Argentina - Intelligence and SecurityArgentina - Intelligence and Security
INTELIGENCIA:
EL DESAFIO DE LA RECONVERSION ¨
Eduardo E. Estévez o
Bs. As., 10 de Diciembre de 1996
CONTENIDO:
1.- Las Dinámicas del Cambio.
2.- Las Prioridades.
3.- El Contexto Internacional.
4.- La Variable Presupuestaria.
5.- Diez Medidas para la Reconversión.
1.- LAS DINAMICAS DEL CAMBIO
Frente a las encrucijadas de la bifurcación del "viejo orden", el área de inteligencia Argentina está en mora en brindarle a los decisores políticos información y análisis oportunos y acertados sobre riesgos en materia de defensa nacional y seguridad interior y oportunidades en la arena internacional. La relativa confianza de la sociedad en nuestros organismos de inteligencia se ha ido deteriorando.
El problema de la inteligencia no radica en la misión (no hay dudas sobre su pertinencia, necesaria para gobernar). Su problema es de estructuración del área, de coordinación, de formación del personal, es doctrinario. Su dividendo democrático es el ingreso a los dominios del control legislativo y la fiscalización presupuestaria.
La génesis del conglomerado argentino de organismos de inteligencia ha sido más bién reactiva y de por sí, desestructurada. Ya esto es suficiente argumento para revisar el área en profundidad. Las escasas iniciativas por mejorarlo fueron la creación de una Central Nacional de Inteligencia (ley 16.970/67, modificada en 1973), luego reflotada en 1986-87, y ciertas disposiciones de las leyes de defensa nacional (1988) y de seguridad interior (1992) -reglamentada mediante el decreto No. 1.273/92-, en el primer caso referidas a la inteligencia militar, y en el segundo a la inteligencia para la seguridad interior. Mientras tanto, siguen vigentes la ley "S" 20.195/73, sancionada y promulgada el 28 de febrero de 1973 durante el Gobierno del Gral. Lanusse, que contiene aspectos relativos a misión, funciones, personal, y otros aspectos de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), y su norma reglamentaria, el decreto "S" 1.792/73, que data del mismo año.
Imaginamos que frente a los nuevos escenarios los organismos de inteligencia han examinado sus estructuras y funciones como medio para redistribuir, determinar reemplazos y mejorar los rendimientos. El deber ser de ayer no es necesariamente el deber ser de hoy.
Lo esencial es asumir que la inteligencia entró en la dinámica del cambio, un sello de estos tiempos. En tal sentido, resulta procedente encarar un diagnóstico certero de ciertos aspectos centrales para redefinir el área:
El proceso de cambio es, en consecuencia, multidimensional y compromete tanto al área de inteligencia como al Ejecutivo brindando sus respectivos diagnósticos institucionales, al Parlamento debatiendo, legislando y, luego controlando y corrigiendo desde el presupuesto. Y todo ello no es un tema baladí o de caprichosas connotaciones.
Progresivamente ha surgido un amplio consenso sobre la necesidad de reconvertir al sistema de inteligencia en un instrumento idóneo y eficiente al servicio de la conducción del Estado democrático. Los atentados terroristas de 1992 y 1994, la inestabilidad de la economía regional y mundial, el crecimiento de tráfico de drogas en el país y la región, el escándalo de la venta/desvío de armas al exterior, las restricciones presupuestarias, son, entre otros datos del presente, indicadores que refuerzan tal necesidad.
Hay todavía esbozos de una cultura intraorganizacional de intolerancia a la diversidad y de rechazo al cambio adaptativo. Además hay quienes atribuyéndose conocer "causas reales de la indefensión" esconden tras ello la pretensión de dar preeminencia a una visión y despliegue militar de la función de inteligencia estratégica.
Los acontecimientos suceden con una velocidad e impacto tales que dejan obnubilados a la sociedad y al Estado. Y la inteligencia no es excepción, aunque debiera sobreponerse con más celeridad.
