr� una serie
de principios b�sicos que deben orientar la actividad: a saber, a) seguridad de
las personas y derecho a la intimidad y privacidad de las mismas; b) separaci�n
entre el concepto de inteligencia interna e inteligencia en el �rea de defensa
externa del Estado, y c) incorporaci�n de la fiscalizaci�n parlamentaria.
Sin embargo, las recomendaciones de la
comisi�n, aunque fueron bien recibidas por el gobierno, quedaron relegadas a un
segundo plano, en parte por la gran acumulaci�n de temas referentes a las
Fuerzas Armadas, y en parte tambi�n esperando un momento de mayor normalidad para realizar dichas
reformas.
�
Los ataques terroristas del 11 de
septiembre en Estados Unidos dieron el motivo ideal para que el gobierno
chileno planteara su intenci�n de crear un sistema nacional de inteligencia.
El proyecto de ley que present� al
Parlamento el gobierno del Presidente Ricardo Lagos a fines de 2001, considera
a la inteligencia como �un instrumento gubernamental leg�timo y necesario�, y
al Sistema de Inteligencia del Estado que se pretende establecer como un
mecanismo �til
e indispensable, debido a que �la reglamentaci�n vigente en materia de
servicios de inteligencia adolece de insuficiencias en relaci�n con la eficacia
de tal institucionalidad�.
El proyecto establece una Agencia Nacional
de Inteligencia (ANI), que ser� cabeza del Sistema de Inteligencia del Estado.
La ANI es concebida como un servicio p�blico descentralizado, de car�cter
t�cnico y especializado. Depender� del Presidente de la Rep�blica, quien
nombrar� a su director y ser� de su exclusiva confianza. Ser� la sucesora legal
de la DISPI.
�
La ANI deber� realizar apreciaciones de
inteligencia a nivel nacional e internacional; podr� requerir informaci�n a los
servicios militares y policiales de inteligencia, y �aportar la informaci�n
especializada para la formulaci�n de pol�ticas, estrategias, planes y programas
necesarios para el resguardo de la seguridad del Estado, la seguridad del
gobierno, la vigilancia del r�gimen democr�tico y la estabilidad
institucional�.
El proyecto establece que para el caso de
ser necesario el uso de acciones intrusivas y m�todos encubiertos, cada jefe de
servicio �tanto civil como uniformado- deber� requerir autorizaci�n judicial
ante un ministro de la Corte de Apelaciones de su jurisdicci�n. La ANI, en todo
caso, pedir� la colaboraci�n de las Polic�as de Carabineros e Investigaciones
para estos casos, pues no tendr� car�cter operativo.
El control interno lo ejercer�n los
respectivos jefes de los servicios de inteligencia, y el control externo estar�
en manos de la Contralor�a General de la Rep�blica, los Tribunales de Justicia
y una comisi�n especial de la C�mara de Diputados.
Los principios fundamentales del proyecto,
aplicables a todos los servicios de inteligencia existentes en el pa�s, son: a)
respeto al ordenamiento jur�dico; b) respecto al r�gimen democr�tico y la
estabilidad institucional; c) respeto a los derechos constitucionales de las
personas; d) autorizaci�n judicial previa; e) proporcionalidad de las medidas
intrusivas; f) los funcionarios deben guardar reserva de por vida para
garantizar la intimidad de las personas y la eficacia de las labores de
inteligencia, y g) utilizaci�n exclusiva de la informaci�n para fines del
Estado.
El proyecto fija para la ANI una planta no
superior a 125 funcionarios. Esto contrasta con otros servicios analizados,
cuya dotaci�n se mantiene en secreto o es infinitamente mayor.
A diferencia del inicio de la transici�n
democr�tica, las Fuerzas Armadas han dado pleno respaldo a la idea del gobierno
de crear la nueva agencia. De hecho, fueron consultadas durante todo el proceso
de formulaci�n del proyecto de ley, el cual dur� casi un a�o.