En definitiva, el país está inserto en un mundo en cambio, sin embargo todavía no mejora sustantivamente sus sistemas de alerta, prevención y de respuesta de crisis (inteligencia, control fronterizo, defensa civil, red de emergencias). La "cuestión de la inteligencia", su reestructuración y adaptación, sigue siendo un tema pendiente desde 1983. Algunos cambios ya han sido identificados y se encuentran recogidos en proyectos de ley impulsados por legisladores de la UCR.
Mantiene entonces vigencia una frase que fuera oportunamente publicada, "....Las superposiciones en ámbitos de actuación y la duplicación de acciones no serán resueltos con retoques. Para lograr la eficacia que los tiempos y la sociedad reclaman, para revertir la tendencia competitiva, atomizadora e inflacionaria de "servicios" y evitar la dilución de presupuestos y esfuerzos, para lograr excelencia en las apreciaciones, se precisa una ley que jerarquice la especialización, fije pautas doctrinarias, mejore la coordinación, el análisis y los controles..... La inteligencia post-guerra fría implica así abordar cambios conceptuales, de estructuras y procedimientos. La reforma del Estado no puede excluirla." 1
2.- LAS PRIORIDADES
Algunos conceptos vertidos en el documento final de un seminario de la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI), que congregó a especialistas de los ámbitos académico y político, ilustran la percepción que sobre la situación actual se tiene en esferas de asesoramiento y decisión: "La necesidad de contar con esta inteligencia estratégica requiere una profunda reformulación global del sistema de inteligencia o comunidad de inteligencia como parte del Estado Argentino. Por años, el mismo fue ámbito de apetencias sectoriales de facciones políticas en pugna que desvirtuaron su esencia misma. Por ello la actividad de inteligencia significó la búsqueda del control político del adversario, esto es, ella se correspondía con una idea de la Argentina en donde eliminar o excluir al adversario político era la condición de existencia del poder...Al reencontrarse con su misión esencial, la inteligencia comenzará a dejar de lado la concepción amigo-enemigo referente al adversario político interno" 2
La Argentina vivió fenómenos extremos aún durante la etapa democrática: alzamientos "carapintadas" de 1987, 1988 y 1990; copamiento de La Tablada de 1989. La fantasía de invulnerabilidad por lejanía se desvaneció para el país en marzo de 1992 (bomba a la Embajada de Israel). Las primeras palabras presidenciales sobre el atentado, involucraban a sectores fundamentalistas locales, luego se sindicó como responsable al extremismo islámico. Un segundo atentado, el perpetrado contra la sede de la AMIA en Julio de 1994 generó cuestionamientos sobre la capacidad del sistema de inteligencia. Y aunque este caso sea resuelto, al menos en sus aspectos locales, no quita que se la juzgue por su desempeño durante el período entre los dos atentados.
La Argentina tiene que convivir con grados de violencia de difícil predicción y hasta diferentes de las que estaba preparada para detectar. Entonces, como mínimo, deben abrirse nuevas ventanas de observación de la realidad. Aquello que antes era noticia (un atentado en Medio Oriente o en Europa, por ejemplo) hoy merece ser motivo de serio estudio por los organismos de inteligencia.
Si hubiera que definir una prioridad de inteligencia para la Argentina de hoy, nadie dudaría en decir: anticiparse y evitar un tercer atentado.
Como la SIDE está prestando colaboración en las investigaciones judiciales por los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA, se podría pensar que se mejoran las condiciones de seguridad del país. Pero bien puede afirmarse que esto no es necesariamente así. Primero, porque la función de inteligencia no es buscar pruebas sino reunir informaciones para comprender el presente y anticipar riesgos. La asistencia a la Justicia es una tarea subsidiaria y no puede transformarse, por imperio de la costumbre o debido a las debilidades de los naturales auxiliares de la justicia -fuerzas policales y cuerpos de seguridad- en una pr´ctica habitual y cotidiana que aleje de su misión esencial.
Segundo, porque en términos de disuasión de los violentos, ciertos aspectos contribuyen a mantener (a no revertir) un clima de vulnerabilidad, de desprotección ante el acto terrorista: multiplicidad de pistas, existencia de indicios y datos dispersos mas no de pruebas contundentes, excesiva dependencia de la información proveniente de servicios extranjeros, limitaciones en el control fronterizo. A ello se agrega la "duda" que recae sobre el sistema de inteligencia en cuanto a la voluntad de investigar sobre una conexión local.
Correlativamente conviene ahondar sobre las "internacionales del delito" (terrorismo, narcotráfico, lavado de dólares, tráfico de armas) cuya actividad se va orientando hacia la Argentina, llegando en algunos casos a operar en el país.
Otra prioridad, en este caso de la inteligencia para la seguridad interior, es estar al corriente de los gérmenes de violencia interna. Desde el estallido social en Santiago del Estero ha estado latente (y cada tanto resurge) la posibilidad de una nueva escalada.
Las bases del descontento social producto de la situación económica no pueden desconocerse y suponen, en primer lugar, respuestas de índole política y social para evitar desbordes. En forma paralela, aunque no indiscriminadamente, los órganos de inteligencia y seguridad deberían, respectivamente, conocer y prevenir los planes de quienes con intenciones oscuras y contando con recursos e infraestructura, pudieran montarse sobre situaciones de tensión social (o desbordes) con el fin de jaquear a la democracia en sus bases de respeto por la vida y convivencia pacífica.
A pesar de las dolorosas experiencia del país, no parece que en inteligencia, y en particular luego de los dos atentados, se hayan sustancialmente modificado criterios o adoptado políticas y estrategias efectivas para contribuir, desde su misión específica, a la mejorar las condiciones de seguridad de los argentinos.
Un ejemplo: asumiendo que los riesgos y amenazas de hoy están representados por una multiplicidad de actores no estatales e internacionales, resulta absurdo abordar el nuevo panorama pretendiendo sólo identificar "enemigos", tal como se ha manifestado desde esferas de Gobierno. Lo difuso del terreno a estudiar resulta un desafío que la inteligencia tiene ante sí. Otro ejemplo: la Secretaría de Seguridad, hoy retornada al Ministerio del Interior, no tiene en claro su cometido en materia de inteligencia -que tiene un sustento normativo suficientemente claro y delimitado-: si abarca "todo" lo que ocurre en el país o sólo aquella necesaria para la seguridad interior.
Otra prioridad, ésta emanada de aquello que antes denominamos las dinámicas del cambio, es la decisión de encarar una reconversión del sistema de inteligencia en sí mismo. Y si la adaptación no ha nacido desde el Poder Ejecutivo en respuesta a las circunstancias, entonces será tiempo que el cambio se induzca a partir de una legislación superadora y del control parlamentario sobre los órganos y actividades de seguridad interior e inteligencia, que tiene sustento legal, aunque está pendiente de consolidación.
3.- EL CONTEXTO INTERNACIONAL
Los atentados terroristas sufridos por diversos países del mundo subrayan la incidencia de los acontecimientos nacionales en la configuración de una "sensación térmica" internacional. La crisis de representación y el desencanto de la política, fenómenos de alcance global, habla de erosiones que afectan al Estado-Nación. Tal como pronosticaban los enfoques pesimistas sobre el futuro del nuevo orden, la posguerra fría no supuso el abandono de formas violentas para la expresión de descontento político, de discriminación y xenofobia, de posturas extremistas, fundamentalistas o sectarias.
No debe sorprender entonces que persistan o incluso eclosionen grupos "antisistema" infundiendo terror, jaqueando decisiones trascendentales y hasta pretendiendo replantear las democracias. Se ha transfigurado la violencia: atentados en EE.UU., Francia, Gran Bretaña, Israel, Arabia Saudita, gases tóxicos en Japón, "limpieza étnica" en la ex-Yugoslavia, neonazismo en Europa, ...atentados en la Argentina.
Desde adentro o desde afuera, las sociedades hoy perciben miedo y se moviliza la imaginación colectiva a nivel global. Son los gobiernos quienes deben contribuir a paliar la sensación de inseguridad y desamparo de la sociedad. Hablamos de aspectos "sustanciales" de la democracia, de cuestiones de Estado.