En declaraciones a la prensa luego que el
Ejecutivo presentara el proyecto a la opini�n p�blica, el general Roberto
Arancibia Clavel, director de Inteligencia del Ej�rcito en ese momento, sostuvo
que la labor de inteligencia debe entenderse como un aporte al crecimiento
nacional y desech� categ�ricamente las inquietudes surgidas en la izquierda,
que sufri� los rigores de la dictadura. En declaraciones a la prensa, Arancibia
indic� que la implementaci�n de una agencia de inteligencia no puede entenderse
como algo ajeno a la realidad del pa�s, sino como una entidad vital capaz de
analizar todos los campos de acci�n posibles que puedan afectar el desarrollo.
�Vivimos en un mundo globalizado, en competencia, que requiere que todos los
esfuerzos del pa�s est�n apuntados a que a Chile le vaya bien�, acot� el jefe
militar.
Sostuvo que los atentados ocurridos en Estados Unidos obligan a pensar en la
conveniencia de una agencia de an�lisis de inteligencia, una actividad que debe
orientarse a aprovechar oportunidades y disminuir las amenazas contra el pa�s.
Record� que desde el 11 de septiembre, cuando fueron perpetrados los ataques
terroristas, el Comit� Consultivo de Inteligencia chileno ha estado en alerta
permanente.
Seg�n se comprueba por una serie de
documentos de trabajo e investigaci�n, en el seno de las Fuerzas Armadas se
ven�a desarrollando una nueva visi�n sobre la actividad de inteligencia, la que
ha� sido fuertemente influida por los
cambios producidos en el pa�s desde la recuperaci�n de la democracia. Como se�ala un autor militar, �lo esencial es
asumir que la inteligencia entr� en la din�mica del cambio y el pluralismo, un
sello de estos tiempos (...) La �cuesti�n de la inteligencia�, sus roles, capacidades, objetivos,
su direcci�n, su actividad, su control, etc., siguen siendo un tema pendiente
desde 1990�.
Concluye afirmando que �toda esta reforma debe tener como objetivo �ltimo
disponer de un sistema de inteligencia no s�lo capaz de hacer frente a la
creciente demanda de informaci�n que necesitar� nuestro gobierno en el siglo
que se inicia, sino que ofrezca ese potencial con un absoluto respeto del
Estado de Derecho y a los principios democr�ticos que gu�an nuestra actual
sociedad�.
El mismo autor reci�n citado propone la
creaci�n de una Escuela Nacional de Inteligencia y la consolidaci�n de una
pol�tica de inteligencia transparente y abierta a las distintas �reas de la
comunidad mediante cursos, seminarios y conferencias.
Otro autor militar sugiere que la comunidad
de inteligencia est� dirigida por un Consejo Consultivo de Inteligencia, que
sea convocado por el Ministro Secretario General de la Presidencia.
Por su parte, Guillermo Holzmann, profesor
de la Universidad de Chile y experto en temas de inteligencia,� cree que el organismo de inteligencia debe
tener rango ministerial y depender directamente del Presidente de la Rep�blica.
Debe ser peque�o y estar estructurado alrededor de cuatro ejes tem�ticos
fundamentales: a) pol�tico nacional e internacional; b) estrat�gico y Defensa;
c) econ�mico nacional e internacional, y d) cient�fico y tecnol�gico.
En todo caso, la prensa local se ha hecho
eco de la pol�mica que ha surgido por el proyecto. �sta se concentra en la
dependencia de la nueva ANI y la modalidad para el nombramiento del futuro
director de la agencia. Los parlamentarios desean tener injerencia en el
nombramiento o, por lo menos, en su remoci�n. No quieren que en el futuro el
organismo se transforme en una polic�a pol�tica al servicio del gobierno de
turno.
Tambi�n hay discusi�n sobre la dependencia.