Ante este contexto no es desdeñable el papel contributivo de las áreas de inteligencia de los gobiernos.
En Alemania, el titular del BFV (Oficina de Protección de la Constitución, inteligencia interna), señalaba en 1993 que un problema pos-unificación fue la reeducación de los profesionales de inteligencia para analizar y actuar sobre el extremismo de derecha.
En los EE.UU., a raíz del impactante atentado a las Torres Gemelas (Nueva York, 1993) el Congreso aumentó un 10% el presupuesto del FBI y luego de la bomba en Oklahoma de Abril de 1995, dictó una ley ampliando sus facultades de investigación. Las prudentes declaraciones del Presidente Clinton luego del segundo atentado y del "sabotaje" en Arizona, ambos de índole local, son destacables.
A partir de 1995 se plantea nuevamente la discusión sobre el futuro de la inteligencia. Se conformaron varios grupos de trabajo, tanto gubernamentales como académicos. En particular se menciona los siguientes informes:
1. Commission on the Roles and Capabilities of the United States Intelligence Community, Preparing for the 21st Century: An Appraisal of U.S. Intelligence, de marzo de 1996.
2. U.S. House of Representatives, Permanent Select Committee on Intelligence, IC21: Intelligence Community in the 21st Century -- staff study, abril de 1996.
3. Council on Foreign Relations, Making Intelligence Smarter: The Future of U.S. Intelligence -- Report of an Independent Task Force, 1996)
En el Japón, los ataques con gases tóxicos promovieron un replanteo de la seguridad: funcionarios han comenzado a estudiar mecanismos de respuesta de crisis y usos de la inteligencia en los EE.UU, Francia, Alemania y Gran Bretaña.
Francia, en un primer momento se vio obnubilada ante la ola de atentados; hasta recurrió al apoyo militar a la seguridad interior. Al poco tiempo fue logrando éxitos tácticos sobreponiéndose a la inicial sensación de parálisis.
En Gran Bretaña existe reciente legislación abarcativa de la comunidad de inteligencia. La Intelligence Services Act de 1994 contiene secciones dedicadas al Secret Intelligence Service a su titular, al GCHQ (Government Communications Headquarters) y su director, autorizaciones para determinadas acciones, a las emisión de órdenes en general y en especial las ligadas al Security Service, sus procedimientos y duración, a las autorizaciones para acciones fuera de las islas Británicas, al Comisionado y la investigación de quejas, al Intelligence and Security Committee órgano político dedicado al control de los tres servicios citados antes. Cabe mencionar la Security Service Act de 1989, una ley que por primera vez coloca al MI5, el Security Service, bajo un contexto normativo.
Entre los gobiernos se está asumiendo al terrorismo como un problema de la interdependencia, que sobrepasa fronteras y requiere cooperación transnacional. Se necesitan técnicas informatizadas para obtener datos que permitan, por ejemplo, "valorar la actitud de un país hacia el terrorismo" y detectar "asociaciones decisivas que de otra manera pasarían inadvertidas"3. Aún aceptando el alto grado de imprevisibilidad de estos actos terroristas, los apresuramientos pueden oscurecer el accionar judicial.
Pensar en el futuro, desde el presente, sería prever, comenzando desde una ley -de hecho en muchos países se han aprobado nuevas leyes ordenando estas áreas antes sólo gobernadas por lo secreto-, una suficientemente remozada capacidad de inteligencia, así como mejoras en las herramientas de investigación judicial. El desafío político es disminuir la sensación de inseguridad ciudadana en un mundo en incierta turbulencia, sin que por ello el país vea afectada su condición de Estado de Derecho.
4.- LA VARIABLE PRESUPUESTARIA
El presupuesto de inteligencia debería ser una herramienta fundamental para la administración de las actividades de inteligencia. Es la base para determinar las actividades a ampliar o reducir y va pautando la capacidad hacia el futuro.
Para que el presupuesto se transforme en lo primero se requiere que el proceso para su definición deje de lado la aprobación automática de una cifra girada sin explicaciones por el Poder Ejecutivo.