Algunos piensan que la ANI deber�a depender del Ministerio del Interior, y que
sea �ste el pol�ticamente responsable frente a eventuales dificultades en el
futuro. Baldo Prokurica, un senador de oposici�n, se�al� que, en todo caso, el
director de la ANI debe ser un civil.
Seg�n se�ala el influyente diario El Mercurio, el proyecto �postula
la ANI como un servicio no operativo que se relaciona directamente con el
Presidente de la Rep�blica y que coordina las seis dependencias que hoy existen
en estas materias, como son las de cada una de las tres ramas de las Fuerzas
Armadas, de Carabineros, de Investigaciones y la Direcci�n de Seguridad P�blica
e Informaciones. El proyecto, rechazado por el Partido Comunista por estar
destinado a perseguir a los �enemigos del sistema�, ha
contado con el apoyo parcial de otros sectores pol�ticos, que han manifestado
la necesidad de que el Senado apruebe la designaci�n del jefe de la oficina
propuesto por el Presidente de la Rep�blica y que su objetivo sea reunir
informaci�n para combatir el terrorismo, el narcotr�fico y las actividades que
amenacen la seguridad de las personas. Asimismo, se ha sugerido la creaci�n de
un consejo integrado por representantes de los poderes Legislativo y Judicial
que garantice el respeto de los derechos de las personas�.
Otros consideran que se deber�a incrementar
el control parlamentario a tres niveles: mediante la aprobaci�n del
nombramiento del director del organismo de inteligencia designado por el
Presidente de la Rep�blica; a trav�s la aprobaci�n del plan de inteligencia
anual, y por medio de la solicitud de cuentas peri�dicas de la labor realizada
y del gasto presupuestario.
El proyecto de la ANI tambi�n ha recibido
cr�ticas desde la izquierda. Es el caso de la abogada de derechos humanos y
dirigente del Partido Socialista �en el gobierno-, Pamela Pereira. Ella
considera que el proyecto �propone un sistema que violenta las garant�as
individuales, porque violenta la libertad de las personas. Adem�s, con el
sistema de inteligencia m�s la agencia, se crea un monstruo con dos cabezas,
que est� fuera de todo control eficaz y en el que el ciudadano com�n queda
absolutamente desprotegido�. A�ade que �cualquiera que tenga una opini�n
discrepante va a pasar a ser un sospechoso y, por lo tanto, va ser objeto de
investigaci�n. Los sospechosos van ser los ecologistas, los ind�genas, los
organismos de derechos humanos, de derechos de los ciudadanos, los partidos
pol�ticos, sindicatos�.
Por �ltimo, el Parlamento chileno
discute actualmente un proyecto de ley que establece una Unidad de An�lisis e
Inteligencia Financiera que funcionar� como una dependencia del Ministerio de
Hacienda y que tiene por fin controlar el lavado de dinero. De este modo, el pa�s
podr� cumplir con compromisos asumidos en los tratados suscritos, como es la
Convenci�n contra el Crimen Transnacional Organizado y las obligaciones
internacionales adquiridas por la incorporaci�n al Grupo de Acci�n Financiera
de Sudam�rica.
Per�
Los servicios de inteligencia peruanos,
igualmente que en otros pa�ses de la regi�n, siempre estuvieron en manos de los
militares. Pero no es hasta 1992, cuando el Presidente Alberto Fujimori y la
c�pula militar dieron un autogolpe, que la inteligencia se convirti� en un arma
esencial para la sustentaci�n del r�gimen.
Como se�ala un distinguido testigo de dichos
acontecimientos, �en 1992, se cambian las reglas de juego b�sicas y se impone
una concepci�n de democracia que buscaba la eficacia en la lucha contra el
terrorismo y la introducci�n de un modelo de reglas de mercado libre, que
siendo eficaz en lo primero, hizo tabla rasa del respeto a los derechos humanos
e impuso la cultura de lo secreto al amparo de la cual creci� como un hongo el
m�s alto grado de corrupci�n que haya conocido el mundo. Todo ello, hay que
reconocerlo, con participaci�n de las Fuerzas Armadas dentro de las cuales se
teji� una red de corrupci�n conducida desde una c�pula que manipul� el poder
para delinquir�.