Durante la actual administración justicialista se observa que, no sólo se ha incrementado significativamente el presupuesto secreto -entre 1989 y 1995 la diferencia supera el 400 %-, sino que también hay llamativas diferencias entre lo presupuestado y lo ejecutado que, según los años fiscales y la jurisdicción, llegan a sobrepasar holgadamente el 30 % de aumento 4.
Para el caso de la SIDE, por ejemplo, el incremento sobre el crédito autorizado por la ley de presupuesto de 1992 alcanzó el 79 %. En lo que respecta al ejercicio fiscal 1995, se ha observado un aumento del 35 % por sobre los 191,813 millones de pesos autorizados por el Parlamento.
Diferencia entre Crédito y Ejecución de los Gastos Reservados de la
Secretaría de Inteligencia de Estado (En dólares corrientes y porcentajes):
|
Año |
Crédito |
Pagado |
Diferencia |
Diferencia |
|
% |
||||
|
1.989 |
35,687,542 |
39,621,187 |
3,933,645 |
11 |
|
1,990 |
55,560,147 |
74,570,211 |
19,010,064 |
34 |
|
1,991 |
141,426,400 |
190,882,382 |
49,455,982 |
35 |
|
1,992 |
115,831,000 |
207,726,531 |
91,895,531 |
79 |
|
1,993 |
159,922,000 |
236,658,401 |
76,736,401 |
48 |
|
1,994 |
191,800,000 |
269,609,998 |
77,809,998 |
41 |
|
1,995 |
191,813,000 |
|
|
|
|
1,996 |
188,991,799 |
|
|
|
Fuente: Cuentas de Inversión. Elaboración propia
Evolución y diferencia entre los gastos presupuestados y
ejecutados por la SIDE 1989-1995
(En millones de dólares)
El cuadro y el gráfico precedentes, publicados previamente en un trabajo titulado "Los Gastos Reservados en el Gobierno Nacional" que data de marzo de 1996, describen la evolución temporal tanto en términos absolutos como en porcentajes.
Aceptando que la información y las evaluaciones son esenciales para el desenvolvimiento cotidiano del gobierno, la decisión básica radica en definir los alcances de las capacidades y estructuras en materia de inteligencia. Son dos los caminos aptos para ello:
La definición estricta y el establecimiento de reglas de juego para su efectivo control, todo ello confirmado normativamente, es el paso inicial para aquello que podría titularse una reingeniería de los gastos reservados. En tal sentido habrá que tener en cuenta ciertos criterios tales como: la validez de la función (funcional); el presupuestario (techos y distribución); el estructural (dotación de personal. infraestructura, etc.): y la eficiencia / eficacia de las actividades.
Desde 1990, la UCR y el PJ han presentado diversas propuestas legislativas de reforma del área de inteligencia que incorporaban aspectos presupuestarios. Asimismo se destacan dos proyectos que específicamente abordan la cuestión:
Aunque no referida al gasto, cabe mencionar una propuesta de FIEL 5 que trasluce un concepto de inteligencia restringido a la esfera de la seguridad interior y que deja fuera a la inteligencia estratégica. Según la propuesta, la SIDE quedaría reducida a una Dirección Nacional de Inteligencia de Estado dentro de la cartera de Interior, con un total de 500 agentes. Si se aplicara ello, el Estado/gobierno quedaría casi ciego ante un mundo globalizado e incierto. Y además, por tratarse de una estructura exclusivamente"introdirigida", se retornaría a épocas en que el centro de interés era la política interna
El tema del gasto en inteligencia no es atributo sólo de nuestro país. En los Estados Unidos la cuestión se encuentra permanentemente en la agenda de debate de la opinión pública. Durante la Presidencia de Ronald Reagan, el presupuesto de defensa creció un 40 % en términos reales entre 1980 y 1986, mientras que el gasto en inteligencia subió un 125 % y, éste, según el informe producido por la Comisión Aspin-Brown, actualmente se mantiene un 80 % por sobre el nivel del año 80 6. Estas y otras circunstancias llevaron a que los cambios en la forma de tratar los presupuestos secretos sean temas de profundo estudio en los EE.UU.
Por ejemplo, en junio de 1995 se creó un grupo de revisión de los programas de inteligencia (Intelligence Program Review Group-IPRG) para estudiar la cuestión de los recursos, la programación y las prioridades con relación a los programas NFIP, JMIP, and TIARA. Copresidido por el subsecretario de Defensa para seguridad e inteligencia y el director ejecutivo para asuntos de la Comunidad de Inteligencia, esta iniciativa se enmarca en el National Performance Review, comisión timoneada por el Vicepresidente Al Gore.
En el terreno legislativo, un estudio realizado por la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes (cuyo documento fundamental se llama IC21-Comunidad de Inteligencia para el Siglo 21 y data de mayo de este año), recomienda que el Staff de la Comunidad de Inteligencia, debería compilar el presupuesto, tener capacidad para realizar análisis de programas y evaluaciones, capacidad de contralor y autoridad para retener fondos. Y, en coordinación con el responsable de inteligencia militar, debería proponer el presupuesto completo de la Comunidad de Inteligencia.7
En definitiva, para preservar y reorientar las funciones en el área de inteligencia hay que crear nuevas estructuras y promover, como se dijo, una definición estricta y el establecimiento de reglas de juego para el efectivo control de los gastos reservados, en donde el papel del Parlamento deberá ser significativo. Y para iniciar una reingeniería de los gastos reservados, también habrá que transponer los reduccionismos de "evitar duplicaciones", "racionalizar estructuras" o "reducir el gasto público", válidos conceptos tan en boga pero sin más contenido propositivo.
5.- DIEZ MEDIDAS PARA LA RECONVERSION
El replanteo en el área de inteligencia supone mejorar las capacidades del sistema, en particular: la coordinación en inteligencia estratégica, la calidad de los análisis, el control de las actividades de búsqueda de información y de contrainteligencia, la racionalidad en el uso del presupuesto, la optimización de la formación y capacitación del personal.
A ello contribuirá que por ley se establezca el control ministerial diferenciado de las funciones de inteligencia exterior, interior y para la defensa, instituyendo un organismo en cada caso, de modo de delimitar los ámbitos de actuación, reservando para el Presidente de la Nación la dirección, responsabilidad y coordinación de la política de inteligencia y el control de su efectiva aplicación.
En este sentido, todavía está pendiente una ley de inteligencia que, basada en el consenso, plasme estas reformas-contempladas taxativamente en la Plataforma Electoral UCR 1995 y expuestas en diversos proyectos de ley presentados por legisladores radicales- y reencauze el área de inteligencia desde las seguridades de una normativa actualizada a los tiempos democráticos y de posguerra fría.
En efecto cabe recordar el frustrado debate legislativo reciente que girara en torno a un proyecto originalmente presentado por el Senador E. Vaca (PJ), reproducido en 1993. Durante ese año dicho proyecto fue puesto informalmente a consideración del PEN y como producto de ello, surgió una segunda versión; ésta fue considerada por las diversas comisiones del Senado con jurisdicción en el tema logrando su despacho favorable. En negociaciones previas con la oposición (UCR), el despacho de comisión sufrió diversas modificaciones, aunque debido a que no se correspondían con la propuestas mínimas del radicalismo, dicha bancada votó por la negativa en la votación en particular en agosto de 1994. El proyecto logró media sanción (expte. CD 83-94, en Trámite Parlamentario 90, 7 Sept. 94).
Haciéndose eco de las discrepancias expresadas por el Bloque de Senadores Radicales en el momento de sancionar en el Senado el proyecto, dos iniciativas radicales fueron presentadas en la Cámara de Diputados planteando modificaciones sustanciales al proyecto proveniente del Senado:
Ambos proyectos, publicados en el Trámite Parlamentario Nº 111 del 6 de Octubre de 1994, tomaban en cuenta los antecedentes de otras iniciativas de ley de legisladores radicales, encabezados por el Diputado (m..c.) V. Bisciotti (exptes. 983-D-90 y 4865-D-92). Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, las disidencias entre oficialismo y oposición, que no pudieron superarse, llevaron a que no se lograra consenso en un texto superador del proyecto con media sanción del Senado en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, y el 10 de
diciembre de 1995 pasara a archivo.