En 1991, el Presidente Fujimori hab�a
tratado sin �xito de modificar el sistema de inteligencia, mediante la
promulgaci�n del Decreto Supremo No. 746. �ste fue rechazado por el Congreso
debido al evidente car�cter antidemocr�tico del mismo. Entre sus puntos m�s
controvertidos, se se�alaba que �el sector p�blico y privado proporcionar�n
obligatoriamente al Sistema de Inteligencia Nacional las informaciones y
documentos que �ste solicite, bajo responsabilidad penal�.
Luego del autogolpe, Fujimori pudo
reorganizar la inteligencia del pa�s a su entera disposici�n. Mediante el
decreto ley No. 25.695 del 21 de julio de 1992, el Sistema de Inteligencia
Nacional (SIN) fue dotado de rango ministerial, dependiendo directamente del
Presidente de la Rep�blica. Aunque nominalmente el jefe del SIN fue siempre un
general del Ej�rcito en servicio activo, el verdadero ejecutor fue siempre
Vladimiro Montesinos, el asesor personal de Fujimori.
El presupuesto del SIN era secreto y no
exist�a ning�n tipo de fiscalizaci�n. Seg�n Alfonso Panizo, jefe del servicio
durante el gobierno de transici�n que sucedi� a Fujimori, luego de su hu�da al
Jap�n, se rebaj� su presupuesto en una tercera parte, hasta US$ 2,5 millones. Seg�n
otras fuentes, el SIN de Montesinos lleg� a contar con un presupuesto anual de
US$ 300 millones.
Seg�n Juan Velit, actual director de la
inteligencia peruana, el SIN fue el �coraz�n palpitante� del sistema que
estableci� Montesinos junto a Fujimori y la c�pula militar.
Aprovechando el poder que ejerc�a desde el
SIN, Montesinos y sus secuaces �muchos de ellos altos mandos de las Fuerzas
Armadas y la Polic�a Nacional-pudieron amasar una fortuna de por lo menos US$
270 millones, oculta� en cuentas secretas
en diversas partes del mundo. Esta cuantiosa suma fue lograda mediante la
extorsi�n, el tr�fico de drogas, el tr�fico de armas y el robo de las arcas
fiscales del pa�s.
Igual que en otros pa�ses, el poderoso SIN
fue articulado para reprimir la disidencia pol�tica e incluso las veladas
cr�ticas que proven�an de las propias Fuerzas Armadas. Por lo mismo, fue
incapaz de prevenir, por ejemplo, el conflicto b�lico que estall� con Ecuador,
el que encontr� al pa�s sin mayor preparaci�n. En el combate al terrorismo,
tambi�n hay diversos indicios sobre su reducida eficacia.
Montesinos supo rodearse de incondicionales. Mediante su influencia sobre
Fujimori, logr� catapultar a los m�s altos cargos de las Fuerzas Armadas a
hombres de su confianza, la mayor�a de ellos de la especialidad de
inteligencia. Fue el caso de los comandantes generales de la Marina y la Fuerza
A�rea, Am�rico Ib�rcena y Elesv�n Bello, respectivamente, y el jefe de la
Direcci�n de Inteligencia del Ej�rcito, general Juan Yanqui, por a�adidura
paisano de Montesinos. Todos
se encuentran ahora en la c�rcel, acusados de actos de corrupci�n.
Tambi�n est� detenido Roberto Huam�n
Azcurra, encargado del SIN para la intervenci�n sobre las comunicaciones
telef�nicas e Internet. Adem�s, particip� en el planeamiento y ejecuci�n de los
asesinatos de algunos disidentes en la Universidad Nacional de Educaci�n (La
Cantuta).
En marzo de 2001, fueron detenidos el jefe
del SIN entre los a�os 1992 y 1998, general Julio Salazar Monroe, y el ex jefe
del servicio de inteligencia del Ejercito, general Juan Rivera Lazo, ambos
retirados, por su responsabilidad en la violaci�n de derechos humanos,
espec�ficamente en la masacre de Barrios Altos, ocurrido en Lima en 1991. Esta
detenci�n fue posible luego que la Corte Interamericana de Derechos Humanos
declarara sin efecto la ley de amnist�a de 1995, con la que el r�gimen de
Fujimori pretendi� beneficiar a los mandos militares implicados en cr�menes.
Asimismo, en abril de 2002 fueron apresados
el ex jefe de inteligencia de la Fuerza A�rea, general Jorge Malpartida, y el
ex comandante general de la Marina, almirante Alfredo Arnaiz. Ambos fueron
acusados de desviar fondos de sus instituciones a las arcas del SIN.
Luego de que se develara la red de
corrupci�n encabezada por Montesinos, en noviembre de 2000 el ag�nico gobierno
de Fujimori se vio en la obligaci�n de llamar a elecciones presidenciales
anticipadas y decretar la disoluci�n del SIN. En su reemplazo, el gobierno
present� un proyecto de ley que creaba la Central Nacional de Inteligencia.
Su concepto era claramente militar. En su
art�culo 1 se afirmaba que la �Central Nacional de Inteligencia es un organismo
del Estado, que en su especial naturaleza, cumple funciones reservadas
directamente vinculadas con la Defensa Nacional�. En el art�culo 2 se le hac�a
depender directamente del Presidente de la Rep�blica. El director integrar�a el
Consejo de Defensa Nacional y asistir�a a las sesiones del Consejo de
Ministros, con derecho a voz.
Sin embargo, el Congreso ni siquiera lleg� a
discutir este proyecto, pues el r�gimen se desplom� r�pidamente, y su m�ximo
l�der escap� del pa�s.
El gobierno de transici�n, encabezado por el
pol�tico civil Valent�n Paniagua, debi� partir de cero. Los sucesores de
Montesinos en el �rea de inteligencia -general � Juan Campos y vicealmirante �
Alfonso Panizo, respectivamente- debieron eliminar todo el personal ligado al
ex asesor. La reducci�n fue dr�stica, pues se pas� de 5.000 a 400 funcionarios.
Entre ellos, se encontraban 800 miembros de la guardia de seguridad personal de
Montesinos.
El Congreso aprob� en junio de 2001, la ley
No. 27.479 del Sistema de Inteligencia Nacional. Esta ley cre� el Consejo
Nacional de Inteligencia (CNI), como cabeza del sistema, y la Direcci�n
Nacional de Inteligencia Estrat�gica, como organismo operativo del mismo.
De acorde a las nuevas orientaciones
democr�ticas de la sociedad peruana, se estableci� en el art�culo 3, que �el
Sistema de Inteligencia Nacional tiene como fundamentos la preservaci�n de la
soberan�a nacional y la defensa del estado de derecho, enmarcado dentro del
estricto respeto de los derechos humanos�.
El director del CNI es un cargo de
confianza, designado por el Presidente de la Rep�blica. A su vez, depende del
presidente del Consejo de Ministros y es miembro nato del Consejo de Defensa
Nacional.
El CNI est� compuesto por su director, el
director de Inteligencia Estrat�gica y representantes del Estado Mayor Conjunto
de las Fuerzas Armadas y de los Ministerios de Interior, Relaciones Exteriores,
Econom�a y Finanzas y Educaci�n.
La Direcci�n Nacional de Inteligencia
Estrat�gica (DINIE) es el organismo ejecutor del CNI, pues realiza la b�squeda,
procesamiento y diseminaci�n de la informaci�n.