En otro orden, correspondería destinar esfuerzos en la materia a coadyuvar a la competitividad del país y a disminuir la inseguridad, así como para conocer más en profundidad las realidades políticas y económicas internacionales y para afrontar las causas y consecuencias del terrorismo internacional y del tráfico ilícito de drogas. Así, las actividades del área redundarían en beneficios ciertos para el Estado y la sociedad dejando de lado los fantasmas de la "politización", la "mano de obra desocupada" y las "vigilancias ideológicas" o "culturales".
La inteligencia es algo más que una actividad destinada a recolectar evidencias. Su calidad no sólo radica en leer información abierta (pública) e interpretarla sin más. Su dimensión estratégica consiste, como sostienen los chinos, en escrutar los signos ténues del presente a fin de ver a largo plazo. Sin embargo, sería inconveniente desconocer las ambiguedades presentes en los resultados de su actividad.
A partir de la simultaneidad de diagnóstico y acción, la inteligencia puede insuflar productos que incentiven su propia planificación. Y puede detectar en quién confiar en una situación internacional o región dada. Ello debería ser parte de la doctrina futura.
Es así que la contextualización no debiera ser entendida sólo como un atributo de quienes poseen la especialidad de inteligencia. También vale reconocer el potencial de expertos en diversas temáticas específicas cuyos aportes enriquecerían los análisis. La labor de apertura hacia el mundo académico iniciada por la ENI (Escuela Nacional de Inteligencia) -que remeda a las políticas de transparencia encaradas por otras democracias- es loable, aunque todavía embrionaria.
No es menor preguntar qué motiva el desarrollo de programas de contrainteligencia; no lo es luego de los dos atentados. En las actuales circunstancias es vital el análisis de contrainteligencia y una adecuada orientación y coordinación dichas las acciones, evitando distorsiones en la percepción de amenazas.
El control legislativo de los gastos reservados por función, actividad o programa, y no sólo por jurisdicción, sería, como se expresara anteriormente, un paso de alta significación para impulsar la proyección de prioridades y reformulaciones en orden al contexto.
Así, la sumatoria de hechos, contexto y proyección, ejercitándose bajo nuevas condiciones legales y estructurales, redundará en la calidad final de los productos sustantivos de la inteligencia.
Desde esta perspectiva, una política de inteligencia -entendida como selección de objetivos, medios, recursos, fijación de estructuras y mecanismos de control- podría sustentarse en estas medidas esenciales, que desde luego se no agotan en esta enumeración:
En este cuadro resulta crucial la concreción de un control parlamentario amplio y con protagonismo real, que asegure que la actividad de inteligencia se desenvuelva en el marco del Estado de Derecho, que sea garantía para evitar abusos o escándalos, y que a la vez revitalice un área del Estado que merece una mayor atención y supervisión desde una permanente adhesión a los principios democráticos.
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CITAS:
1) Eduardo E. Estévez, "Imperativo para Subsistir", La Nación , 7 de Agosto de 1994.
2) "La Inteligencia Estratégica en la Reformulación del Estado", Seminario de Estudio, en Revista de la ENI, vol 3 No. 1, Bs. As. 1994, p. 145.
3) Alvin y Heidi Toffler, "Las Guerras del Futuro", Plaza y Janés, Bs. As., 1994, p. 222.
4) Más detalles pueden encontrarse en: Miguel Pesce & Eduardo Estévez, "Los Gastos Reservados en el Gobierno Nacional", CECE, serie estudios Nº 11, Bs. As., marzo de 1996.
5) "Propuesta para la Reestructuración de la Administración Pública", FIEL-CEA, Bs. As., noviembre de 1995.
6) James Kitfield, "New Missions For America's Secret Army", National Journal, May 20, 1996.
7) Estos conceptos corresponden al titular de la Comisión de Inteligencia, representante Larry Combest, 4 de marzo de 1996.
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