Se crea una Comisi�n Ordinaria de
Inteligencia del Congreso de la Rep�blica que tiene como misi�n fiscalizar el
funcionamiento y la ejecuci�n de los recursos presupuestarios del CNI, pero no
hay referencia respecto del control de las actividades operativas del mismo.
Se crea una Junta Consultiva de
Inteligencia, presidida por el director de la CNI y compuesta por los jefes de
inteligencia de las Fuerzas Armadas, la Polic�a Nacional y del Ministerio del
Interior.
En noviembre de 2001, mediante la ley No.
27.589, se quit� el car�cter secreto a la publicaci�n del reglamento de
organizaci�n y funciones del CNI. Se les consider� documentos p�blicos y ser�n
dados a conocer en el diario oficial del Estado.
Igual que en Chile, por ley No. 27.693 de
abril de 2002, se cre� una Unidad de Inteligencia Financiera, como complemento
a los organismos de inteligencia del Estado.
En enero de 2002, el Presidente Alejandro
Toledo nombr� como jefe m�ximo del CNI a Juan Velit, reconocido periodista,
internacionalista, experto en asuntos militares y ex congresista del partido
Per� Posible. La designaci�n del jefe de la Direcci�n de Inteligencia
Estrat�gica recay� en el general � del Ej�rcito, Daniel Mora, quien se destac�
por su fuerte oposici�n al r�gimen de Fujimori.
Por otro lado, parlamentarios gobiernistas
han recomendado a la Comisi�n de Transportes y Telecomunicaciones del Congreso
que estudie y formule un proyecto de ley que regule los casos y procedimientos
en los que proceda interceptar o intervenir las comunicaciones. Hasta ahora, la
legislaci�n peruana existente es muy d�bil en la protecci�n de la intimidad de
las personas.
El atentado terrorista de marzo de 2002,
perpetrado tres d�as antes de la visita del Presidente Bush al Per�, puso
nuevamente en el tapete de la discusi�n la actuaci�n de los servicios de
inteligencia. Para muchos, �stos no han sido lo suficientemente eficientes.
El propio Velit reconoci� que la
organizaci�n que �l comanda, est� en pa�ales. �Desgraciadamente debo confesar
que el CNI estaba desmantelado. Actualmente no tiene instrumentos para
trabajar. Principalmente carecemos de personal. Nuestros cuadros no est�n
preparados todav�a para asumir tareas delicadas. Preparar un cuadro de
inteligencia es un proceso lento. M�s o menos se calcula que se necesitan entre
siete a diez a�os para adiestrarlo y ponerlo operativo�.
Por su parte, el general � Daniel Mora opin�
que fue una total exageraci�n haber desactivado el SIN. Reconoci� que si bien
el SIN tuvo demasiado poder durante el gobierno de Fujimori, ello no
justificaba su desactivaci�n.
En el mismo orden de cosas, un diario
cercano a Fujimori considera que entre diciembre de 2000 y enero de 2001
�pr�cticamente todo el personal de la DIN (Direcci�n de Inteligencia Naval) fue
dado de baja por el gobierno de transici�n de Valent�n Paniagua�. Sin embargo,
seg�n el peri�dico, esta unidad habr�a sido fundamental en la desarticulaci�n
de Sendero Luminoso.
El gobierno de Toledo no comparte dichas
cr�ticas. El Ministerio del Interior, que encabeza Fernando Rospigliosi, otro
periodista que enfrent� a Fujimori y Montesinos, ha reforzado su capacidad de
inteligencia incorporando a oficiales que en los a�os noventa participaron en la captura de Abimael Guzm�n y en el
desmantelamiento de Sendero Luminoso. Sus investigaciones ya han dado los
primeros resultados, al capturar a los eventuales responsables del citado
atentado explosivo en Lima.
En todo caso, una debilidad del modelo
peruano es la permanencia de una concepci�n que tiende a sobredimensionar la
actividad de inteligencia. Hay voces, como la del ex Presidente y general �
Francisco Morales Berm�dez, que sostienen que para evitar que el nuevo CNI se
convierta nuevamente en un organismo corrupto, es necesario que los Ministerios
de Defensa, Interior y Relaciones Exteriores posean direcciones de inteligencia
independientes, cuyas actividades sean coordinadas en un comit�
interministerial.
Hasta ahora, Juan Velit no ha dado muestras
de querer modificar la actual estructura de inteligencia que abarca, al menos
en el papel, a pr�cticamente todos los ministerios del gobierno.
Conclusiones
Los servicios de inteligencia del Cono Sur y
el Per� est�n en v�as de consolidaci�n, luego de que dichos pa�ses recuperaron
la democracia. En este proceso, ha habido aciertos y tambi�n errores. En todo
caso, el balance es positivo, pues existe voluntad de las dirigencias pol�ticas
para enmendar las deficiencias, y la opini�n p�blica muestra una fuerte
vocaci�n para defender sus derechos frente a las eventuales transgresiones
provenientes de agencias gubernamentales.
Una de las mayores falencias detectadas es
la falta de control externo de los servicios de inteligencia. Pese a la
existencia de una frondosa legislaci�n, muchas veces la pr�ctica contin�a
siendo la antigua, o sea, que las comisiones de control parlamentario son
pasivas, formales o act�an reci�n cuando se han consumado los hechos. Un caso
muy t�pico es el descrito en el caso de Brasil. All� el Parlamento reaccion�
tard�amente, probablemente por desconocimiento, formando una comisi�n de
investigaci�n luego que se dieron a conocer graves transgresiones cometidas por
la agencia brasile�a de inteligencia.
En el develamiento de dichas transgresiones
juega un papel fundamental la prensa. La conclusi�n es que si est�n aseguradas
las libertades p�blicas y el periodismo independiente puede desarrollarse sin
restricciones, �ste se convertir� en el mejor aliado de un control social sobre
los servicios de inteligencia.
En todo caso, el estudio de los casos
demuestra que donde hay menos problemas con la inteligencia es en aquellos
pa�ses que han debido comenzar pr�cticamente de cero. Es el caso de Chile y el
Per�. Mas todav�a en Chile, donde no exist�a una experiencia anterior en
servicios de inteligencia de corte civil.
Por el contrario, en Argentina y Brasil,
pa�ses que poseen servicios de inteligencia de larga data, las dificultades han
sido mayores. �stas han tenido que ver con una tendencia casi ancestral al
espionaje dom�stico y a la mantenci�n de pr�cticas operativas desarrolladas
durante los gobiernos de facto. Adem�s, ha habido poca voluntad pol�tica para
deshacerse de funcionarios comprometidos con dichos reg�menes de fuerza. En
dichos pa�ses ser� m�s dif�cil la transici�n, en parte porque este mal uso de
los servicios de inteligencia est� fuertemente enraizado no solamente en los
propios servicios sino que en amplios sectores de la clase dirigente.
Otro hecho resaltante es la permanencia de
la influencia de las Fuerzas Armadas en las estructuras de inteligencia de los
pa�ses. Esto ocurre especialmente en los casos de Brasil y el Per�. Dicha
injerencia de los militares, en algunos casos va en directo desmedro de la
participaci�n de los civiles en dichas materias.
Por �ltimo, se detecta cierta tendencia
al sobredimensionamiento de algunos servicios, tanto en lo que respecta al
n�mero de funcionarios, al presupuesto involucrado y a las funciones operativas
que poseen. Tambi�n aqu� se da el hecho de que los pa�ses con menor experiencia
en el �rea, Chile y el Per�, est�n estructurando servicios m�s bien peque�os,
que se est�n especializando en la inteligencia estrat�gica y que restringen o
simplemente prescinden de facultades operativas.
